Sustraen de juez competente a panguero procesado del Caribe Sur

Esta es la quinta vez que la Fiscalía acusa en Managua hechos que sucedieron en otra jurisdicción. Los casos anteriores fueron: la masacre del 19 de julio, el asesinato de cinco policías en Punta Gorda, el caso en Mina El Limón y el de los sindicalistas de Chichigalpa.

La audiencia inicial para el panguero Hilario Blandón será el próximo 5 de febrero a las 9:30 a.m., mientras guardará prisión en Managua. LA PRENSA/R. FONSECA

Una vez más el Ministerio Público sustrajo de su juez competente a un procesado.

Esta vez se trata del panguero Hilario Blandón, acusado ayer de homicidio imprudente en perjuicio de 13 personas de origen costarricense, que fallecieron por ahogamiento en las aguas del Caribe Sur.

El accidente se dio cuando las víctimas se trasladaban con fines turísticos en una lancha propiedad del acusado, el pasado 23 de enero, cuando volvían de Little Corn Island.

La nave naufragó por mal tiempo cuando volvía a Corn Island, donde un avión esperaba a los turistas para retornar a Managua y luego a sus respectivos países de origen.

El Ministerio Público desestimó acusación contra Ellon Absalón Pratt Blandón, ayudante de la nave al momento del naufragio.

Boanerge Fornos, abogado del panguero, argumentó en audiencia preliminar, realizada ayer en el Juzgado Sexto Local Penal de Managua, que los hechos sucedieron en Little Corn Island cuando se dirigía a Corn Island, ambas ubicadas en el Caribe Sur y no en Managua, por lo que promovió un incidente de falta de competencia territorial, pero la juez no le dio cabida.

DÉBILES ARGUMENTOS DE LA JUEZ

Quien tendría competencia territorial para conocer el caso sería el juez local del municipio de Corn Island. Pero según la juez, los hechos investigativos se realizaron en Managua, al igual que los trámites y gestiones forenses, dándole la razón con esos “argumentos” a la Fiscalía, quien solicitó a la judicial que se declarara competente para conocer el caso.

Al respecto, Fornos solicitó que dejaran sentada su protesta porque la muerte de las personas se dio en el Caribe y fue un hecho notorio y no necesitaba ser verificado. “Apelaré de ese auto porque ella (juez Ivette Pineda) no es competente para conocer el caso y necesito que lo revise un tribunal superior”, dijo Fornos.

Para justificar la radicación del caso en Managua la Fiscalía también alegó que las víctimas salieron del Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, ubicado en la capital, hacia la isla y que de Managua regresarían a sus países.

Además alegó “revictimización” de los parientes y testigos de las víctimas, al asistir nuevamente al lugar donde sucedieron los hechos.

HECHOS ACUSADOS

Según la acusación, los hechos se dieron el 23 de enero a eso de la 1:20 p.m., cuando la embarcación propiedad del acusado, llamada la Reina del Caribe, zarpó sin permiso de la Naval, con 30 turistas a bordo, de estos 26 ticos, dos estadounidenses, dos ingleses y una nica, de Little Corn Island, hacia Corn Island.

“Al acusado no le importaron las circunstancias adversas del clima, como fuertes ráfagas de viento y gran oleaje”, que según la fiscal Fabiola Mendoza, eran del conocimiento del procesado “porque días antes ya lo habían avisado”.

“A pesar de su conocimiento y experiencia se adentró en altamar sabiendo las posibles consecuencias y violando la Ley, porque sabía que no tenía autorización de zarpe”, dijo la fiscal.
Luego el fuerte oleaje volcó la barca, provocando la muerte de 13 personas, entre ellas un niño aún desaparecido.

La judicial después de resolver el incidente por falta de competencia territorial, admitió la acusación y ordenó la prisión preventiva contra el panguero, argumentando la gravedad del hecho y la magnitud del daño causado. También giró oficio al Instituto de Medicina Legal, para que atienda al procesado, ya que su defensa, Fornos, solicitó sea valorado por psicólogos y psiquiatras forenses, porque él también sufrió en la tragedia.

Esta es la quinta vez que la Fiscalía acusa en Managua hechos que sucedieron en otra jurisdicción. Los casos anteriores fueron: la masacre del 19 de julio, el asesinato de cinco policías en Punta Gorda, el caso en Mina El Limón y el de los sindicalistas de Chichigalpa.

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