El Estado finalmente asumirá una deuda de 273 millones de córdobas que la Empresa Nicaragüense de Alimentos Básicos (Enabas) adquirió con la cooperativa Caja Rural Nacional (Caruna)-entidad controlada por la familia presidencial y que canaliza un porcentaje de los millonarios recursos del convenio petrolero con Venezuela- por la adquisición de alimentos para programas especiales.
Estos programas asistencialistas de entrega de alimentos promovidos por el gobierno orteguista eran primeramente financiados con los recursos del acuerdo petrolero, pero al menos de acuerdo a los registros a los que tuvo acceso este diario, desde el año 2010 están siendo costeados con recursos de los contribuyentes.
El presidente inconstitucional Daniel Ortega emitió el acuerdo presidencial 230-2015 publicado en la Gaceta Diario Oficial del Estado del 23 de diciembre pasado en el cual manda al Ministerio de Hacienda y Crédito Público a pagar los 273 millones de córdobas que adeudaba Enabas a Caruna.
DEUDA SE CONVIRTIÓ EN PÚBLICA
Este movimiento financiero del gobierno fue advertido por especialistas del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) en su informe de análisis del presupuesto general de la república del 2016.
El estudio reportó que que el proyecto presupuestario establecía que Enabas asumiría la deuda por la entrega de estos paquetes alimenticios, cuando este componente asistencialista según la propaganda gubernamental era financiado con los recursos de la cooperación venezolana por medio de Caruna. Sin embargo, la deuda por los paquetes alimenticios fue convertida a deuda pública y finalmente por medio del acuerdo presidencial asumida por Hacienda y Crédito Público.
CARUNA DESCONOCE
LAPRENSA llamó al móvil Jorge Martínez, Presidente de Caruna para consultar sobre este orden presidencial, pero este respondió que desconocía la información sobre el acuerdo presidencial. “Mejor llame a Hacienda y Crédito Público, yo no tengo información sobre eso que me está preguntando”, agregó.
También buscamos en la sede de Enabas en Carretera Norte si nos podían dar información sobre el tema, pero en el porton de entrada nos dijeron que había nadie que pudiese dar información.
Caruna no es una entidad supervisada por la Superintendencia de Bancos, requisito establecido por la Ley de Endeudamiento para prestar a entidades estatales. Opera todavía como una cooperativa de préstamos.
ANTES LA CGR LOS FRENABA
En 2009, cuando el orteguismo aun no tenía el control absoluto de la Contraloría General de la República, el ente fiscalizador detuvo una operación similar entre Enabas y Caruna.
En ocasión, Enabas pretendía adquirir 170 millones de córdobas provenientes de Caruna, que a la vez se ofrecía como “administradora” de los recursos y se encargaría de adquirir los paquetes alimenticios.
El problema fue que las autoridades de Enabas solicitaron la exclusión de procedimientos para comprar los productos con fondos de la institución, pero la misma solicitud dejaba claro que el dinero en realidad provendría de una deuda que esta empresa estatal adquiriría ese año con Caruna.
Los contralores negaron en esa ocasión la exclusión de procedimientos, aduciendo que de aceptar el dinero de Caruna para financiar la compra de alimentos, se estaría creando una deuda pública con la cooperativa.
Posteriormente, por petición de los mismos contralores, la Asamblea Nacional reformó primero la Ley 323 y luego aprobó la Ley 737, eliminando en ambas legislaciones la facultad de la CGR de aprobar o rechazar las exclusiones de procedimientos.
