Esta semana, después de la obligada pausa de Navidad y Año Nuevo la oposición democrática reanudó la movilización de los miércoles de protesta, en demanda de garantías para que las elecciones de noviembre del presente año sean justas y limpias.
El miércoles de protesta de esta semana ha sido ya el número 37. Pero el régimen orteguista no quiere responder a la demanda opositora de que respete el derecho constitucional de elecciones libres y limpias. Un respeto que también es un compromiso de Estado de Nicaragua, porque en los Acuerdos de Esquipulas II quedó establecido que deben haber periódicamente elecciones libres y transparentes, para garantizar la democracia, la reconciliación nacional y el mantenimiento de la paz.
La única respuesta que ha dado el régimen orteguista a los miércoles de protesta ha sido la represión, criminalizar el reclamo cívico y mandar a procesar judicialmente a dirigentes opositores. Así como infiltrar a grupos de choque que dicen ser opositores pero llegan a agredir a los participantes en la protesta, a atacar a los periodistas independientes y a asaltar y robar a las personas que transitan en las cercanías del lugar de la movilización. Esto con el evidente propósito de desacreditar la protesta opositora y mal disponer a la ciudadanía con los activistas políticos que arriesgan el físico y su libertad personal por reclamar elecciones auténticas y confiables que es un derecho esencial de todos los nicaragüenses.
Daniel Ortega ni siquiera ha tenido la dignidad de responder a la carta que los obispos de Nicaragua le entregaron personalmente el 21 de mayo de 2014, en la cual le pidieron solemnemente “garantizar en el 2016 para Nicaragua un proceso electoral presidencial absolutamente transparente y honesto…”
En ese mismo sentido se han pronunciado reiteradamente los representantes de los gremios empresariales y de los organismos de la sociedad civil que trabajan en la promoción de la cultura democrática. Con la cúpula empresarial Daniel Ortega mantiene un entendimiento que es reconocido como muy provechoso para ambas partes, económicamente, pero no atiende su demanda de fortalecimiento de la institucionalidad democrática y que las elecciones sean libres y limpias.
A estas alturas del tiempo, cuando ya ha comenzado el año electoral en Nicaragua no hay ninguna certeza de que las elecciones de noviembre próximo serán limpias y justas. Por el contrario, lo que existe es el temor generalizado de que esos comicios también serán fraudulentos, como han sido prácticamente todos los celebrados desde las elecciones de 2006 que permitieron a Daniel Ortega recuperar el poder presidencial.
Pero el silencio del orteguismo y la represión contra la demanda de transparencia electoral no debe de ser un motivo para desistir de esa lucha cívica y democrática. La intransigencia orteguista debe tomarse más bien como un acicate para continuarla y fortalecerla, porque no es una dádiva gubernamental la que se pide sino el respeto de un derecho esencial de todos los ciudadanos.
Las elecciones libres y limpias son un derecho constitucional, humano y universal, cuyo ejercicio no debe depender de la voluntad y el capricho de ningún gobernante. Y como dice muy bien el aforismo político, el derecho que no se reclama es un derecho que se pierde.
