El día en que Nicaragua definía su futuro en las urnas, Brenda Lisseth Real Macías quiso dejar su natal Chinandega para aventurarse hacia una mejor vida en Costa Rica.
Recuerda que aquel 5 de noviembre de 2006 madrugó para depositar su voto por quien hoy gobierna con mano dura el país, y luego, emprendió el viaje a San José, donde aprendió de la vida equivocada.
Aquí se empleó como servidora doméstica. No obstante, un día sus patrones la despidieron sin sus remuneraciones laborales. Desempleada conoció al hombre quien le enseñó los secretos de las “descuidaderas”, es decir, las artimañas usadas por mujeres que roban en tiendas, almacenes y supermercados aprovechando el descuido de los trabajadores de esos locales comerciales.
Así recorrió todo el país robando con amigos en diversos negocios. Hubo días que por robar leche, desodorantes o perfumes, que luego revendía, se ganaba unos 35,000 colones (más de 60 dólares). Hasta que cayó en manos de la justicia en San Carlos, zona norte, en el año 2009.
Ese año el Tribunal del II Circuito Judicial de San Carlos la condenó a 55 años de cárcel por cinco delitos de robo agravado, cinco privaciones de libertad y cinco ilícitos de coacción; pena que, según la legislación nacional, quedó rebajada a 24 años de cárcel.
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“La vida del extranjero en este país es muy dura. Mi familia en Nicaragua es muy pobre y yo tenía que mandar la quincena a mi hijo de allá, entonces tenía que rebuscármela”, reconoce esta mujer de voz grave.
“Yo robaba, no le digo que no. Es cierto que hice un daño a este país y tengo que pagar por mis delitos; pero esos delitos no dan para una condena de 55 años, porque yo no he matado a nadie ni he sido jefe de una banda de paseos millonarios, como la justicia dice”, habla esta mujer con cierta ironía.
Aparte de los robos en comercios ella fue condenada por cinco privaciones de libertad y cinco ilícitos de coacción, al vincularla con una banda responsable de una ola de paseos millonarios de San Carlos entre los años 2008 y 2009, delitos que insiste no haber cometido.
Durante el juicio cinco personas la reconocieron como muy violenta y que, al parecer, habría insinuado en varias ocasiones acabar con la vida de los retenidos. Ella y su pareja, Boanerges Agustín Jarquín Reyes, también nicaragüense sentenciado a 11 años de prisión en el mismo juicio; invitaban a sus víctimas —que generalmente esperaban el autobús en una parada— a montarse al carro en que viajaban.
Luego, cuando el auto se encontraba en marcha, los sujetos, junto con otros individuos no identificados, sujetaban a las víctimas del cuello y les tapaban los ojos. Con las manos amarradas y bajo amenaza con puñal en mano, los despojaban de sus pertenencias.
Brenda niega toda responsabilidad que no sea la de asaltar comercios. Esta mujer de 36 años es una de las 78 nicaragüenses recluidas en la cárcel de mujeres El Buen Pastor, en Desamparados, al sur de San José. Está próxima a salir de prisión por su pena rebajada y obteniendo beneficios por su buen comportamiento. Solo cumplirá siete años calendario con ocho meses de cárcel, de los cuales le quedan siete meses.
CONDENADA POR TRATA
La chinandegana comparte espacio en esta cárcel con Blanca Nubia Castro Rivera, de 35 años, detenida en 2013 y luego condenada a 27 años de cárcel por trata y tráfico de personas con fines de explotación sexual.
En marzo de ese año las autoridades costarricenses rescataron a siete menores —cuatro originarias de Nicaragua— en un bar de Puerto Viejo de Sarapiquí, a unos ochenta kilómetros al norte de San José y fronterizo con Nicaragua. Ahí, según las autoridades, eran obligadas a prostituirse por Castro Rivera y Carmen Sandoval, también nicaragüense, según las autoridades. Cuando la Policía allanó el bar, una de las menores estaba en un cuarto con un cliente.
