Un tribunal civil envió el martes 23 de febrerouna notificación a la Fiscalía General de El Salvador para que en un plazo de 20 días presente la acusación formal contra el expresidente Mauricio Funes y su hijo por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.
La Corte Suprema de Justicia ordenó el 9 de febrero al tribunal de lo civil que iniciara el juicio contra el exmandatario que gobernó el país de 2009 a 2014, que se congelaran sus cuentas bancarias y que se permitiera la transferencia a terceros de ocho vehículos automotores de su propiedad y otros a nombre de su hijo Diego Roberto Funes Cañas.El tribunal —la Cámara Segunda de lo Civil— también liberó oficio al Registro Público de automotores a fin de que en un plazo de 10 días hábiles informe si realizó el registro preventivo de los vehículos propiedad de padre e hijo ordenado por la Corte Suprema.
Además le solicitó a cuatro bancos que informen si, como lo ordenó el máximo tribunal, ya fueron congeladas las cuentas bancarias del exmandatario.Después de conocer el informe de la Sección de Probidad, la Corte Suprema en pleno declaró que “existen indicios de enriquecimiento ilícito del expresidente Carlos Mauricio Funes Cartagena, en relación con las declaraciones patrimoniales”.
Los 15 magistrados de la Corte Suprema conocieron el informe de la Sección de Probidad en el que se determinó que el exmandatario no había logrado justificar gastos por más de 728 mil dólares. Nueve de los 15 confirmaron la decisión de enjuiciarlo.En la resolución, la Corte Suprema señaló que, según el resultado de la investigación, comparando sus ingresos y deudas, Funes “no podría tener la posibilidad de ahorrar durante su período de gestión. Sin embargo los saldos reflejados al 31 de mayo de 2014 en sus cuentas bancarias suman un total de 150,323.31 dólares, los cuales no se justifican con los ingresos reportados por el ministerio de Hacienda”.
El informe la Corte dice que “se desconoce, en total, el origen de 194,924.00 dólares utilizados para pagar tanto deudas declaradas como no declaradas”.El estatal Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) informó que, como lo había ordenado la Corte Suprema, les envió las auditorías realizadas a los expresidente Funes y Tony Saca (2004-2009) y que presentan irregularidades.Al revisar las auditorías, Jaime Campos, comisionado de ese Instituto, afirmó que Funes no pudo desvanecer los hallazgos de irregularidades en su declaración patrimonial.
“Diferencia negativa entre sus ingresos y gastos, es decir que gastaba más de los que generaba en conceptos de ingresos”, afirmó.”No se ha encontrado justificación por parte del señor Funes Cartagena, por lo tanto existen suficientes indicios que presumen enriquecimiento ilícito por parte del expresidente de la República”, señaló.Funes, que llegó al poder postulado por el partido guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), es el primer expresidente de El Salvador en enfrentar juicio por un caso de presunto enriquecimiento ilícito desde que se aprobó la ley de 1959, y el segundo exmandatario del país en ser procesado judicialmente en los últimos nueve meses por irregularidades durante su mandato.
El expresidente Francisco Flores (1999-2004) murió recientemente debido a un derrame cerebral que sufrió en arraigo domiciliario a la espera de un juicio en su contra por el desvío de 15 millones de dólares en 2001.