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Gobierno presiona a ramas por Canal

Líderes indígenas denuncian que les exigen que firmen un arriendo perpetuo de sus tierras para proyecto canalero

11/01/2016

El artículo 12 de la Ley del Gran Canal dispone que se expropiará cualquier bien inmueble que sea necesario para el proyecto, ya sea privado, comunal, de las Regiones Autónomas o que tenga cualquier entidad gubernamental. LA PRENSA/ ARCHIVO

Miembros del Gobierno Territorial Rama y Kriol (GTR-K) denunciaron estar sufriendo presiones para entregar 263 kilómetros cuadrados de área terrestre y marítima de su territorio, bajo la figura de un contrato de “arrendamiento perpetuo”, para el proyecto del Gran Canal Interoceánico y subproyectos.

Hasta anoche, luego de una asamblea territorial, los indígenas seguían resistiéndose a firmar la concesión y solo firmaron “un acta donde se dice que la asamblea territorial mandata a los 18 miembros de la autoridad territorial, a ir a negociar con la Comisión del Gran Canal sobre el contrato de arrendamiento de las áreas que vayan a ocupar ellos”, dijo a LA PRENSA, Allen Clair Duncan, de la autoridad comunal de Monkey Point.

Aunque Carlos Billis Wilson, presidente de la comunidad Bangkukuk Taik, en un español accidentado, dijo que no estaba claro de qué era lo que se había firmado, porque no le explicaron bien.
Ayudado de un amigo que tradujera su declaración, Billis Wilson aseguró que la población de Bangkukuk Taik “no quiere ningún compromiso con esa gente del Canal”.

Bangkukuk Taik y Monkey Point son las comunidades que resultarían más afectadas de realizarse el Gran Canal, ya que la población de ambas zonas sería desplazada según el Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS).

PRESIONES PARA FIRMAR

“Es algo obligatorio, porque no dejaron que metiéramos ningún asesor legal para revisar el documento que se estaba discutiendo, y en los tres días, solo nos tenían ahí encerrados, y hoy (10 de enero) incluso llevaron policías para que estuvieran en la puerta y no saliera ni entrara nadie más a la instalación. También nos llevaron de la instalación del gobierno territorial a meternos a una instalación del gobierno para ellos poder mantenernos en control ahí”, narró Claire Duncan, sobre la situación vivida el 8, 9 y 10 de enero.

En el Convenio de Consentimiento Previo, Libre e Informado para la Implementación del Proyecto del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, se establece que “para el uso del Área Requerida, la Comisión Nacional de Desarrollo del Gran Canal de Nicaragua y el Gobierno Territorial Rama y Kriol suscribirán un Contrato de Arrendamiento Perpetuo en el que se definirá el canon de arrendamiento anual, pagadero en dólares de los Estados Unidos de América a partir de la firma del presente Convenio de Consentimiento”.

Aunque el documento no establecía un canon de arrendamiento anual, Claire Duncan aseguró que durante la asamblea se le prometió de forma verbal al GTR-K el pago de un millón de dólares por año en concepto de arriendo.

Los funcionarios de gobierno presentes en la asamblea son: Michael Campbell, funcionario de ProNicaribe; Danilo Chang, delegado del megaproyecto del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua en la Región Autónoma del Caribe Sur (RACS); y Rubén López, ejecutivo del gobierno en la RACS, como los responsables de las presiones hacia los indígenas. También estuvo Johnny Hodgson, delegado presidencial en el Caribe Sur.

Claire Duncan no detalló cuál de los funcionarios presentes fue quien mencionó el pago del millón de dólares por año, si se firmaba el convenio.

LA PRENSA intentó comunicarse vía telefónica con Campbell y Hodgson, sin embargo, no atendieron sus teléfonos celulares.
En el documento se detalla que en total los ramas estarían dando consentimiento para la implementación del proyecto, en un área de aproximadamente 263 kilómetros cuadrados de su territorio que abarca áreas terrestres y marítimas.

En diciembre de 2014, el GTR-K entregó al gobierno un documento con lineamientos para realizar un proceso de consulta sobre el Gran Canal. Esto no ha sido tomado en cuenta. LA PRENSA/ ARCHIVO

“VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO”

Según María Luisa Acosta, coordinadora del Centro de Asistencia Legal para los Pueblos Indígenas (Calpi), “aquí hay varias violaciones del debido proceso de una consulta libre, previa e informada, el primero de todo es que el Estado debe actuar de buena fe, ahí hay una gran violación a los derechos de estos pueblos”.

En cuanto a la figura de arrendamiento perpetuo, Acosta aseguró que no existe, que las leyes solo establecen o arriendo temporal o venta, pero en el caso de las tierras indígenas, estas no están sujetas a venta, según la Ley del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas (Ley 445).

Lea: Gobierno expuso “enormes vacíos”

A este punto, aunque se firmase un convenio, para Acosta, este no tendría legitimidad. “Con todas las anomalías que están ocurriendo, aunque firmen, eso no vale, no cumple con las buenas prácticas internacionales, no cumple con la Ley 445, con el Acuerdo 169 de la OIT, es un documento espurio”.

Acosta cuestionó que “si es una cosa que no es mala (el proyecto del Gran Canal), si es buena para los indígenas, por qué no les permiten tener los estudios, por qué no los informan, por qué no les dejan tener un abogado independiente. Ellos tienen derecho a todo eso, son derechos establecidos en la Constitución Política y en la Convención Americana”.

Lea también: Demandan consulta

DENUNCIAS DEL GTR-K

Desde el anuncio del inicio del proyecto del Gran Canal Interoceánico, el Gobierno Territorial Rama y Kriol (GTR-K) ha demandado ser tomados en cuenta y que se cumpla el proceso de una consulta libre, previa e informada sobre el uso de sus tierras para el proyecto del Gran Canal.

Además, de exigir la consulta, han venido denunciando irregularidades como el intento de usurpación de la presidencia en la comunidad Bangkukuk Taik, ya que el actual presidente Carlos Billis Wilson, se ha opuesto al megaproyecto mientras no se les dé más información.

En un comunicado del 14 de diciembre de 2015, el GTR-K señala que “los funcionarios del consejo y gobierno regional del Caribe Sur han propiciado la división y el conflicto entre las comunidades”.

CASO EN LA CIDH

La situación del Gobierno Territorial Rama y Kriol (GTR-K) de la falta de consulta sobre el proyecto del Gran Canal, fue expuesta en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 16 de marzo de 2015. Becky McCray, integrante del pueblo indígena rama, dijo durante la audiencia en la CIDH que el 52 por ciento de la ruta del Canal afecta territorios indígenas y afrodescendientes en la Costa Caribe y que las omisiones del Estado en materia de consulta a pueblos indígenas y afrodescendientes, son una violación flagrante a los derechos territoriales, participación y autodeterminación.

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