El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), presentó este jueves 11 de febrero en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un recurso en el que solicita la inconstitucionalidad parcial de la Ley 919, Ley de Seguridad Soberana, en vigencia desde diciembre del año pasado, por considerar que contiene un planteamiento contrario a la Constitución Política de la República.
El recurso fue presentado en contra del presidente de la Asamblea Nacional, René Núñez, de la diputada Iris Montenegro que al momento de la aprobación de la ley estaba en funciones como presidenta y en contra del presidente inconstitucional, Daniel Ortega por mandarla a sancionar.
“La referida ley pretende regular todos los tipos de seguridad, tanto interna como externa y los engloba junto con otros tipos de seguridad, en un nuevo término que denomina ‘seguridad soberana’, pero que además de juntar los conceptos, implica crear una nueva estructura de seguridad, que mezcla tanto al Ejército, como a la Policía y otras instituciones que recopilan información”, dice el Cenidh en el recurso presentado ayer en la Secretaría de la CSJ.
Con los términos utilizados en la ley, dice el organismo de derechos humanos, toman distancia de conceptos acuñados en instrumentos internacionales de los que Nicaragua es parte como son Seguridad ciudadana y Seguridad democrática.
El director ejecutivo del Cenidh, Mauro Ampié presentó un escrito de recurso en la Secretaría de la CSJ, a través del cual alega que esa ley roza con múltiples disposiciones constitucionales. Señala que la ley, atribuye a la seguridad el carácter de soberana cuando la Constitución hace depositar la soberanía al pueblo.
AMBIGÜEDAD CON EL SOBERANO
“Hace referencia al soberano sin especificar a quien está refiriéndose, existiendo la posibilidad de que esta brinde un margen de aplicación discrecional que vaya en detrimento de derechos constitucionales”, dice Ampié, que menciona los derechos a manifestación, libertad de expresión, de reunión, de asociación y de defender derechos humanos que están siendo violentados.,
Al tiempo que resalta, que para el ejercicio de este último derecho es fundamental tener la posibilidad de expresarse libremente y de participar en manifestaciones y reuniones.
Ampié externó la preocupación de que la ley “intenta darle forma legal a prácticas violatorias de derechos humanos que el Cenidh ha confirmado”.
Y pide a la CSJ la revisión respecto a la falta de concordancia encontrada en la ley con las disposiciones de la Constitución y que analice si esta norma es violatoria además de la Convención Americana de Derechos Humanos y de otros instrumentos internacionales.
Ampié por su parte menciona por ejemplo, que al atribuirle al Ejército de Nicaragua la Secretaría que estará a cargo de la implementación de las acciones de esta ley, da pie también al espionaje por motivaciones políticas y representa un duro golpe para los derechos humanos y para la forma democrática de gobierno, sostuvo el director del Cenidh.
El recurso recuerda que de acuerdo al artículo 130 de la Constitución Política “ningún cargo concede a quien lo ejerce más funciones que aquellas atribuidas por la Constitución y las leyes. Todo funcionario público actuará en estricto respeto los principios de constitucionalidad y legalidad”.
Y en este caso la Ley 919 otorga facultades al presidente de la República al margen de las atribuciones establecidas en el Constitución Política, ya que no corresponde al Ejecutivo dirigir, organizar y conocer sobre asuntos de carácter penal que son competencia de la Policía Nacional con la prevención e investigación del delito; del Ministerio Público, con el ejercicio de la acción penal y del Poder Judicial con la administración de justicia.
“El ámbito penal está delimitado en el Código Penal de Nicaragua y leyes aprobadas conforme al orden constitucional relacionado al mismo”, señala el Cenidh. Además, Ampié considera que la ley plantea una violación al Estado laico reconocido en la Constitución pues pretende imponer un modelo único al hacer mención a la fe, la familia y la comunidad.
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“Es una ley que propicia una amplia discrecionalidad en las autoridades, una ley que desnaturaliza las funciones que otorga la Constitución al Ejército de Nicaragua atribuyéndole la Secretaría que estará a cargo de la implementación de las acciones de esta ley, que da pie también al espionaje por motivaciones políticas y que representa un duro golpe para los derechos humanos y para la forma democrática de gobierno”, sostuvo el director del Cenidh.
Además, Ampié considera que plantea una violación al Estado laico reconocido en la Constitución pues pretende imponer un modelo único al hacer mención a la fe, la familia y la comunidad.
RESTRINGE DERECHOS
El Cenidh señala en su escrito
que el recurso busca asegurar que el poder público no se exceda en el ejercicio de sus funciones; con una norma que restringe los derechos y libertades de los ciudadanos por ser parte de una política de “defensa y seguridad” que invade el ámbito penal.
Esto porque, señala el recurso “sin reformarlo expresamente, establece conductas individuales que implican el ejercicio de funciones estatales que amenazan la libertad individual y demás derechos fundamentales debidamente reconocidos en nuestra Constitución Política e instrumentos internacionales de derechos humanos, con mecanismos ilegales por invadir funciones que corresponden a otras instituciones”. En el recurso detalla una serie de disposiciones constitucionales que son violentadas con la ley, entre estas pluralismo político, Estado laico, derecho a la vida privada, igualdad ante la Ley.
Es una ley que propicia una amplia discrecionalidad en las autoridades, una ley que desnaturaliza las funciones que otorga la Constitución al Ejército de Nicaragua”
Mauro Ampié/director ejecutivo del Cenidh
