Para Alberto Novoa, exprocurador general de la República de Nicaragua, existen muchas irregularidades en la disputa legal que tiene el gobierno de Libia contra el Estado de Nicaragua, al despojarlo del 48 por ciento de las acciones en la empresa Agropecuaria Nicarabe Libia para el Desarrollo (Anilib) mediante sentencia judicial anómala, que anula una sentencia que tiene más de diez años y es cosa juzgada.
Además crea inseguridad jurídica interna y externa porque es el Estado contradiciendo al mismo Estado, en una actuación que avaló en su momento y ahora por circunstancias políticas, las desconoce y las manda a anular cuando ya son “cosa juzgada, es decir, ya hay una lápida sobre ella”, dijo Novoa.
LIBIA AUMENTÓ SUS ACCIONES
La sentencia anulada en noviembre del 2014 por la juez Eveling González Betancourt, titular del Juzgado Noveno Distrito Civil de Managua, es la 174 emitida el 11 de mayo del 2004 por Roberto Gómez Rosales, entonces titular del Juzgado Distrito Civil de Tipitapa, la cual aprueba la modificación del pacto social de la empresa Anilib —donde el país árabe pasó de 49 a 97 por ciento de las acciones, por aumento de capital, en el 2004— tras una reunión de accionistas en Libia y Nicaragua redujo su participación al 3 por ciento, porque no aportó capital.
“La sentencia no fue impugnada por nadie en su oportunidad. El mismo Estado fue parte actora y solicitó la sentencia que ahora posee calidad de cosa juzgada formal. Nadie cuestionó la representación de quien la solicitó ni las partes que estuvieron en el convenio”, explicó Novoa.
INSEGURIDAD JURÍDICA
En este caso es el Estado peleando contra él mismo, declarándose nulas las acciones del mismo, “eso crea una inseguridad enorme, porque el día de mañana nadie sabe que si lo que hizo el juez hoy va a ser declarado nulo por otro y que venga un funcionario a decir que lo que hizo el otro funcionario está malo, ¿a dónde queda la seguridad? Porque la cosa juzgada es la garantía que tienen los ciudadanos tanto privados como jurídicos para obtener un resultado que ya no tenga reversa”, cuestiona Novoa.
El 19 de agosto del 2014, tres años después de la derrota y muerte de Muamar Gadafi (20 de octubre del 2011), presidente de Libia —benefactor y aliado político de Ortega desde la década de los ochenta—, la Procuraduría General de la República (PGR), en representación del Estado de Nicaragua, demandó a Lybian Arab Foreing Investment Co. (Lafico) o Compañía de Inversiones extranjeras del Gobierno de Libia, por acciones acumuladas de nulidad absoluta y perpetua de la reunión de accionistas en el 2004 y de la sentencia 174.
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Según la PGR, Chester Noguera Cuadra (q.e.p.d.), presidente de la Junta General de Corporaciones Nacionales del Sector Público (Cornap), quien participó en dicha reunión en representación de Nicaragua, “no tenía facultad para disponer de bienes de mayor cuantía”, por lo tanto, según la PGR, los acuerdos de modificación de estatutos de la sociedad firmados en Trípoli, Libia, en marzo del 2004, fueron nulos.
Para Novoa este desconocimiento de la representación de Noguera es preocupante porque la Cornap actuó así en muchos otros actos, entonces “vendrías a decir que todos esos actos son nulos”.
Además, en este caso la Cornap, a través de Noguera, no dispuso de bienes, no entregó dominio sobre bienes inmuebles y en el 2003 Bolaños lo que da es un préstamo de uso sin transferir el dominio de la propiedad, explicó el abogado. Contrario a lo que hizo Ortega en el 2008, cuando aún Gadafi estaba en el poder, de donarles 1,715 manzanas de tierra a Anilib.
Libia en este pleito estuvo en la indefensión porque no los dejaron introducir ningún escrito. Fue hasta el año pasado, que vino Salaheddien M. El Busefi, asesor legal de Lafico, a tratar de reunirse con autoridades del Gobierno y resolver el problema legal de Anilib, pero nadie lo quiso recibir.
Novoa concluyó que es preocupante este precedente porque está en juego la seguridad jurídica del país, porque Nicaragua tiene muchos convenios con distintos países, que pudieran ser declarados nulos por otros gobiernos y crea inseguridad y ahuyenta la inversión extranjera.
CSJ SOMETIDA
Para Eliseo Núñez, diputado suplente del PLI, el pleito legal del gobierno de Daniel Ortega con Libia demuestra que las relaciones de este no son con los países, sino con líderes de turno. “Muerto Gadafi, muertas las relaciones con Libia y así nos puede pasar con Venezuela y Rusia”, dijo Núñez.
También describió la acción de la juez Eveling González como una “aberración jurídica”, pues esa demanda de la PGR no debió ser admitida y lo que demuestra es el dominio total del gobierno orteguista sobre el poder judicial.
En el 2013 el magistrado liberal Manuel Martínez dijo que el 70 por ciento de los puestos de magistrados y jueces estaban bajo el mando del “caudillo sandinista”, hoy en día el restante 30 por ciento se ha replegado al mando de Ortega.
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