Si por retórica fuera, la cohabitación política en paz en la Venezuela de 2016 se antoja como imposible o al menos muy amenazada. Las últimas horas de 2015 confirmaron tal imagen con advertencias tales como “aquí el que se rinda un pepazo (disparo) en la cabeza y por detrás ¡pum!” y “Sr. @Nicolás Maduro ¿quiere crisis? Piénselo bien. No tiene ni la fuerza del pueblo ni la comunidad internacional ni los reales (dinero)” para ello.
Lo primero tuvo como protagonista a un músico identificado como Alberto, a quien el presidente venezolano Nicolás Maduro debió recordarle que estaba “en vivo” en el programa televisivo presidencial de fin de año por lo que, entre risas algo nerviosas, lo castigó con un “no seas loco”.
Lo segundo, advertencias en la red social Twitter del diputado opositor Freddy Guevara luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó suspender la proclamación de cuatro diputados electos en las legislativas del 6 de diciembre, tres opositores y un chavista.
En respuesta a una demanda legal presentada por un grupo de integrantes del PSUV, el máximo tribunal venezolano bloqueó la juramentación de la totalidad de los diputados electos en el Estado Amazonas, selvático y escasamente poblado: los opositores Julio Haron Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana, y el oficialista Miguel Tadeo Rodríguez.
Los comicios dejaron a la oposición con 112 diputados y con 55 al chavismo, lo que se reduce a 109 y 54 con el fallo judicial.
NUEVAS ELECCIONES
La alianza Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que aglutina a las fuerzas contrarias al gobierno del presidente Nicolás Maduro, acusó al Supremo de estar al servicio de este, por lo que se declaró en rebeldía frente a su decisión, aún en proceso de elaboración.
Están pendientes otras sentencias del TSJ sobre otros cuatro recursos de impugnación de resultados que el alto tribunal decidió admitir a trámite.
La MUD ha tildado de ridículas esas impugnaciones y confirmó que sus 112 parlamentarios asumirán sus respectivos escaños, como está previsto, junto con los 55 ganadores chavistas.
“El riesgo no es que la Sala Electoral anule las elecciones, pues en ese caso las elecciones se repiten. Y la nulidad puede que tarde un año. El riesgo es que pretenda impedir” que los diputados “ejerzan sus funciones” a partir del próximo martes, afirmó José Ignacio Hernández, académico de prestigiosas universidades venezolanas.
De ser aprobada la nulidad del proceso deberá convocarse nuevamente a elecciones en esos circuitos electorales, donde el ganador fue impugnado. En el ínterin esto podría privar al menos transitoriamente a la oposición de la mayoría de dos tercios que se adjudicó en las elecciones de diciembre.
El tiempo que podría tardarse el proceso de admisión de recurso de nulidad y el estudio de la acción históricamente ha dependido del tiempo que se tomen los magistrados de la Sala Electoral del máximo tribunal para abocarse al caso, puesto que no existen plazos establecidos en las leyes.
COMPROMISO OPOSITOR
La oposición no ha ocultado que hará “uso efectivo” de su mayoría de dos tercios, suficiente para remover jueces, ministros y funcionarios de los otros poderes del Estado y ello sin descartar al mismo Maduro.
Antes de que comience el segundo semestre de 2016, se definirá cómo sacar del poder a Maduro sin esperar el fin de su mandato en 2019, según confirmó esta semana el secretario general del histórico partido socialdemócrata Acción Democrática, Henry Ramos Allup.
El asunto forma parte, confirmó Ramos Allup, de “acuerdos suscritos y ratificados” por la alianza opositora MUD que “se mantienen vigentes e incólumes y vamos a honrarlos”.
Se trata, precisó, de “procurar dentro del lapso de seis meses subsiguientes a la toma de posesión de la nueva AN (Asamblea Nacional, parlamento) una solución constitucional, democrática, pacífica y electoral para el cambio del gobierno”.
SIN ESCISIONES
Ramos Allup aspira a presidir la AN desde el próximo martes, cuando tomen posesión los diputados elegidos en diciembre.
El dirigente opositor descartó que haya alguien en el seno de la MUD que no apoye adelantar el fin del gobierno de Maduro.
Confirmó así lo dicho por el dirigente opositor Leopoldo López, encarcelado desde hace 23 meses en una prisión militar próxima a Caracas, donde cumple una condena de 14 años de cárcel.
“¿Cómo le decimos a los venezolanos (…) que debemos esperar hasta el año 2019 para cambiar este sistema?”, se preguntó López, quien reveló que ya hace seis meses se acordó discutir sobre el mecanismo que se debe activar para lograr el cambio político.
“El primer paso que debemos dar es consolidar el compromiso del liderazgo opositor en cuanto a que Maduro debe salir antes de 2019 y que para lograrlo existen mecanismos constitucionales que podrán ser aplicados de acuerdo con las circunstancias”, sostuvo.
CUATRO OPCIONES
Las opciones son: referendo revocatorio del mandato presidencial —puede activarse cuando Maduro cumpla en julio la mitad de su gestión—, enmienda constitucional, renuncia voluntaria del gobernante o el establecimiento de una Asamblea Constituyente.
Alejado de ellos, el dos veces candidato presidencial opositor Henrique Capriles, ha pedido cautela y ha advertido de que “se requiere mucha madurez política para afrontar lo que nos viene”.
Venezuela “pende de un delgado hilo que si se sigue tensando se va a romper”, ha alertado Capriles, quien el último día de 2015 pidió que en este 2016 prevalezca “el encuentro, el diálogo” y “no el odio, la confrontación (ni el) revanchismo”.
Por su parte, Maduro repitió su postura favorable al diálogo, pero “con el pueblo”, y al filo de la medianoche sancionó la Ley de Consejos Presidenciales Populares, ente superior al Consejo de ministros.
REBELIÓN CONSTITUCIONAL
Adicionalmente, el presidente dijo que reforzará el Parlamento Comunal, surgido como contrapeso a su derrota en las urnas y que tiene previsto reunirse el 4 de enero, la víspera de la llegada a la Asamblea Nacional de la primera mayoría parlamentaria opositora desde el inicio de la llamada Revolución Bolivariana, en 1999.
“La epopeya bolivariana que vivirá nuestra patria en 2016” será gracias a la “rebelión constitucional del pueblo” contra lo que representan los ganadores de diciembre, agregó Maduro.
Los analistas advierten que un aumento de las tensiones llevaría a una crisis económica aún mayor que la de 2015, que cerró con una inflación de 200 por ciento, la más alta del mundo, según cálculos privados, una caída del PIB de entre 6 y 10 por ciento estiman el FMI y Cepal y una aguda escasez de productos básicos que provoca tediosas filas en los supermercados.
“En la medida en que el Gobierno impida totalmente el trabajo de la Asamblea, aumentará lamentablemente la probabilidad de conflicto y radicalización”, opinó Luis Vicente León, de la firma Datanálisis.