Nicaragua cumple en 2016 185 años de vida republicana. Sin embargo las instituciones básicas de una república todavía son incipientes, el poder político se ejerce inmoderadamente, no hay equilibrio entre los dos componentes fundamentales de la democracia que son las prerrogativas de la mayoría y los derechos de las minorías.
En Nicaragua, que la minoría ocupe en las instituciones los espacios que le corresponden por derecho propio es motivo de escándalo público. Esto se debe, seguramente, al bajo nivel de la cultura política nacional y a la sordidez de la competencia política, pero sobre todo al origen espurio del poder gubernamental que se ejerce de manera hegemónica, prepotente, arbitraria y excluyente. De allí que las cuotas de representación a las que la minoría tiene derecho sean vistas como dádivas del poder autocrático.
De esa manera fue juzgada por algunos sectores la decisión del partido opositor, al comienzo del 2012, de ocupar los escaños de minoría en la Asamblea Nacional después que la misma oposición había denunciado fraude en las elecciones de noviembre del año anterior y alegado que el orteguismo le había arrebatado la presidencia de la república y la mayoría parlamentaria.
De igual manera se juzgó a la oposición por haber aceptado un solo cargo en la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, a pesar de que por ley y principio de proporcionalidad le correspondían tres asientos directivos. Y lo mismo volvió a ocurrir el recién pasado 9 de enero, cuando en la elección de la nueva directiva parlamentaria el partido opositor no solo se conformó con uno de los siete cargos, sino que para obtenerlo tuvo que avalar a todos los seis directivos pertenecientes al partido de gobierno, incluyendo algunos que para la ciudadanía y la misma oposición democrática son impresentables.
El problema de fondo radica en que en Nicaragua no existe una verdadera democracia, la cual no solo es un sistema de gobierno sino también un procedimiento de organización gubernamental, de relaciones entre las partes políticas y de solución de los conflictos. En el orden republicano democrático son principios fundamentales y sacrosantos el derecho de la mayoría constituida legítimamente a ejercer el poder, y el derecho de la minoría a ser escuchada, respetada y a ocupar los cargos representativos que le pertenecen por derecho propio.
Negarle a la minoría la posibilidad de plantear sus discrepancias y alternativas de gobierno en las instancias del poder público, significa negar la soberanía popular, practicar el despotismo, imponer la dictadura de la mayoría o de una camarilla que se arroga su representación, como ocurre actualmente en Nicaragua.
En tales circunstancias, ¿debe la minoría opositora acomodarse y resignarse a ocupar los espacios y cargos formales que el poder arbitrario le quiera dar, o debe abstenerse de participar debido a que no se le reconoce lo que es suyo de pleno derecho?
La respuesta es compleja, pero depende ante todo de cuál es la estrategia de la oposición para la toma del poder y qué alternativas de lucha está dispuesta a practicar para alcanzar su objetivo. Y depende, además, de si los espacios se utilizan para reforzar la lucha por la democratización o para medrar al amparo del presupuesto del Estado.
