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El exmagistrado Julio César Osuna, al salir de los juzgados en el 2012. LA PRENSA/ARCHIVO

Gobierno evade dar información sobre libertad de exmagistrado Osuna

“Tienen que revisar las reformas del Código Penal para que vean allí las facultades del Sistema Penitenciario”, dijo la ministra de Gobernación Ana Isabel Morales.

La ministra de Gobernación Ana Isabel Morales no quiso aclarar bajo qué circunstancias o facultades legales el Sistema Penitenciario Nacional dejó en libertad al exmagistrado del CSE Julio César Osuna, a quien el Poder Judicial condenó en el 2013 a 23 años de cárcel bajo cargos de narcotráfico y crimen organizado.

“Tienen que revisar las reformas del Código Penal para que vean allí las facultades del Sistema Penitenciario”, justificó la funcionaria de gobierno.

A Morales se le consultó también si en el caso de Osuna había un dictamen de Medicina Legal que hiciera constar que este se encuentra enfermo y que estas son las causas por los cuales Gobernación lo dejó en libertad, sin embargo la funcionaria no respondió a esa pregunta abordando a toda prisa su vehículo asistida por su guardaespaldas.

El Poder Judicial ha expresado sobre la liberación de Osuna, no tener nada que ver, de acuerdo a declaraciones que dio recientemente la presidenta de ese poder, Alba Luz Ramos.

Osuna, miembro del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), fue liberado mediante una resolución administrativa del Sistema Penitenciario Nacional (SPN), institución adscrita al Ministerio de Gobernación.

“GOBERNACIÓN NO ESTÁ FACULTADO”

El penalista Álvaro García asegura que la repuesta de la ministra de Gobernación “es equivocada”, al afirmar que el Sistema Penitenciario “solo puede cambiar régimen carcelario, pero no puede cambiar nunca medidas cautelares”, aclara el experto en la materia.

De acuerdo con el penalista, las medidas cautelares, según la Ley 745, es competencia de los jueces.
En ese sentido, el penalista, aclaró que la reforma al Código Procesal Penal establece que es el juez el único capacitado para resolver el cumplimiento de una pena.

“Esa repuesta es una chamarrada. No puede Gobernación cambiar medidas cautelares”, reiteró García.
Por su parte, el jurista José Pallais Arana asegura que en la liberación del exmagistrado César Osuna no se ha demostrado que exista fundamento jurídico.

“Aún no se demuestra que exista fundamento jurídico que justifique la liberalidad, que bajo procedimiento administrativo se ha adjudicado el Sistema Penitenciario Nacional”, comentó Pallais Arana.
El también constitucionalista señala que los jueces que tienen a cargo las ejecuciones de pena y ponen en libertad al reo por enfermedad tienen que respaldarlo con un dictamen de Medicina Legal.

“Gobernación no puede cambiar medidas cautelares. Es competencia del juez de ejecución de pena y en caso particular procedería si se justificara con un dictamen de Medicina Legal de que el caso se puede catalogar, de que el preso sufre de una enfermedad terminal. No han podido justificar que existe ese dictamen forense, entonces queda al descubierto la falta de una explicación ajustada a Derecho”, criticó.

Las máximas autoridades del Sistema Penitenciario Nacional, pese a las críticas por la libertad de Julio César Osuna, no han aclarado las facultades legales que los llevó a liberarlo.

NO EXISTE SUSTENTO LEGAL

El magistrado del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Manuel Martínez, ha expresado que el exmagistrado Osuna, salió en libertad por “múltiples enfermedades”, pero tampoco ha demostrado con hechos qué procedimientos se usaron para que este recobrara su libertad, pese a que estaba condenado por delitos graves, como es crimen organizado.

El magistrado Armengol Cuadra, presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), prometió hace días que solicitaría al Sistema Penitenciario Nacional un informe sobre la libertad de Osuna; sin embargo aún se desconoce si la Corte Suprema de Justicia (CSJ) pidió dicho informe.

El magistrado Martínez también confirmó que nunca fue enviado al Instituto de Medicina Legal (IML) para ser valorado, por lo cual, a criterio de los abogados consultados, “no hay pericia legal que respalde ese presunto estado grave de salud”.

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