La participación del sector privado en las directivas de las instituciones del Estado incrementará de 41 a 43 miembros con la incorporación de un delegado de los empresarios en el sector de Zonas Francas y de otro en la agencia de inversiones Pro Nicaragua, según el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri.
El aumento de la presencia del Cosep en el gobierno de Daniel Ortega ocurre cuando aún no presentan una conclusión sobre una investigación a un préstamo del INSS.
Ese crédito del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) fue destinado para la edificación de un proyecto inmobiliario en la capital, el cual fue construido por el directivo del sector privado en la caja de los asegurados, Alfonso Silva.
Aguerri prometió el miércoles 13 de enero, cuando anunció que se conformarían dos comisiones para analizar el caso, que dará a conocer las conclusiones cuando tenga un resultado del “proceso interno”.
El representante del Cosep adujo que han atendido otras prioridades durante esta semana.
Según una investigación de LA PRENSA, publicada entre el 7 y 9 de enero pasado, el INSS prestó 1.2 millones de dólares a la constructora desconocida Teleconstrucciones Guillén SA.
El supuesto presidente de la compañía beneficiada, el güirisero Santos Guillén, dijo que no participó en la constitución de la misma, realizada tres meses y 15 días antes de la aprobación del empréstito. Silva, en cambio, aceptó que fue “subcontratado” para construir el edificio de apartamentos de lujo.
El presidente del Cosep no quiso pronunciarse sobre las razones que lo motivaron a afirmar que el préstamo no supone una ilegalidad. Pidió que se dejara trabajar a la comisión de abogados hasta que llegasen a una conclusión.
EJERCEN FUNCIÓN PÚBLICA
El excontralor Agustín Jarquín Anaya, miembro de la Confederación de Profesionales de Nicaragua (Conapro) —socia del Cosep—, consideró que el asunto debe ser aclarado cuanto antes.
Aseguró que espera que la próxima semana haya un informe al calificar el caso como “una mancha” al diálogo empresarios-ejecutivo.
Jarquín, quien fue contralor en el período 1996-2000, dijo que los representantes del sector privado ante el Gobierno son funcionarios, en tanto ejercen una función pública, lo que los compromete a cumplir con la Ley.
“Entre las decisiones importantes (está) hacia dónde colocan los fondos de los asegurados, eso es una función pública, es un funcionario público representando al sector privado”, explicó Jarquín.
PROHIBICIONES
Para el excontralor no solo hay un “conflicto de interés” en el caso de Silva, sino que riñe con el artículo 130 de la Constitución, que establece que los funcionarios públicos no pueden obtener ninguna concesión del Estado ni podrán actuar como apoderados o gestores de empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras, “en contrataciones de estas con el Estado”.
“Él (Silva) estaba inhibido, no solo de conocer de la decisión del préstamo, al ser miembro de la entidad en esa posición, de haber sido beneficiario, y la empresa con la que está vinculado no podría estar relacionada con ninguna actividad, en este caso, de (los) fondos de préstamo que tenía que ver con la institución”, destacó Jarquín.
