El presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, pidió a los militares prófugos requeridos por un juez español por el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos mujeres en 1989, que se entreguen a la justicia.
La justicia española pidió en enero el arresto de 17 militares retirados salvadoreños por estos crímenes. Cuatro de ellos fueron detenidos en El Salvador en las últimas horas y otro en Estados Unidos, pero 12 seguían prófugos este sábado.
«Mi recomendación es que se entreguen a la justicia, que la justicia decida si los extradita o no los extradita, pero lo mejor para el país es que se entreguen», declaró el mandatario en el marco de un acto en San Miguel, 135 km al este de San Salvador.
Sácnhez Cerén justificó que la Policía detuvo a los cuatro militares «cumpliendo todos los procedimientos» y aclaró que «no hemos agredido a nadie».
«Hay personas que se han ocultado, no sabemos si ya salieron del país, pero mi recomendación es que se entreguen», insistió el gobernante izquierdista.
Tras ser cuestionada por organismos humanitarios por su inacción, la Policía salvadoreña inició el viernes una amplia operación para detener a 16 de los 17 militares que permanecían en el país.
También mataron a dos mujeres
La madrugada del 16 de noviembre de 1989, en el marco de la guerra civil (1980-1992), un destacamento militar asesinó en el campus de la jesuita Universidad Centroamericana a seis sacerdotes, entre ellos el español-salvadoreño Ignacio Ellacuría, rector de esa casa de estudios y prominente defensor de la Teología de la Liberación.
Los militares también asesinaron a los sacerdotes españoles Ignacio Martín Baró (vicerrector), Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno, el cura salvadoreño Joaquín López y la empleada doméstica Elba Ramos y su hija Celina.
Sánchez Cerén insistió que «hemos tenido que tomar esa decisión (arrestar a los militares requeridos por España) porque estamos comprometidos como gobierno a cumplir las normas internacionales».
«Hay una difusión roja (de Interpol) y esa difusión roja obliga al gobierno a proceder a la captura», aclaró el presidente.
Poco antes, la Policía salvadoreña informó que cuatro militares habían sido detenidos.
«En cumplimiento de la notificación roja emitida por Interpol», fueron detenidos el coronel Guillermo Alfredo Benavides (exdirector de la Escuela Militar), y los subsargentos Antonio Ramiro Ávalos Vargas y Tomás Zarpate Castillo, dijo la Policía en su cuenta de Twitter.
También fue detenido el cabo Ángel Pérez Vásquez.
Los crímenes del pasado, según Sánchez Cerén, se deben ver desde una óptica diferente promoviendo una distensión.
«Vamos a tratar de impulsar esa política de tratar de incidir en el pueblo, a que el pueblo también tenga espacio para perdonar los hechos cometidos en el pasado», dijo.
Coronel arrestado en EE.UU.
Los militares, que en 2011 mediante una decisión de la Corte Suprema salvadoreña habían sorteado la extradición a España, al quedar en manos de los jueces su extradición deberá ser autorizada por la Corte Suprema.
El 5 de enero pasado, apoyado en una nueva resolución de la Corte Suprema salvadoreña que abrió las puertas a la extradición, el juez de instrucción Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional española (máxima instancia penal), reiteró a Interpol que «aún se encuentran pendientes de cumplimiento las órdenes internacionales de detención» contra los 17 militares retirados.
Además de los cuatro detenidos, son requeridos, entre otros, el coronel Inocente Orlando Montano; los generales Rafael Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo y Juan Orlando Zepeda; y los oficiales Francisco Elena Fuentes, José Ricardo Espinoza Guerra, Gonzalo Guevara Cerritos y Óscar Mauricio Amaya Grimaldi.
También son requeridos Antonio José Alberto Sierra Ascensio, Joaquín Arnoldo Cerna Flores, Carlos Mauricio Guzmán Aguilar, Héctor Ulises Cuenca Ocampo y Óscar Alberto León Linares.
En el caso del coronel Montano, que vive en Estados Unidos, el viernes una jueza de Carolina del Norte lo puso en detención, al considerar que es procedente su extradición a España.
«La corte encuentra evidencias en los documentos de España que existen pruebas suficientes para creer que el acusado cometió los crímenes que se le imputan», por lo que Montano «será sujeto a extradición», escribió la jueza Kimberly Swank.
«Orlando Montano habría sido uno de los miembros clave y necesario en el asesinato terrorista y crimen contra la humanidad de los jesuitas y sus empleadas», dijo por su parte la Asociación Pro Derechos Humanos de España en un comunicado.
