El vicepresidente de la Comisión de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos, diputado sandinista Filiberto Rodríguez, confirmó el jueves 21 de enero que el Ministerio de Gobernación está preparando una iniciativa de reforma a la Ley General sobre Personerías Jurídicas sin fines de lucro (Ley 147).
El diputado Rodríguez dijo desconocer el contenido de esta iniciativa; sin embargo desde ya surgieron reacciones recordando que la cooperación económica externa fue retirada a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), debido a las condiciones impuestas por el gobierno de Daniel Ortega a los cooperantes externos.
Luisa Molina, miembro de la directiva nacional de la Coordinadora Civil —la cual integra a 17 ONG—, cree que con la reforma a la Ley 147 el Gobierno vendrá a legalizar lo que ha venido haciendo desde 2007, cuando retornó al poder.
“Va a legalizar el control a la cooperación dirigida hacia los derechos humanos, hacia la gobernabilidad, controlar a quién se le da y a quién no, porque existe una lista que discrimina organizaciones”, dijo Molina.
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Molina asegura que el Gobierno favorece a las organizaciones que no se meten en política, que no opinan, que no hacen críticas y que solo ejecuta proyectos asistenciales.
“A mí me parece que esa Ley podría ser como el candado que va a cerrar la posibilidad de una cooperación efectiva hacia las ONG; mayor regulación, mayor control, más de lo que ya existe, incluso cerrar ONG”, dijo Molina.
Molina reveló el año pasado que el vicecanciller Valdrack Jaentschke anduvo por los países donantes, principalmente Europa y Estados Unidos, con una lista de nombres de organizaciones sociales que no debían recibir recursos.
Algunos embajadores le confirmaron esta información a Molina y aunque le explicaron que los personeros del Gobierno no les decían directamente que no podían dar cooperación a las ONG, sí aseguran que les hicieron la “sugerencia de que tuvieran cuidado, que si daban recursos se podía entender que estaban apoyando una conspiración contra el Gobierno”.
El sociólogo Cirilo Otero opina que está Ley buscará “dejar sin derechos a las personas que no les gusta a los gobernantes”, considerando que “no es lo mismo una persona jurídica que una persona natural”.
“Contraviniendo toda sensatez, hoy en día los gobiernos democráticos se apoyan en el trabajo privado de las ONG y solucionan problemas sociales en las comunidades y municipios, pero a este gobierno no le gusta la cooperación ciudadana, lo que le gusta es la obediencia ciega de los pobladores. No le gusta la ciudadanía porque esta tiene derechos”, expresó Otero.
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INSTALAN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN
Ayer quedó instalada la Comisión de Paz, Defensa y Gobernación de la Asamblea Nacional. Los diputados del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) —con mayoría de votos en esta comisión— respaldaron al diputado de la Alianza del Partido Liberal Independiente (PLI), Javier Vallejos, como el nuevo presidente de la Comisión de Gobernación, la cual antes era presidida por su homólogo Luis Callejas.
Vallejos dijo que su misión como presidente estará orientada a demandar la entrega de las cédulas a todos los ciudadanos sin discriminación y a denunciar las violaciones a los derechos humanos.
Los miembros de la Comisión reeligieron como vicepresidente de esta comisión al diputado sandinista Filiberto Rodríguez y al diputado del PLI, Raúl Herrera.
