Amnistía Internacional se pronunció este martes 9 de enero sobre lo que califica de irresponsabilidad la manera en que Nicaragua está aborda “su proyecto multimillonario, para construir un canal que partirá en dos el país, provocará el desplazamiento de decenas de miles de personas al poner en peligro sus medios de subsistencia”.
En una nota de prensa emitida por esa organización, Erika Guevara-Rosas, directora del Programa de Amnistía Internacional para América señala que “es indignante que Nicaragua se proponga seguir adelante con un megaproyecto que destruirá la vida de muchas comunidades sin tener siquiera en cuenta su opinión”.
Y apunta Guevara-Rosas : “Comerciar con los derechos humanos fundamentales de las personas por dinero no sólo es moralmente reprobable, sino también ilegal. Las autoridades nicaragüenses deben asegurarse de escuchar a los colectivos más afectados por la construcción del canal y tener en cuenta sus opiniones a la hora de tomar decisiones.”
La reacción de Amnistía Internacional ocurre luego que representantes de algunas de las comunidades que viven en la zona donde está prevista su construcción introdujeron un recurso de amparo, a través del cual se han quejado de que no han sido debidamente consultadas por las autoridades sobre las consecuencias de este proyecto para sus medios de vida.
En el recurso, dirigentes de las comunidades indígenas y afrodescendientes del Territorio Rama y Kriol manifiestan que autoridades estatales han presionado a las comunidades para que den su consentimiento al proyecto. A pesar de las peticiones de información de las comunidades, hasta la fecha no han sido informadas con detalle sobre los efectos del canal en sus medios de vida, su territorio y su cultura.
Amnistía Internacional se refiere al recurso de amparo presentado el 7 de febrero por los señores Santiago Emmanuel Thomas, Rupert Allen Clair Duncan, Víctor Hulse Clair y Alvin McCrea Billis, y miembros de los Gobierno Comunales de Monkey Point, Wiring Cay, Bangkuku Taik y del Gobierno Territorial Rama y Kriol (GTR-K), en el municipio de Bluefields, Región Autónoma del Caribe Sur (RACS), ante el Tribunal de Apelaciones de Bluefields en contra de varios funcionarios públicos en la región, por considerar que vulneraron la autodeterminación del pueblo Rama y Kriol al haber presionado desde el día 8 hasta el día 10 de enero de 2016 a miembros del Gobierno GTR-K para que firmaran un Acta, “expresando falsamente que se ha realizado la Consulta Libre, Previa e Informada en el territorio” y por tanto daban su“Consentimiento” autorizando a miembros del GTR-K para realizar negociaciones con la autoridad del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua.
