El régimen orteguista celebró la entrada del año nuevo repitiendo sus acostumbradas acciones represivas, que practica en particular contra las personas más humildes y los periodistas independientes.
En el municipio de Santa María, departamento de Nueva Segovia, una fuerza policial impidió durante varios días la distribución solidaria de granos básicos a familias campesinas de la zona afectada por la sequía. Pero la fuerte protesta de los campesinos perjudicados por la acción represiva, obligó a la Policía a permitir la distribución de los alimentos que campesinos de la zona húmeda del país enviaron a sus hermanos de clase que sufren hambre debido a la sequía.
En la misma localidad de Santa María, el régimen orteguista cometió su primera violación de este año al derecho de los periodistas a informar y de los ciudadanos a ser informados. El hecho ocurrió el sábado 2 de enero, cuando los miembros de un equipo de LA PRENSA que se dirigían al lugar para cubrir la noticia de la distribución de los granos básicos a los campesinos, fueron detenidos agresivamente en un retén policial y amenazados por los integrantes de una patrulla de la Policía encabezada por un comisionado de nombre Nixon Morán.
Según informó y denunció la periodista de LA PRENSA, Elízabeth Romero, ella y el fotógrafo que la acompañaba, Jorge Torres, así como el conductor de la camioneta en la cual se movilizaban, fueron detenidos por los policías que con alarde de prepotencia querían impedir que llegaran hasta la comunidad de Santa María para cumplir su trabajo profesional. Sin embargo, ante la firme actitud personal y los alegatos profesionales de los miembros del equipo de LA PRENSA, los policías abusivos tuvieron que dejarlos pasar y llegar a su destino.
Los atropellos policiales a los ciudadanos y periodistas independientes y violaciones a la libertad de prensa son una rutina del régimen autoritario que se ha impuesto en Nicaragua. Inclusive, se han vuelto tan frecuentes que para algunas personas ya no significan noticias. Pero así como los agentes del régimen no se cansan de atropellar a las personas y violar los derechos constitucionales de los ciudadanos, nosotros tampoco nos cansamos de darlos a conocer. Las arbitrariedades del poder nunca deben ser consideradas como algo “normal” e inevitable y más bien siempre hay que denunciarlos.
Los abusos del régimen, como los ocurridos en los primeros días del nuevo año y todos los que han venido ocurriendo, de modo sistemático, desde que Daniel Ortega recuperó el poder presidencial hace nueve años, son violaciones a las garantías constitucionales de los nicaragüenses, atentados contra los derechos humanos universales y ultrajes a la dignidad de las personas. Y todos y cada uno de ellos deben ser denunciados y documentados, para denunciarlos ante los organismos jurídicos de la comunidad internacional y sobre todo para tenerlos como evidencias y pruebas irrefutables, cuando llegue el momento de hacer justicia y que los abusadores sean sentados en el banquillo de los acusados.
Tarde o temprano ese momento debe llegar. Algunas veces los criminales logran evadir el castigo personal, pero ningún régimen represivo se escapa de la condena de la historia y el que existe ahora no podrá ser la excepción.
