Las autoridades saudíes ejecutaron este sábado a 47 personas condenadas por terrorismo, entre ellas el clérigo chií opositor Nimr Baqir al Nimr, en una demostración de mano dura que encendió la ira de la comunidad chií en Oriente Medio.
Las reacciones a la ejecución del clérigo llegaron de grupos y dirigentes chiíes de países como Irán, Baréin, el Líbano o Irak. Además, en Reino Unido, la oposición laborista ha pedido al Gobierno que presione a Arabia Saudí para que respete los derechos humanos.
El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, gran potencia chií y rival de Arabia Saudí, Hosein Yaber Ansarí, denunció “la profunda imprudencia e irresponsabilidad” del régimen saudí, y auguró que este “pagará un precio alto” por esta acción.
El vicepresidente del Consejo Superior Chií, el jeque Abdul Amir Qabalan, calificó la ejecución de “grave error” y “acto peligroso” que “tendrá repercusiones en los próximos días (…) un llamamiento a la escisión y a avivar la división”.
Esas repercusiones se vivieron ya en Barein, donde la mayoría chií se lanzó a las calles y protagonizó enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
MAYOR EN DÉCADA
Esa ejecución en masa y simultánea, realizada en doce zonas del país mediante decapitaciones por sable y fusilamientos, es la mayor realizada en décadas en el reino saudí, donde desde la llegada al trono de Salman bin Abdelaziz, a principios de 2015, se ha disparado la aplicación de este tipo de castigos.
El año pasado se realizaron 150 ejecuciones en el país que sigue una estricta versión de la sharía o ley islámica, según organizaciones de Derechos Humanos, una cifra muy superior a las noventa de 2014.
La mayoría de los ejecutados ayer —45 saudíes, un egipcio y un chadiano— son extremistas suníes, algunos destacados miembros de Al Qaeda, pero entre ellos figuran también cuatro chiíes como Al Nimr.
Al Nimr fue detenido en julio de 2012 por apoyar disturbios y a grupos terroristas contra las autoridades saudíes en Al Qatif, en el este del país y de mayoría chií.
Su condena a la pena capital fue confirmada el pasado octubre por el Tribunal Supremo, que le culpó de desobedecer a las autoridades e instigar a la violencia sectaria, lo que ya levantó las críticas de la comunidad chií.