Un diferendo mal manejado

Sin ser un experto en asuntos internacionales, pero al igual que muchos nicaragüenses que lamentamos el fallo desfavorable para Nicaragua, de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en relación a la posesión territorial de la Isla Portillos en la región del río San Juan, deseo expresar con claridad mi opinión sobre el proceso del juicio.

Ley Electoral, Nicaragua, Daniel Ortega

Sin ser un experto en asuntos internacionales, pero al igual que muchos nicaragüenses que lamentamos el fallo desfavorable para Nicaragua, de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en relación a la posesión territorial de la Isla Portillos en la región del río San Juan, deseo expresar con claridad mi opinión sobre el proceso del juicio.

El diferendo de Nicaragua con Costa Rica fue manejado por el gobierno del Frente Sandinista de Daniel Ortega, irresponsable y sectariamente. Irresponsable, abriendo caños e invadiendo con tropas del Ejército una zona en conflicto que obviamente fue un elemento que utilizó Costa Rica en contra nuestra; y sectariamente, por el procedimiento empleado en la asesoría que se debió brindar al equipo de juristas contratados por el país acreditados en La Haya.

Manipuló ridículamente el gobierno orteguista la situación, al querer promover un sentimiento pseudonacionalista enviando al territorio en conflicto a miembros de la Juventud Sandinista, como si el problema fuera del Frente Sandinista y no de Nicaragua.

Mientras el Gobierno de Costa Rica en temas de interés nacional como el presente caso, no duda en invitar para asesorarse de la mejor manera posible a expertos en el tema, independiente de cualquier signo ideológico o participación partidaria de estas personalidades; el Gobierno de Nicaragua, a excepción del doctor Carlos Argüello Gómez, ignoró a personas capaces que no fueron necesariamente cancilleres, pero sí conocen bien el tema, que han manejado y saben bien la problemática histórica del río San Juan con Costa Rica, que presumo deben tener una apreciable información de antecedentes, que habrían sido aportes valiosos en el diseño estratégico de nuestra posición en la Corte, que no son sandinistas y que podrían haber evitado cometer errores de procedimiento.

Es increíble que Nicaragua como país no tenga establecido no solamente en este caso en particular, sino, en general, políticas públicas nacionales. En cambio Costa Rica sí las tiene, y prueba de ello es que el responsable y coordinador del equipo tico en La Haya fue el doctor Edgar Ugalde, exviceministro de Relaciones Exteriores, exembajador de Costa Rica en Nicaragua y miembro del Partido Liberación Nacional, y no del Partido de Acción Ciudadana del presidente Luis Guillermo Solís.

Es importante considerar que en la sentencia de manera categórica se dice que Nicaragua tiene todo el derecho soberano de dragar el río, lo cual se debe realizar a lo inmediato, contratando a una firma internacional experta en la materia, y lograr hasta su desembocadura en el Océano Pacífico un caudal suficiente y necesario, para que el río sea navegable desde San Carlos hasta el mar Caribe, y no estar jugando operativamente con un dragado arcaico que parece interminable.

Históricamente Costa Rica ha estado enamorada y lo sigue estando del río San Juan y del Lago de Nicaragua, lo cual se remonta a la época de la guerra nacional de 1856, cuando Nicaragua le encargó a Costa Rica la defensa del río San Juan, haciéndose responsable de la misma el general José María Cañas, de quien dijo Walker era el mejor general de los Ejércitos centroamericanos. El general Cañas en sus patrullajes ingresaba hasta el lago, y debió haber quedado embelesado con estos recursos naturales, e informado a su cuñado presidente de Costa Rica en esa época, don Juan Rafael Mora.

Llama la atención de lo anteriormente expresado, que dos años después en 1858, firma Nicaragua el ominoso tratado Jerez Cañas, entregando Jerez y Tomás Martínez, presidente de Nicaragua, parte de nuestra soberanía.

Los gobiernos costarricenses históricamente nunca han estado conformes con las concesiones del tratado, sus aspiraciones van más allá de tener una libre navegación, y no debe de extrañarnos que en algún momento quieran que se declare que el río San Juan es de soberanía binacional.

La carretera paralela al río les quita a los costarricenses argumentos, pues ya no tendrán que navegarlo con objetos de comercio, y su navegación armada ya no es necesaria para el avituallamiento a sus puestos de guardias rurales.

Los tiempos han cambiado, y Nicaragua debería denunciar el Tratado Jerez Cañas, desconociendo su contenido para ejercer una soberanía plena sobre el río San Juan.

El autor es médico.

×

Apoye el periodismo independiente. Lo invitamos a compartir este contenido.

Comparte nuestro enlace: