El Ministerio Público acusó este jueves por tráfico ilegal de migrantes a los nueve líderes de la supuesta secta religiosa Cuerpo Místico de Jesucristo, lo que complica la situación legal de los detenidos, ya que la pena por este delito es de ocho años de cárcel.
Los líderes de la secta que esperaban “el rapto divino” fueron acusados en octubre de 2014 de construcción en lugares prohibidos y exposición y abandono de personas en perjuicio de 311 niños, que van desde 1 hasta los 15 años.
El nuevo delito lo imputó ayer la Fiscalía en una ampliación de la acusación en el Juzgado Primero Distrito Penal de Juicio de Managua ante la juez Irma Laguna.
Según la fiscal Inés Miranda, los acusados Francisco Javier Sánchez, Samuel Funes, Carlos Antunes, Elvin Aguilar, Orlando Funes, Héctor Funes, Yerson López, Iván Orellana y Gerald Pozo introdujeron de manera ilegal a veinte migrantes hondureños y cuatro guatemaltecos, durante el período que va del primero de enero al 31 de marzo del 2015, por puntos no autorizados en El Guasaule, frontera norte con Honduras.
Además les facilitaron alojamiento y alimentación en el campamento Futuro Hogar, ubicado en Mechapa, Venecia, El Viejo, departamento de Chinandega, sabiendo de su estatus migratorio.
Para respaldar este nuevo delito la Fiscalía ofreció como prueba la testifical de un oficial de la Dirección de Auxilio Judicial Nacional, especialista en Trata de Personas y un informe de la Dirección Nacional de Migración y Extranjería, donde indica que los 24 extranjeros no tienen ingreso legal al país.
Isaac Flores y Lorgio Vargas, abogados de los acusados, se opusieron a la admisión de la ampliación de la acusación porque consideran que no hay víctimas ni pruebas. “La Fiscalía está acusando por simple especulación. Inventa delitos sin víctimas ni pruebas”, dijo Flores.
VIOLACIÓN PROCESAL
La juez Laguna resolvió admitir la ampliación de la acusación, otorgó 15 días a las defensas para que se prepararan por el nuevo delito y suspendió el cómputo del plazo procesal, atribuyéndole el tiempo de demora a la defensa, lo cual es considerado ilegal.
“La resolución de la judicial respecto a la interrupción del plazo es ilegal porque quien presentó la ampliación de la acusación es la Fiscalía y es un derecho que nos conceda un plazo para preparar la defensa, es decir, no es un favor ni una concesión y no tiene por qué atribuirnos a nosotros este tiempo de demora, el plazo tiene que seguir corriendo”, dijo Flores.
El plazo que contempla el Código Procesal Penal para delito grave es de tres meses cuando hay reo detenido, si se vence este plazo, el juez de la causa tendrá que ordenar la libertad de los acusados para enfrentar el proceso judicial en libertad, esto es lo que quiere evitar la judicial, complaciendo a la Fiscalía, explicó el abogado Flores.
La judicial mantuvo su resolución y programó el juicio para el 21 de enero.
