Dos hechos formales pero de gran significación democrática, realzaron el martes 5 de enero la instalación de la nueva Asamblea Nacional de Venezuela, en la que ahora la oposición es una mayoría determinante.
Uno de esos hechos fue el de que por primera vez desde que se estableció el régimen chavista, en 1999, los periodistas independientes pudieron entrar al recinto legislativo para informar libremente sobre las incidencias parlamentarias. Hasta entonces, únicamente los periodistas oficialistas podían acceder a la Asamblea Nacional y solo informaban lo que sus patrones oficialistas les indicaban transmitir.
El otro hecho muy significativo fue que inmediatamente después de que se instaló la nueva Asamblea Nacional, fueron quitadas las imágenes del extinto dictador militar, Hugo Chávez. Solo la bandera de Venezuela, el escudo nacional y la imagen de un auténtico prócer como es el Libertador Simón Bolívar, pueden adornar la sede de un poder del Estado que representa a todos los venezolanos, no solo a la parte oficialista.
Pero aparte de la significación simbólica de esos hechos, la realidad es que con el cambio de mando en la Asamblea Nacional en Venezuela se ha abierto un período de enconada lucha de poderes constitucionales. Por un lado el poder legislativo, que ahora es independiente y democrático pero le han arrebatado algunas de sus atribuciones principales, y por el otro un poder ejecutivo autoritario que domina a todos los otros poderes del Estado.
A pesar de que la nueva Asamblea Nacional de Venezuela está revestida de una gran autoridad política y moral, carece de poder gubernamental efectivo, mientras que el ejecutivo ejerce todas las funciones económicas y administrativas, fiscales y judiciales, militares y policiales.
Se trata, pues, de una lucha desigual, pero es inevitable e imperiosamente necesaria. La nueva mayoría parlamentaria democrática en Venezuela se ha comprometido a cumplir el programa que presentó en las elecciones y el mandato de los ciudadanos que votaron abrumadoramente por sus candidatos a diputados. Y en consecuencia el liderazgo de la nueva Asamblea Nacional anunció que procederá de inmediato a aprobar leyes primordiales e indispensables, como la amnistía para todos los presos políticos, exiliados e inhabilitados del ejercicio de sus derechos cívicos; la titulación de la propiedad de todas las personas y familias que han sido beneficiadas con el proyecto de vivienda social del Gobierno (a fin de que “no solo sean ocupantes, sino propietarios”); y una ley para garantizar a los pensionados y jubilados, bonos para alimentos y medicinas.
En el corazón del compromiso de la nueva mayoría parlamentaria con Venezuela, está decidir en el término de los próximos seis meses qué mecanismo constitucional, cívico y electoral, se utilizará para sustituir al Gobierno de Nicolás Maduro y comenzar la reconstrucción de la economía nacional y la restauración de la institucionalidad democrática.
No será una tarea fácil. Como ha dicho María Corina Machado a un diario europeo, “se acercan las horas más difíciles y peligrosas en Venezuela”. El chavismo se resiste a reconocer su derrota política, el fracaso de su proyecto económico y social y el repudio de la gran mayoría de población. Pero los venezolanos ya no pueden ni quieren soportar al chavismo, y de algún modo, por las buenas o por las malas el cambio tiene que ocurrir.
