Después de diez años y seis meses de modificada la relación accionaria entre Nicaragua y Libia en la empresa Agropecuaria Nicarabe Libia para el Desarrollo (Anilib), donde el país árabe pasó de 49 a 97 por ciento de las acciones, por aumento de capital, en el 2004; el gobierno de Daniel Ortega en el 2014 anuló la sentencia 174 que contenía las nuevas disposiciones de la empresa y canceló la inscripción registral de la misma, despojando a los libios de 48 acciones, a través de sentencia judicial.
El cambio repentino del gobierno de Ortega para los socios libios se da tres años después de la derrota y muerte del dictador Muamar Gadafi (20 de octubre de 2011), su benefactor y aliado político, desde la década de los ochenta.
Anilib fue creada en 1982 como parte de la cooperación entre el país libio, gobernado en ese entonces por Muamar Gadafi y Nicaragua; donde Libia tenía el 49 por ciento de las acciones y Nicaragua el 51 por ciento restante. Dicha empresa nace en los inicios del gobierno sandinista de los ochenta para reactivar la actividad agropecuaria, para esto Libia aporta capital líquido y Nicaragua aporta las tierras para el cultivo, según la escritura de constitución de la misma.
Más de veinte años después, en 2003, el gobierno de Enrique Bolaños firma el acuerdo presidencial No. 60-2003, donde recuerda que es necesario cumplir con las obligaciones y compromisos asumidos por el Gobierno para el funcionamiento de Anilib y confirma la relación accionaria de esta a como fue creada y manda al representante de la Procuraduría General de la República, como abogado del Estado a suscribir contrato de préstamo de uso de más de 1,715 manzanas de tierra, por diez años prorrogables a favor de Anilib.
El presidente Bolaños deja claro que durante ese tiempo estos bienes inmuebles no podrán ser asignados, donados, arrendados, comprometidos y de ninguna forma enajenados del dominio actual del Estado.
La empresa funcionaba con problemas financieros en los años ochenta y noventa que Lybian Arab Foreing Investment Co. (Lafico) o Compañía de Inversiones extranjeras del Gobierno de Libia, asumía, según Salaheddien M. El Busefi, asesor legal de Lafico, quien vino a Nicaragua en diciembre del 2015 para tratar de reunirse con autoridades del Gobierno y resolver el problema legal de Anilib, pero no tuvo éxito, pues nadie lo quiso recibir.
El funcionario libio aclaró que después de la caída de Gadafi, Libia quedó en un estado de caos y está reorganizando toda la inversión que tiene en el extranjero, por eso hasta ahora vino a Nicaragua a tratar de negociar con el gobierno de Ortega. “En el caso de Nicaragua quiere que su capital se le devuelva o que reconozcan el 97 por ciento de sus acciones”, dijo Salaheddien M. El Busefi.
En el 2004 la empresa necesitaba más financiamiento y reestructurar deudas, por lo que se convoca a una asamblea extraordinaria de accionistas, el 23 de marzo de ese mismo año, misma que se celebra en Trípoli, Libia, en la sede central de Lybian Arab Foreing Investment Co. (Lafico). Ahí estuvo presente Chester Noguera Cuadra (q.e.p.d.) como presidente de la Junta General de Corporaciones Nacionales del Sector Público (Cornap) en representación del Estado de Nicaragua, titular y poseedor del 51 por ciento de las acciones y Hamed Arabi Elhoudevi, director general de Lafico, en representación de Libia.
En ese momento el presidente de Anilib era el ingeniero Mohammed M. Lasthar, sobrino del expresidente libio, Muamar Gadafi, ahora asesor para asuntos internacionales del presidente inconstitucional Daniel Ortega y diputado suplente en el Parlamento Centroamericano, por el Frente Sandinista, de la diputada María Jacaranda Fernández.
Actualmente Lasthar es gerente de Anilib y firma libradora “A” de dicha empresa junto con el representante legal del Estado Hernán Estrada Santamaría, según sentencia judicial, emitida por la juez Noveno Distrito Civil de Managua, Eveling González Betancourt, a petición de la PGR.
