Organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos así como partidos políticos opositores condenaron este miércoles la expulsión del país del activista de derechos humanos y director regional de Freedom House, Carlos Ponce. Este caso se suma a una serie de hechos en los que el Gobierno de Daniel Ortega ha utilizado, en su mayoría, a funcionarios de Migración y Extranjería para actuar al margen de la ley.
El director ejecutivo del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Mauro Ampié, considera que acciones como estas “que no están amparadas en ninguna legislación”, colocan a Nicaragua con “una imagen de país hostil”.
REACCIONA EMBAJADORA DE ESTADOS UNIDOS
A la condena de la sociedad civil nicaragüense se suma la preocupación de la embajadora estadounidense, Laura F. Dogu, a través de su cuenta de Twitter.
“Preocupada que se impida @cponce @FreedomHouseDC reunirse con soc. civil y @USEmbNicaragua. Libertad de expresión clave para #democracia”, escribió la diplomática en su cuenta de Twitter.
Carlos Ponce fue expulsado la mañana del miércoles 3 de febrero, luego de ser retenido la noche del martes por autoridades migratorias del Aeropuerto Augusto C. Sandino.
“Que me detengan o expulsen de Nicaragua no evita que se sepa que el Gobierno de Ortega es autoritario”, expresó Ponce, luego de ser expulsado oficialmente del país.
Ponce llegó a Managua el martes, para sostener reuniones con organizaciones nacionales de derechos humanos, de la sociedad civil y funcionarios de la Embajada estadounidense en Managua y a la vez presentar resultados de un informe mundial sobre derechos humanos, en el que Nicaragua no sale bien evaluado.
El Gobierno argumentó para la expulsión de Ponce, que este estaba impedido de entrar por “motivos administrativos”, lo cual no tiene fundamentos legales.
12 CASOS DE EXTRANJEROS
A la fecha el Cenidh contabiliza unos doce casos de extranjeros que han recibido similar tratamiento en los últimos cuatro años. En su mayoría los afectados son periodistas, defensores de derechos humanos, cineastas, artistas o con algún tipo de liderazgo en sus comunidades.
“Ya se está volviendo una costumbre de estar impidiendo o deportando a defensores de derechos humanos; lo que está demostrando es que el Gobierno tiene mucho temor, porque ellos saben el nivel de inconformidad que hay, por tantas injusticias y atropellos”, afirmó Violeta Granera, del Movimiento Por Nicaragua.
“Esto demuestra que la frontera y la independencia de poderes y que las funciones de cada institución no están siendo cumplidas por el ente competente, sino por una autoridad superior que ordena y decide de manera arbitraria, intolerante y abusiva”, agregó Granera.
HOSTILIDAD E INTOLERANCIA
El Cenidh emitió un comunicado a través del cual repudia el hecho que “confirma la hostilidad e intolerancia del Gobierno de Nicaragua hacia la labor de promoción y defensa de los derechos humanos y hacia discursos que sean distintos al discurso oficial”.
Para perpetrar estos hechos, señala el Cenidh, “el poder se está valiendo de las autoridades de Migración, quienes actúan al margen de la ley, no informan a los afectados los motivos de sus decisiones, no les permiten comunicarse con sus embajadas, familiares o contactos y les expulsan sin ofrecerles explicación alguna”.
VARIOS ORGANISMOS RECHAZAN EXPULSIÓN
Al igual que el Cenidh, la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), Asociación de Periodistas de Nicaragua, Movimiento Por Nicaragua (MPN), Movimiento Puente, Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (Redlad) Equipo País, Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia (Juventudlac) Equipo País, Diálogo de Mujeres por la Democracia, Unión Ciudadana por la Democracia y Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco) suscribieron un pronunciamiento de rechazo a la expulsión de Ponce.
“Llamamos al Gobierno y Estado de Nicaragua a que cese esta actitud de represión y limitación del derecho a defender derechos que desde Naciones Unidas se han reconocido a los y las defensores de derechos humanos”, señalan las organizaciones en un pronunciamiento leído por el secretario ejecutivo de la CPDH, Marcos Carmona.
Las organizaciones firmantes de ese pronunciamiento en su mayoría tenían programados encuentros con Ponce durante su visita a Nicaragua.
Por su parte, Edipcia Dubón, miembro de Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (Redlad) Equipo País, recordó que durante su visita Ponce presentaría los resultados del informe mundial de derechos humanos y democracia “donde efectivamente Nicaragua no salía bien evaluada y quizás esa es una de las razones por las que el régimen no permitió su ingreso al país”.
El secretariado permanente de la Redlad, compuesta por más de 520 organizaciones, también emitió una alerta a través de la cual “rechaza la censura del Gobierno de Nicaragua en negarle la entrada a un defensor de derechos humanos” y denuncia “la criminalización” en su contra, al tiempo que le hace un llamado al Estado de Nicaragua a respetar el derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica, así como brindar información clara sobre el acceso denegado.
Álvaro Leiva, secretario ejecutivo de ANPDH, lamentó esta situación e indicó que le enviarán una correspondencia al Ministerio de Gobernación a fin de que ofrezca una explicación de lo ocurrido con Ponce.
Leiva recordó que esta situación se sumaría a una petición que han efectuado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “en función de garantizar esa tutela de derechos que demandan los nicaragüenses”.
El MRS resaltó que la “deportación de Carlos Ponce, solo muestra la debilidad e intolerancia del régimen y su temor a la denuncia internacional sobre la situación de Nicaragua”.
Hagamos Democracia, por su parte confirmó que estaba entre las organizaciones con las que Ponce sostendría entrevista hoy a las 4:00 p.m., e indica que se suma al llamado de la Redlad, de la cual es parte, y exige información clara sobre el acceso denegado al director regional de Freedom House.
“¿Por qué se criminaliza al representante de Freedom House, que venía a conversar e intercambiar información con organismos de sociedad civil?”, pregunta Hagamos Democracia. Al tiempo que responde: “Porque los tres pilares de la sociedad civil son: las asociaciones privadas voluntarias, la descentralización del Estado y la delegación del poder político a entidades independientes, todo lo cual Ortega lo razona como una desviación peligrosa de su proyecto faraónico, porque la delegación y balance de poderes los considera un ataque al miocardio de su sistema político”.
SE SUMA A CONDENA
Eduardo Montealegre, presidente nacional del Partido Liberal Independiente (PLI), condenó la expulsión de Carlos Ponce, a quien asegura conocer como una persona que lucha por la democracia, los derechos humanos y las libertades públicas a través de la organización Freedom House, con sede en Washington, pero con presencia en varios países.
“Conocemos bien a Carlos Ponce, un amigo de la democracia que ha luchado mucho por la libertad y los derechos humanos y me parece una barbaridad que por luchar por las libertades haya sido expulsado de Nicaragua. Lamentamos este atropello del Gobierno de Ortega”, dijo Montealegre, cuyo partido emitió un comunicado a través del cual condena el hecho.
