A casi cinco años de que Miguel Ángel Núñez Martínez fue notificado públicamente a través del Diario oficial La Gaceta, que retirara de Tesorería de la República los bonos de indemnización por un millón 97 mil 500 córdobas, por una propiedad declarada de utilidad pública, la Procuraduría General de la República (PGR) lo manda a dirimir el caso en los tribunales.
El hombre denunció que su propiedad de más de tres mil metros ubicada en Chinandega, fue declarada de utilidad pública por el Estado en 1991, y el 30 de junio del 2011 fue notificado de la indemnización. Pero cuando se presentó a la Tesorería lo mandaron nuevamente a la PGR y allí empezó lo que califica como “calvario”.
El denunciante asegura que durante ese tiempo ha recurrido a los organismos de derechos humanos y a la PGR pero no ha logrado respuesta. En 2014 el procurador de la propiedad de ese entonces, respondió a través de una carta al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) que el caso estaba en revisión.
Ayer el procurador nacional de la propiedad, José Luis García, alegó que el denunciante ha sido atendido y deberá dirimir el caso en los tribunales porque aparece otra persona con un título supletorio extendido en 2006 con esa misma propiedad y “hay un conflicto entre particulares”.
García no supo explicar a LA PRENSA como es que en 2011 Núñez fue citado para retirara una indemnización y se limitó a referir que “eso es lo que estamos revisando”.
La abogada del Cenidh, Wendy Flores, consideró que la PGR “se vuelve responsable” en este caso y debe indemnizar al reclamante, pues debió tener conocimiento tanto en el proceso de entrega del documento supletorio a la otra persona como de la adjudicación del Estado como dueño. Núñez puede entablar acciones legales contra el Estado porque no le están dando ningún tipo de reparación a la expropiación enfrentada, dice Flores.