LA PRENSA buscó la versión de Lasthar en las oficinas de Anilib en Managua, ubicadas en Bolonia, pero la respuesta fue negativa, porque no se encontraba en la oficina y no sabían cuándo llegaba. También se dejaron los datos y se le envió un correo, pero tampoco contestaron.
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
En esa asamblea general extraordinaria el único punto de agenda que se discutió y aprobó fue la modificación de la constitución de la sociedad, cláusulas 3, 4, 6 y 7 del pacto social consistente en aumento de capital, reducción de valor nominal de las acciones, reestructuración del Consejo de Administración de la sociedad y la capitalización a favor de Anilib por los préstamos más intereses otorgados por Lafico.
De esta forma el capital social quedó modificado y pasó de 12.9 millones de dólares a 18.1 millones de dólares, ya que hubo un aumento de 5.2 millones de dólares de parte de Libia. Por tanto la relación accionaria pasó para el país árabe de 49 a 97 por ciento de las acciones y Nicaragua pasó del 51 al 3 por ciento de las acciones, según la escritura pública de la Asamblea extraordinaria.
En mayo del mismo año la notaria María Isabel Muñoz González, apoderada general judicial de Anilib, solicitó (con la escritura pública de la Asamblea extraordinaria) la modificación al pacto social y estatutos de dicha sociedad ante el Juzgado Distrito Civil de Tipitapa, ante el juez Roberto Gómez Rosales, quien aprobó la modificación mediante la sentencia 174 del 11 de mayo del 2004.
ORTEGA DONA PROPIEDADES A ANILIB
En abril del 2008, un año después de haber asumido la Presidencia de la República, Daniel Ortega —y con Muamar Gadafi todavía en el poder— donó a través del Decreto 117-2008 más de 1,715 manzanas de tierra constituidas en cuatro fincas a favor de Anilib; dejando sin efecto el acuerdo presidencial No. 60-2003 de Enrique Bolaños, donde este nada más autoriza la firma de contrato de préstamo de uso de esas mismas tierras por diez años prorrogables a favor de Anilib.
Esta donación aparece pública en La Gaceta, Diario Oficial, el 3 de abril del 2008, meses antes de que Ortega viajara en diciembre a Trípoli, Libia a tocar las puertas de Gadafi en busca de financiamiento para su proyecto político, según relató, en enero del 2009, el embajador de EE.UU. en Libia, Gene Cretz, en un cable confidencial revelado por WikiLeaks y publicado por La Nación.
En el decreto Ortega hace referencia a la proporción accionaria original, 51 por ciento Nicaragua y 49 por ciento Libia, sin mencionar el cambio accionario sufrido en el 2004 a pesar de que ya constaba en sentencia judicial y estaba inscrito en el Registro Público de la Propiedad y Mercantil de Managua, bajo el número 21,158-B2, páginas 488/93, tomo 777-B2, libro segundo de sociedades y bajo el número 55853-A, páginas 256/257, tomo 152-A libro de personas, ambos del registro público de Managua.
DEMANDA SORPRESIVA
El 19 de agosto del 2014, la Procuraduría General de la República (PGR) demandó a Lybian Arab Foreing Investment Co. (Lafico), representada en ese momento por Khaled Al Consul, por acciones acumuladas de nulidad absoluta y perpetua de la reunión extraordinaria de la junta de accionistas realizada en marzo del 2004 en Trípoli, Libia, y de la sentencia 174, emitida por el juez de Tipitapa, que reúne lo acordado en esa reunión, así como la cancelación registral.
Según la PGR, Chester Noguera Cuadra, presidente de la Junta General de Corporaciones Nacionales del Sector Público (Cornap) en representación del Estado de Nicaragua, “no tenía facultad para disponer de bienes de mayor cuantía” por lo tanto, según la PGR, los acuerdos de modificación de estatutos de la sociedad firmados en Trípoli, Libia, en marzo del 2004, fueron nulos.
