Diputados de la oposición demandaron este sábado una investigación exhaustiva a los poderes ejecutivo y legislativo sobre el préstamo de 1.2 millones de dólares aprobado por el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) a la compañía desconocida Teleconstrucciones Guillén, SA.
Con ese dinero se financió la construcción de un condominio de apartamentos de lujo en Managua. El diputado liberal Carlos Langrand recordó indignado que los especialistas independientes han alertado sobre la posibilidad de un colapso del Seguro.
Langrand insistió en que las inversiones de la caja de los asegurados deben ser transparentes.
“Se le han dado (al INSS) unas medidas de salvataje, que incluso se está cotizando al 18.5 por ciento de la aportación patronal. Cuando vos estás dando fondos, esperás que sean bien utilizados, hemos dicho que el tráfico de influencias, la información privilegiada, no puede ser una práctica del funcionario público”, afirmó.
El legislador del Partido Liberal Independiente (PLI) dijo que si hay un miembro del sector privado en la directiva del Seguro está llamado a salvaguardar el “balance en la custodia de fondos públicos, debe responder con ética, moralidad y probidad”.
Según una investigación de LA PRENSA publicada esta semana, el INSS financió la edificación del condominio Planes de Altamira a Teleconstrucciones Guillén, SA, una empresa creada tres meses y 15 días antes de la aprobación del crédito, en febrero de 2012. Sin embargo, el supuesto socio mayoritario, el güirisero Santos Guillén, rechazó haber participado en la constitución de la misma, mientras el minoritario, Daniel Eugenio Sirias, murió un mes antes del primer desembolso en 2014.
El directivo del INSS, nombrado por el presidente Daniel Ortega en representación del sector privado, Alfonso Silva, admitió que su constructora Desarrollos Inmobiliarios, SA (Dinsa) fue “subcontratada” para hacer la obra por Teleconstrucciones Guillén.
Silva negó cualquier conflicto de interés entre su cargo estatal y su ejercicio como constructor en el caso concreto, y dijo que desconocía quiénes eran los socios de la empresa que lo subcontrató.
“No estoy haciendo nada indebido, ilegal. Estoy haciendo a lo que me he dedicado en los últimos veinte años. ¿Me entendés? Que se haga bien una obra, que se haga con muy buena calidad, que se cumplan los estándares de calidad, yo estaba garantizando eso”, defendió.
Graves señalamientos
Langrand calificó, no obstante, como “graves” los hallazgos de la investigación periodística y rechazó que Silva no conociese a quienes lo subcontrataron.
“Nadie puede decir yo hago negocios con cualquiera, ¡eso no es cierto!, porque la misma ley bancaria y de lavado de dinero obliga a conocer a tus clientes”, reiteró Langrand en sus declaraciones ofrecidas durante la primera sesión de este año en el poder legislativo.
“TRÁFICO DE INFLUENCIAS”
El diputado del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), Víctor Hugo Tinoco, demandó que sea la Presidencia la que ordene la investigación sobre un caso en que se evidencia “tráfico de influencias”.
“Creemos que amerita una investigación no solo periodística, sino una investigación de alguna institución del Estado. La comisión de probidad de la Asamblea debería tener como su gran tarea abrir una investigación sobre este tema. El solo hecho que un préstamo a una empresa, cuyo presidente dice que no sabe nada, que nunca ha estado en eso, ni se ha prestado a eso, dice que hay algo turbio. Hay que ir a fondo”, demandó Tinoco.
El legislador de l MRS recalcó que el presidente debería ser el primero en ordenar la indagación, pero dijo que igual Hacienda o el INSS deberían hacer lo mismo.
Según Tinoco, en la administración Ortega Murillo se ha disparado la corrupción, sobre todo en las alcaldías, y el Gobierno debería estar interesado en ponerle un freno al tema.
FSLN GUARDA SILENCIO
Los legisladores del partido sandinista prefirieron no comentar el caso durante la sesión legislativa, ni después de esta. El diputado sandinista Gustavo Porras, presidente de la comisión de Salud en la legislatura anterior, salió huyendo hacia el parqueo. Se negó a responder dudas sobre el caso. Inicialmente argumentó que conversaba por teléfono y después hizo una señal con sus manos como “estás cortado”. Se rió y se fue.
“No sé nada de eso. No me meto en eso”. Edwin Castro, jefe de bancada del FSLN.
El silencio estatal ha quedado claro desde hace más de un mes. El INSS no respondió una solicitud de información sobre el crédito, realizada por LA PRENSA en diciembre pasado. El viernes se llamó a Relaciones Públicas de esta institución, y luego de la consulta formal, su portavoz ya no respondió su celular.
En prensa de la Contraloría General de la República (CGR) informaron que el presidente de la institución, Luis Ángel Montenegro, se encontraba desde el jueves fuera de la capital. “Es el único autorizado para hablar”, explicaron. El caso periodístico ha provocado indignación en las redes sociales con decenas de intervenciones de lectores lamentando el “irregular” préstamo del INSS.
TRAYECTORIA POLÍTICA
El MRS conoce la trayectoria política del empresario Alfonso Silva, directivo del INSS e involucrado en este caso. Él fue candidato a diputado por esa organización en 2006.
El diputado Víctor Hugo Tinoco dice que era un dirigente político en el departamento de León y que los dejó desde que el presidente Daniel Ortega volvió al ejecutivo en enero de 2007. Silva fue nombrado por el comandante Ortega como directivo del INSS en 2009, a propuesta del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).
450,000 dólares más pidió Teleconstrucciones Guillén, S..A. al INSS para terminar la obra el 12 de agosto de 2015. De haberse aprobado, sería adicional al monto original del crédito.
Lea además:
US$1.2 millones del INSS a constructora desconocida
Constructora beneficiada por el INSS opera en empresa de directivo del Seguro
Directivo INSS: “No hago nada indebido”
