El Consejo Supremo Electoral (CSE) es conocido por las nuevas generaciones y en sí por todos los nicaragüenses, como la institución más corrupta tras los continuos fraudes que se han venido dando años tras años, donde lo ideal sería que fuera la más respetada.
Pero la realidad es que esto tiene como antecedentes y responsables a líderes políticos aferrados a la cultura caudillista que han dejado a un lado la administración democrática. En 1996 asume la Presidencia el liberal Arnoldo Alemán Lacayo quien durante la dictadura sandinista de los ochenta había estado preso.
Alemán ganó con el 51 por ciento de los votos siguiéndole el FSLN con 37.8 por ciento, quedando de esta manera el PLC con 42 diputados versus 35 del FSLN y 14 restantes de partidos no sandinistas, por lo que se le facilitaba recoger 56 votos el número mágico para elegir los magistrados de los diferentes poderes.
Al recibir el CSE Alemán lo encuentra con mayoría no sandinista, compuesto por Roberto Rivas (liberal), Alfonso Callejas (liberal) Braulio Lanuza conservador y los dos sandinistas: Rosa Marina Zelaya y Fernando Silva. A medida que pasa el tiempo los altos funcionarios del gobierno de turno junto al gobernante liberal son acusados de corrupción y comienza a decaer la imagen del líder oficialista por lo que comienza a tener acercamientos con Ortega Saavedra previniendo una posible derrota política futura y de esta manera se reparten los poderes, comenzando la politización directa de las instituciones, entre ellas el poder electoral.
Posteriormente se cambia de gobierno y entra la fase directa de la división liberal encarcelando a Arnoldo Alemán por el rosario de acusaciones de corrupción, y temiendo pagar su condena carcelaria pacta su libertad, reforma la Constitución y cambia de 40 por ciento a 35 por ciento de votos para ser electos presidente. Y bajo la lógica “divide y vencerás” ahora tenemos a este gobierno que todos conocemos su naturaleza arrogante y dictatorial y reformó el artículo 147 de la Constitución para reelegirse continuamente.
De esta manera se han repartido las magistraturas, ocupándolas como herramienta de negociación política y cercenando la naturaleza del poder electoral de salvaguardar el voto de todos los nicaragüenses independientemente de su ideología política.
La clase política tiene que hacer profundos cambios, entre ellos rescatar el dogmatismo de su razón de ser y el contrato social.
El CSE no es ni de liberales ni de sandinistas, es de todos los nicaragüenses, recordemos que los funcionarios de estas instituciones no viven de los partidos políticos sino del del pago de nuestros impuestos, y cuando te cobran no dividen los pagos en sandinistas, liberales independientes, etc.
Los funcionarios deben de ser elegidos por el currículo que tienen como persona, su capacidad, su trayectoria, tienen que ser la única herramienta que tiene que prevalecer a la hora de honrarte con tal cargo no por ser militante político disciplinado. Si los nicaragüenses no hacemos valer el respeto de nuestra Constitución estaríamos condenados a un retroceso histórico de antes de los noventa.
Amemos Nicaragua, “Nicaragua volverá a ser República”.
La autora es licenciada en Diplomacia y ciencias políticas y Miembro Del Movimiento Democrático Nicaragüense.
