El obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio Báez, demandó este jueves que la Contraloría General de la República (CGR) investigue el caso del préstamo de 1.2 millones de dólares aprobado por el consejo directivo del Seguro Social, el cual benefició a la empresa desconocida Teleconstrucciones Guillén.
Báez dijo que el caso debe clarificarse. Las autoridades de control del Estado no se pronuncian tras una semana de la publicación de la investigación de LA PRENSA y en el caso del presidente del INSS no responde desde hace cuarenta días.
“Está de por medio un dinero que pertenece a los trabajadores de la nación”, insistió Báez.
“Si hay una denuncia, una investigación; todo eso ayuda a la transparencia en el manejo de los recursos públicos”, sostuvo el obispo.
El jerarca católico no hizo referencia a la decisión del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) que prometió el miércoles investigar el empréstito y elaborar un reglamento que norme el comportamiento ético de los miembros de su gremio que ocupen puestos en las juntas directivas del Gobierno.
PIDEN REMOCIÓN DE SILVA
La Coordinadora Civil, por su parte, pidió la destitución inmediata de Alfonso Silva, directivo del sector privado en el INSS. “Por mostrar incapacidad para estar informado acerca del quehacer de la institución para la que fue designado por el gremio del empresariado nicaragüense y por afirmar en los medios de comunicación que él no sabe nada”, dijo la organización.
Según la investigación periodística, publicada la semana pasada, el INSS autorizó en febrero de 2012 un crédito de 1.2 millones de dólares a la empresa desconocida Teleconstrucciones Guillén SA, la cual fue creada tres meses y 15 días antes de la aprobación del préstamo estatal.
El supuesto socio mayoritario de Teleconstrucciones Guillén SA, el güirisero Santos Guillén, negó haber participado en la constitución de la compañía. El socio minoritario, Daniel Eugenio Sirias, murió un mes antes del primer desembolso en 2014. Su viuda, Tania Urbina, no sabe nada al respecto. Sin embargo, la constructora desconocida “subcontrató” a Desarrollos Inmobiliarios (Dinsa), representada por Silva para construir un condominio de apartamentos en Managua: el proyecto que el INSS decidió financiar.
La Coordinadora Civil, integrada por 17 organizaciones de la sociedad civil, exigió al gobierno de Daniel Ortega la creación de una comisión especial para que se investiguen los mecanismos que utilizó y utiliza el INSS para asignar préstamos de los recursos que aportan los trabajadores.
Luisa Molina, miembro de la Coordinadora, calificó esta situación como “acto de corrupción”.
“Nosotros desde hace varios años venimos haciendo la denuncia y la crítica a todos los gobiernos porque creen que el dinero del INSS es de ellos, y ese dinero no es de ellos, y eso es lo que están demostrando con este acto de corrupción”, dijo Molina.
SOCIÓLOGO: “INCAPACIDAD ADMINISTRATIVA”
El sociólogo Cirilo Otero explicó que aunque la población económicamente activa del país es de aproximadamente 3 millones 300 mil personas —mayores de 18 años y menores de 60 años en busca trabajo—, el INSS “por su incapacidad administrativa y de falta de promoción de la seguridad social solamente ha afiliado a 750 mil personas”.
El sociólogo agregó que el 25 por ciento de las personas afiliadas al INSS son de trabajos temporales, no sostenibles en el tiempo.
Ante este panorama, Otero destacó que es responsabilidad del INSS actuar con transparencia y con honestidad y debe colocar el dinero de los asegurados donde se pueda reproducir, para cumplir con la Ley de Seguridad Social.
El diputado sandinista y sindicalista, Luis Barbosa dijo que no tenía conocimiento del tema.
