Los llamados miércoles de protesta se han convertido en la principal acción en demanda de un proceso electoral transparente en Nicaragua, y como tal, no han escapado a la represión de la autoridad y otros artilugios del régimen para desalentarlos, como infiltrar grupos violentos o el uso de fuerzas de choque encapuchados. Sin embargo, el uso del derecho a la documentación ciudadana puede convertirse en una herramienta útil contra la impunidad ante las agresiones, la omisión del deber policial y la manipulación del poder punitivo del Estado.
La documentación ciudadana es el derecho de las personas a documentar o registrar mediante fotografías, grabaciones de voz o videograbaciones la actuación de la autoridad en el ejercicio de sus funciones. Su naturaleza jurídica tiene una dimensión triple: la libertad de expresión (buscar, recibir y difundir información); el principio de legalidad para las personas (nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe); y el principio de legalidad para las autoridades (ningún funcionario tiene más autoridad que la contenida en la Constitución y en las leyes).
Es importante precisar que este derecho permite auditar el actuar de la autoridad, que su ejercicio no configura delito o falta administrativa y que su restricción atenta contra la libertad de expresión. De hecho, las personas no están obligadas a informar a las autoridades que las graban, en el entendido que la interacción se presente en el contexto del ejercicio de sus funciones, teniendo como premisa principal que los actos de autoridad son públicos.
Evidentemente hay circunstancias en las que simplemente no es posible: por razones de seguridad (ingreso a un centro penal); por restricciones legítimas para protección a terceros (juicios por delitos sexuales o para proteger el interés superior del menor); o por acarrear consecuencias jurídicas (develación de información sensible sobre terceros).
¿Cómo puede ser de utilidad este derecho en las protestas? Es legítimo presumir en redes sociales la participación propia o de algunas organizaciones en estas protestas, pero puede ser más útil al documentar las agresiones de las fuerzas de choque a los manifestantes y periodistas, la omisión de los policías ante la agresión, la pasividad del o los mandos policiales a cargo y permite identificar a los llamados halcones.
Los halcones son funcionarios en cubierta, cuyo objeto es mezclarse entre los manifestantes y grabar a los participantes de las mismas con el propósito de identificarlos para eventualmente detenerlos o darles “seguimiento”. Esto es cuando pasan desapercibido, pero en otras oportunidades son evidentes o se hacen notar con el propósito de intimidar y desalentar la participación en estas protestas.
Esta es una práctica ilegal al configurar una labor de espionaje contra la población y vulnerar derechos humanos como la libertad de manifestación, privacidad y propician la detención arbitraria. Esto no implica que las autoridades puedan hacer uso de medios legítimos como la observación e incluso grabación de la manifestación desde puntos panorámicos que facilitan la intervención rápida y efectiva ante agresiones a manifestantes e incluso daños o disturbios que puedan causar los manifestantes, estos puntos de observación son legítimos si se usan para prevenir el delito y si son plenamente identificables como pertenecientes a la autoridad de orden público.
El 2016 es año electoral y estos se caracterizan por la violación al derecho de manifestación, por ello, la documentación ciudadana se convierte en una herramienta útil para demandar que la Policía Nacional asuma su rol como garante del orden público denunciando y exigiendo responsabilidad por su actuación omisa, en igual sentido, la documentación ciudadana puede evitar la manipulación del poder punitivo que en estos casos ha hecho el régimen.
El autor es maestro en Derechos Humanos.