La tragedia de Yelka Ramírez

La jefa de la Policía Nacional, Aminta Granera, tiene la obligación de cumplir su compromiso con la señora Yelka Ramírez y su familia, de indemnizarlas por el asesinato de dos de sus hijos menores

21/01/2016

La jefa de la Policía Nacional, Aminta Granera, tiene la obligación de cumplir su compromiso con la señora Yelka Ramírez y su familia, de indemnizarlas por el asesinato de dos de sus hijos menores (de 11 y 13 años de edad respectivamente) y de una hermana menor de 25, crímenes cometidos por miembros de la fuerza policial.

Ese asesinato colectivo ocurrió el 11 de julio del año pasado en las cercanías de Managua, cuando una brigada antidrogas de la Policía ametralló el automóvil en el que la señora Ramírez y su esposo, hijos y cuñada, viajaban de regreso a su hogar tras participar en un culto religioso.

La explicación oficial que se dio del monstruoso hecho criminal fue que los policías creyeron que en el automóvil se movilizaba una banda de narcodelincuentes. Por ese “error” los policías fueron condenados a penas de entre dos y once años de prisión, que por la magnitud del crimen los familiares de las víctimas, juristas independientes y activistas de derechos humanos consideran insignificantes.

El mismo día de los hechos la jefa de la Policía se presentó en el hogar de la señora Ramírez, donde públicamente lloró por los asesinados y le prometió a la familia doliente toda la ayuda necesaria para mitigar las consecuencias materiales del sangriento crimen policial.

Pero ya han pasado más de seis meses de ocurrida la tragedia y la jefa policial no ha cumplido su compromiso, por lo cual la señora Ramírez se ha presentado a reclamar públicamente frente a las instalaciones centrales de la Policía, para exigirle que honre su palabra.

Sin embargo no solo la promesa de la jefa de la Policía es lo que se debe de cumplir. La reparación a la señora Yelka Ramírez y demás víctimas directas e indirectas de la matanza policial de Las Jagüitas, por los daños materiales, físicos y morales sufridos, no es una caridad personal de nadie sino una obligación legal del Estado.

Ya no vivimos en las épocas cuando los funcionarios del Estado hacían lo que querían contra las personas, sin asumir ninguna responsabilidad. Ahora existe el principio de derecho público de la responsabilidad administrativa, que obliga al Estado a reparar los daños que sus organismos y funcionarios causan a las personas mediante hechos ilegales y abusivos. En Nicaragua, desde la reforma constitucional de 1995 la Constitución establece la responsabilidad del Estado en el párrafo segundo del artículo 131, que dice literalmente: “El Estado, de conformidad con la ley, será responsable patrimonialmente de las lesiones que, como consecuencia de las acciones u omisiones de los funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo, sufran los particulares en sus bienes, derechos e intereses, salvo los casos de fuerza mayor”.

Esta norma constitucional se reglamenta en el Código Penal, artículo 126.

De manera que no solo la jefa de la Policía debe honrar el compromiso personal que asumió con la señora Yelka Ramírez y su familia. También el Estado está obligado a reparar los graves daños causados por sus agentes policiales a esa familia mártir, que no solo ha sido víctima de un crimen espantoso y sufre sus secuelas de toda clase, sino que también sufre el escarnio gubernamental.

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