Una de las jovencitas, de 15 años, relató que fue traída desde Nicaragua con la promesa de trabajar como niñera, pero fue obligada por las dos mujeres a prostituirse a cambio de unos 10,000 colones (unos US$20) y la obligaban a consumir drogas.
Además de las menores los agentes rescataron a una nicaragüense de 28 años, quien también fue llevada a Costa Rica por medio de engaños.
Castro Rivera, de 35 años, niega la mayoría de los cargos. Sí reconoce que era dueña de un bar donde tenía cuartos de alquiler para mujeres que se acostaban con los clientes, pero a su juicio, lo hacía como una actividad normal que se repite en toda Costa Rica.
ENCARCELADAS CON “LIBERTAD”
Estas dos mujeres conviven en un pabellón preferencial de este centro penal, donde las mujeres tienen ciertas libertades, excepto la de salir del complejo. Conviven con muchas privadas más en un espacio donde tienen literas, baños y artículos de limpieza personal.
Deambulan por los edificios y sus espacios abiertos sin esposas en sus muñecas. “Aquí nos tratan muy bien. Cuando ingresé tenía siete meses de embarazo. Tuve a mi hijo en la cárcel de mujeres y me ayudaron a criarlo hasta los 3 años, me daban la leche y los pañales”, recuerda Real Macías.
Ella trabaja durante la semana en una fábrica de carpetas de cartón que una empresa nacional instaló dentro de la cárcel. Gana 50,000 colones a la quincena (un poco menos de 100 dólares) y la mayoría del dinero lo envía a su mamá a Nicaragua, quien le cuida a sus dos hijos.
Castro Rivera, por su parte, termina de estudiar primaria, dado que en Nicaragua, en La Libertad, Chontales, solo cursó el segundo grado. También trabaja acarreando alimentos a la cárcel, pero solo gana 7,500 colones al mes (menos de 15 dólares). El dinero no le alcanza en la lucha legal que tiene para rebajar su condena.
DEMANDAN ASISTENCIA LEGAL
De ahí que ambas demandan más atención del Consulado de Nicaragua, entidad que por medio del departamento legal solo les asiste con documentación para identificarse, procesos de repatriación para terminar de cumplir condena en su país natal y visitas recreativas en días festivos.
“A mí en el juicio me propusieron acogerme a un proceso abreviado para rebajar la pena, pero yo no quise porque creí poder demostrar mi inocencia, porque no había pruebas. Realmente si hubiera tenido una asesoría del Consulado me hubiera ayudado”, dice Castro Rivera.
“Porque como le digo, nosotros las extranjeras en este país no valemos nada. En el penal nos tratan bien, pero con la justicia desde que saben que uno es extranjera ya saben que vamos a ser condenadas porque la investigación no puede quedar en blanco”, se queja con acento tico esta morena mujer.
RECLAMAN ABANDONO DE CONSULADO
El principal problema que las detenidas nicaragüenses enfrentan es encontrar el dinero suficiente para contratar a un buen abogado que les ayude a presentar una revisión de sus sentencias ante la Corte Suprema de Justicia.
LA PRENSA intentó hablar con funcionarios del Consulado General de Nicaragua, en San José, pero no fue posible.
Hermes González, presidente de la Fundación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos en Costa Rica, reconoce las limitaciones que la población penal nicaragüense enfrenta en juicios judiciales, así como gestionar revisiones de sus casos una vez en la cárcel.
Explica que el Consulado les envía casos a los que dan asesoría gratuita, pero si quieren revisión cobran, algo que pocos nicaragüenses pueden pagar porque no tienen familia que les apoye económicamente.
“A Daniel le digo que yo voté por él y ahora nos tiene abandonadas. Los del Consulado no se aparecen últimamente. Un día nos vinieron a engañar con un carnet, un vigorón y un fresco de semilla de jícaro. Hace años nos dieron una bolsa de jabón y un champú, eso es una ofensa para nosotros”, reclamó Real Macías. Este año, según el Ministerio de Justicia y Paz, funcionarios del Consulado nicaragüense visitaron en dos ocasiones a las privadas nicaragüenses del Buen Pastor.
