La Asociación de Maestros Independientes de Nicaragua está preocupada porque desde hace meses el Estado nicaragüense no les ha entregado el certificado de la personería jurídica, por lo que aseguran que agotará las vías administrativas, luego las judiciales y si no obtienen respuestas, realizarán plantones.
“Lo que quieren aquí en Nicaragua es que exista un solo sindicato central y que este sea blanco, que es el que controla Antonio Zepeda y Gustavo Porras, que solo agachan la cabeza, cuando antes ellos encabezaban las protestas por mejor salud y educación”, dijo el profesor Arsenio Vivas, un líder magisterial.
Dijo que el gobierno del inconstitucional presidente Daniel Ortega Saavedra, lo que pretende es descabezar todo sindicato crítico, porque están reteniendo las certificaciones en los diferentes departamentos del país, en donde están afiliados alrededor de unos ocho mil maestros de primaria y secundaria.
“Yo le hago un llamado a los maestros para que se alisten para el próximo año, porque habrá más represión y que no tengan miedo”, invitó Vivas.
Por su parte, Álvaro Leiva Sánchez, secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), manifestó que la dirección de asociaciones sindicales y gremiales del Ministerio del Trabajo (Mitrab) ha venido teniendo un comportamiento al margen de la Ley.
“Para nosotros no es nuevo este comportamiento, porque es una directriz dirigida por este Estado y está en función de violentar, como hasta hoy, esos derechos de asociación colectiva. Si aquí en Nicaragua los trabajadores que están agremiados no representan los intereses del partido de Gobierno, pues tristemente no se les afilia, ni se les acredita ese derecho constitucional y laboral, de que sean reconocidos”, consideró Leiva.
EDUCACIÓN, LA MÁS GOLPEADA
Álvaro Leiva Sánchez, secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), señaló que el sector educación ha sido uno de los más golpeados por el actual Gobierno, porque a las asociaciones independientes les han cercenado sus derechos sindicales, con el fin de que no puedan tener una incidencia a la hora de negociar los convenios colectivos, que es para garantizar el bienestar laboral de sus agremiados.
“Lastimosamente este comportamiento no sucede solo en el sector educación, sino también en las diferentes instituciones públicas del Estado. Todo esto ya los hemos denunciado de forma pública. El pasado mes de marzo sentamos al Estado ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), en donde expresamos las inquietudes que existen sobre las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua”, manifestó Leiva.