“La Junta General de la Cornap es un ente cuyas facultades son administrativas, que dependen de la Presidencia de la República y que no posee, con base en su ley creadora, amplias facultades de decisión sobre intereses del Estado. Por tanto el acuerdo presidencial Decreto 117-2008 desconoce cualquier acuerdo tomado en Trípoli”, dice la demanda de la PGR.
La PGR reconoce en la demanda que el Decreto Presidencial 117-2008 desconoce el acuerdo en Trípoli, pero lejos de interponer la demanda contra Lafico en se momento, lo que hace es regalarle más de 1,715 manzanas de tierra y es hasta después de la muerte de Gadafi que entabla demanda.
Sin embargo, Salaheddien M. El Busefi, asesor legal de Lafico, considera que no cabe ese argumento porque en esa negociación no hubo venta de activos del mismo; lo que pasó es que Nicaragua no tenía dinero para capitalizar la empresa, lo que sí hizo Lafico y por eso Nicaragua redujo su participación.
LA PRENSA solicitó información del caso a la PGR vía correo electrónico en Relaciones Públicas de dicha institución, pero no hubo respuesta, aunque se gestionó la respuesta por dos semanas consecutivas.
En dos meses y medio, después de interpuesta la demanda, la juez Eveling González Betancourt, titular del Juzgado Noveno Distrito Civil de Managua, dictó sentencia en la que dio lugar a todas las solicitudes de la PGR.
APLANADORA JUDICIAL
“Ha lugar a la demanda presentada por la PGR contra Lafico, se declaran nulas las actas y acuerdos tomados en marzo del 2004 en Trípoli, Libia, se declara nula la sentencia 174 emitida por el Juzgado Distrito Civil de Tipitapa el 11 de mayo del 2004, en consecuencia se ordena al registrador público de Managua que cancele la inscripción registral de dicha sentencia”, se lee en la sentencia. Además la judicial le cargó el costo del proceso judicial a Lafico.
Para Noel Vidaurre, apoderado legal de Lafico, esta última sentencia es nula, porque la sentencia 174 ya estaba firme y los acuerdos firmados en marzo del 2004 cumplían con requisitos establecidos en los estatutos de la asociación y demás leyes. “Ya no había posibilidad jurídica de mover el caso. Era cosa juzgada”, recalcó Vidaurre.
LA PRENSA buscó y esperó infructuosamente por ocho días la versión de la judicial, para saber su argumento jurídico del porqué ordenó la cancelación de una sentencia con más de diez años firme, pues según el artículo 438 del Código Procesal Civil de Nicaragua se entiende por sentencia firme “aquella contra la cual no hay recurso alguno ordinario ni extraordinario y por haber sido consentida por las partes”.
“No es posible. Tiene la agenda llena”, mandó a decir a través de su asistente a la oficina de Relaciones Públicas del Complejo Judicial Central de Managua.
LIBIA TOMARÁ “MEDIDAS DIPLOMÁTICAS”
Según Salaheddien M. El Busefi, asesor legal de Lafico, quien vino a Nicaragua en diciembre del 2015 para tratar de resolver el conflicto legal de Anilib, pero no fue recibido en la Cornap ni en la PGR, dijo que su país acudirá a instancias internacionales para resolver el problema y que se tomarán medidas diplomáticas al respecto.
“Libia es un país en transición y tiene el soporte de Naciones Unidas, Estados Unidos, la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional”, dijo Salaheddien M. El Busefi.
También comentó que lo que el Gobierno de Nicaragua le ha hecho a Libia “es una injusticia tremenda” después de todo el apoyo brindado. “A pesar de las dificultades, no estamos intimidados por lo que ha hecho el Gobierno de Nicaragua. No es el fin y seguiremos persiguiendo que se respeten nuestros derechos”, dijo el funcionario libio.
Salaheddien M. El Busefi también comentó que Libia veía a Nicaragua como un país en el cual invertir y lo harían si garantizaran la seguridad jurídica de los negocios. “Tiene que haber garantía jurídica y un marco regulatorio seguro de inversiones y transparencia en el proceso”.
