El equipo periodístico del diario mexicano Milenio, compuesto por Irene Selzer y Hugo López, ingresó a Nicaragua con el objeto de realizar un reportaje especial por el centenario del fallecimiento de Rubén Darío, pero para su sorpresa las autoridades de nuestro país ocuparon sus equipos sin explicación alguna e indicándoles los retiraran en el Instituto de Turismo. El incidente es una restricción a la libertad de expresión y un ejemplo de la política de censura a la prensa extranjera.
En Nicaragua, contrario a lo que quiera hacer creer el régimen, no existe libertad de expresión, este derecho implica la posibilidad de buscar información y difundirla libremente sin temor a represalia. Negar entrevistas e información pública a medios de comunicación críticos a la gestión gubernamental, más que un acto de arrogancia, es un importante menoscabo a la libertad de expresión, igualmente lo son las constantes agresiones que han sido víctimas los periodistas y la ocupación y destrucción de sus equipos, a manos de autoridades o tolerados por estas.
Cuando se habla de censura, muchos tendrán presente al régimen sandinista de la década de los ochenta, quienes debían dar el visto bueno a las publicaciones, pero lo cierto es que no es la única manera de ejercer censura. La destrucción y ocupación de equipo a periodistas es una forma de censura por tener como objetivo final la libre circulación de información, al impedir la documentación o bien evitar u obstaculizar su publicación.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos expresó en el Caso Palamara Iribarne vs. Chile que la censura previa es: “El prototipo de violación extrema y radical de la libertad de expresión, ya que conlleva su supresión. Tiene lugar cuando, por medio del poder público, se establecen medios para impedir en forma previa la libre circulación de información, ideas, opiniones o noticias, por cualquier tipo de procedimiento que condicione la expresión o la difusión de información al control del Estado, por ejemplo, mediante la prohibición de publicaciones o el secuestro de las mismas, o cualquier otro procedimiento orientado al mismo fin” (párr. 68).
El caso del equipo periodístico del diario Milenio no es un hecho aislado, recordemos la arbitraria detención, ocupación de equipo y expulsión de los periodistas Héctor Retamal y Michèle Sennesael. Si Ortega quiere deslindar responsabilidad por este último acto de censura, debe declarar públicamente su condena al hecho, realizar una investigación y determinar responsabilidades, si eso no se hace, asume de forma objetiva la responsabilidad por este acto de censura.
Es curioso y hasta me cuesta admitirlo, pero lo cierto es que Somoza tenía mayores actos de decencia que el actual régimen. Mientras Ortega no concede entrevistas y ningún periodista que haya cuestionado su gestión en la última década ha podido abordarlo, en plena guerra civil y en el mayor punto de decadencia de la dictadura somocista, periodistas extranjeros interpelaron al dictador tras la muerte del reportero de ABC Bill Stewart y hasta entregaron una carta de protesta suscrita por 97 periodistas extranjeros. Somoza tenía la decencia de brindar conferencias de prensa.
En la censura a periodistas extranjeros, el objeto del régimen es que lo que ocurre en nuestro país no se sepa, y minimiza el daño al entrar en juego la asistencia consular y las relaciones diplomáticas. En los casos de Retamal y Milenio, se hizo necesaria la intervención de los respectivos cónsules y como es de esperarse, estos no brindan declaraciones sobre el tema, ni hicieron un enérgico reclamo ante el atropello, justamente para evitar que el incidente escale a una crisis de las relaciones diplomáticas entre ambos países, es decir, el régimen apuesta al chantaje diplomático para censurar a los periodistas extranjeros.
El autor es maestro en Derechos Humanos
