Gastos de demandas en Sweetwater serán una carga más para contribuyentes

La Comisión de Sweetwater decidió revocar el veto del alcalde Orlando López, y determinó continuar con el proceso de demandar en una Corte al edil por supuesto incumplimiento de la Constitución

Comisión de Sweetwater demandará al alcalde de esa ciudad en Florida, Estados Unidos, en los próximos días. LA PRENSA/J. FLORES

Las diferencias políticas entre el alcalde de Sweetwater Orlando López, y la junta de Comisionados, han terminado con demandas en Corte, lo que significará una carga más para los contribuyentes de esa ciudad actualmente envuelta en una crisis financiera.

La Comisión de Sweetwater decidió revocar el veto del alcalde López, y determinó continuar con el proceso de demandar en una Corte al edil por supuesto incumplimiento de la Constitución e ignorar las resoluciones de ese cuerpo colegiado.

Pero el alcalde se adelantó a sus adversarios y los demandó ante un Juez el pasado 25 de enero, días antes que la Comisión resolviera sobre el veto que el mismo López puso en contra de la medida de llevarlo a Corte.

El caso en la Corte es el número 2016-001926-CA-01, se trata de una demanda civil.

La demanda del jefe del Ayuntamiento en contra de sus colegas ha ocasionado reacciones.

“Si es un delito el que haya votado en contra de aumentar los impuestos a los residentes de mi ciudad, entonces que me condenen”, reaccionó la comisionada Idania Llanios, que aseguró que la Comisión determinó hacer reajustes en el presupuesto para no afectar a los ciudadanos con más impuestos.

En torno a los argumentos del alcalde López, que alega que la ciudad no tiene fondos para operar, la comisionada Llanios respondió que “la solución es hacer ajustes, no traer más empleados para causar problemas en el presupuesto porque los trabajadores que trajo (el alcalde) no estaban presupuestados”, aseveró.

Por su parte los comisionados Prisca Barreto y José Bergouignian, se pronunciaron a favor de esperar la decisión del Juez, “para que defina quién tiene la razón”.

Entre tanto, el presidente de la comisión Jose M. Díaz, valoró la demanda del alcalde como “estrategia barata”.

“Esperamos 5 o 6 meses para ver si él alcalde se acogía a la enmienda que se le hizo al presupuesto y operar la ciudad con ese presupuesto balanceado que aprobó la comisión, él ha hecho caso omiso a las instrucciones de la comisión”.

De acuerdo a Díaz, la demanda de López, carece de esencia y consideró que se trata de una táctica dilatoria.

“El alcalde ha querido gobernar ignorando la función legislativa de la Comisión y creemos que es una forma incompetente porque vivimos en un país democrático donde los cuerpos legislativos y ejecutivo tienen que conversar y llegar a un acuerdo y generar un gobierno que sea justo y acorde a las necesidades de la comunidad”.

Mientras el comisionado Manuel Duasso, dijo que el alcalde trata a los comisionados como “peleles” y lo comparó con el presidente de Venezuela Nicolás Maduro, ya que alega tiene acciones autoritarias.

Duasso dijo públicamente durante la sesión de la Comisión que el alcalde ha despedido personal, “entre ellos a la secretaria de la oficina de Comisionados, que llevaba 10 años de laborar, despidió a 14 policías, vota a empleados y trae a personal por compromisos políticos que no están en el presupuesto, nosotros hablamos y él se ríe, nos ha vetado cuatro veces (las resoluciones) pero ahí no termina la cosa, esto es imposible seguir gobernando de esta forma, se nos ha acusado de un delito y es el no querer aumentar los impuestos”.

Por su parte la comisionada Isolina Maroño, es de la opinión que el alcalde López tiene el derecho de defenderse.

“El siente que la Comisión no lo está apoyando, que no lo han dejado trabajar y por supuesto está bien que nos lleve a la Corte”.

Maroño no votó a favor de la revocación del veto para llevar ante un Juez al edil, a su juicio no tiene sentido porque el Juez decidirá quién tiene la razón.

“No es necesario que lo llevemos, si ya él nos llevó a la Corte, eso será gastar más dinero”, apuntó.

Maroño dijo desconocer los costos de la demanda, que podría significar varios cienes de miles de dólares a los contribuyentes.

Ambas partes han contratado abogados externos.