La acusación pública del señor Javier Barquero contra el Procurador General de la República, Hernán Estrada, amerita por lo menos una aclaración oficial igualmente pública, si no es que una investigación institucional a fondo.
Nos referimos a la denuncia que Barquero presentó ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), de la cual informó LA PRENSA en su edición de este martes 9 de febrero, acerca de la supuesta implicación del Procurador General en un oscuro proceso judicial en el cual la abogada Skarlette María Pomares ha sido condenada por el delito de usurpación de funciones.
Según la denuncia de Barquero, la abogada Pomares habría actuado como agente del Procurador General en un caso de indemnización estatal de cinco millones de dólares por unas tierras que eran de su propiedad. El cuarenta por ciento de esa enorme suma de dinero supuestamente le corresponderían al Procurador y, del 60 por ciento restante, el 10 por ciento sería para la abogada.
El denunciante se identifica a sí mismo como militante activo del FSLN y exmiembro de la Seguridad del Estado de la dictadura sandinista de los años ochenta. Asegura que envió una carta a Daniel Ortega informándole sobre el caso y, que 36 horas después fue llamado por un procurador penal, quien pretendió hacerlo desistir de la denuncia o que excluyera de la misma al Procurador General. Además, según Barquero, el procurador penal pretendía que dijera que la abogada se le presentó como funcionaria de la Procuraduría, a lo cual se negó porque ella se identificó como “operadora” del Procurador General.
La abogada Pomares fue sentenciada a tres años y medio de cárcel, en un juicio rápido para el cual ni siquiera se citó al denunciante ni a sus testigos. Fue por los medios de comunicación que Barquero supo que este lunes sería leída la sentencia contra la abogada, que fue de tres años y medio de prisión pero dejándola en libertad con la obligación de presentarse en los juzgados mensualmente.
De la denuncia de Barquero no se puede deducir que el Procurador General Hernán Estrada sea culpable. Por el contrario, él tiene que ser considerado inocente mientras un tribunal competente no lo declare culpable. Pero en Nicaragua no hay tribunal competente para casos como este. Con un poder judicial sometido a un partido político y a un caudillo autoritario, la justicia no funciona de manera ecuánime como por principio debería de ser. Este caso ni siquiera podría ser investigado por el sistema de control del Estado, el cual está desvirtuado y deslegitimado por la misma subordinación política al poder orteguista. No es en balde que en el último informe de Transparencia Internacional sobre percepción de corrupción en el mundo, del año pasado, Nicaragua haya ocupado el lugar 137.
Se conoce que la mejor receta contra la corrupción radica en la separación de poderes, una justicia independiente y honesta y una prensa libre que pueda fiscalizar el ejercicio del poder público. Pero en Nicaragua no hay separación de poderes, la justicia está politizada y corrupta y a la poca prensa independiente que queda no se le permite hurgar en los sombríos rincones del poder.
En esta situación lo que sorprende no es que haya corrupción en Nicaragua, sino que no sea peor de lo que es.
