Amenazas al ambiente

Amaru Ruiz, presidente ejecutivo de Fundación del Río, organización ambientalista que enfoca su trabajo en la reserva de biosfera del sureste de Nicaragua, dice que el país necesita “un modelo de desarrollo sostenible basado en una planificación territorial y aprovechando las potencialidades de cada región”.

deforestación

La deforestación por el tráfico de madera y el avance de la frontera agrícola son las principales amenazas que enfrentan las áreas protegidas de Nicaragua.

El deterioro de las áreas protegidas, la deforestación, la falta de planes de manejo de cuencas, la ejecución de acciones de adaptación al cambio climático y los megaproyectos, como el Gran Canal, son los principales problemas ambientales que seguirán pendientes en 2016 para el país, según ambientalistas.

Para Amaru Ruiz, presidente ejecutivo de Fundación del Río, organización ambientalista que enfoca su trabajo en la reserva de biosfera del sureste de Nicaragua, es necesario “un modelo de desarrollo sostenible basado en una planificación territorial y aprovechando las potencialidades de cada región”.

Rosario Sáenz, directora ejecutiva de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Sostenible (Fundenic-SOS), aseguró que en 2016 “seguimos con el reto de que cambie el Gobierno su actitud con respecto a los recursos naturales en el país. No hay ninguna política de respeto ni responsabilidad sobre los daños que se le causan a las reservas, por ejemplo”.

Para Sáenz, las reservas biológicas como Bosawas e Indio Maíz, las zonas de pinares de Nueva Segovia y de recarga hídrica en todo el país, son los principales ecosistemas amenazados.

En cuanto a legislación ambiental existente en el país, tanto Ruiz como Sáenz coincidieron en que es integral y que el problema más bien es la aplicación de la legislación.

“Las instituciones no funcionan, no se encargan de velar por el ambiente. No trabajan en proteger y velar por eso, en castigar a los que están violando las leyes. No hay que pedir más leyes, tenemos de todo, el problema es que no tenemos ni instituciones ni funcionarios que quieran hacer cumplirlas”, afirmó Sáenz.

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