El Gobierno reconoció este lunes 22 de febrero que bajo el régimen de convivencia familiar ha liberado desde 2014 a más de ocho mil presos condenados por delitos leves y que cumplían penas de cinco años o menos. De ese total, 845 han sido liberados en lo que va del año.
“La noticia sugiere que se va a actuar de hecho y no de Derecho y todo lo que es una conducta que no se corresponde con lo que el Derecho establece realmente, no abona ni a la justicia ni a la seguridad jurídica ni al respeto a los derechos humanos”, afirmó el director ejecutivo del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Mauro Ampié.
La coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, Rosario Murillo, en su habitual comparecencia ante los medios oficialistas, anunció dicha disposición como parte de “una política humanitaria y de reconciliación y unidad de las familias nicaragüenses”.
LIBERADOS DESDE EL 2014
Según la comunicación oficial, en el 2014 las autoridades dejaron en libertad a 3,815 reos nicaragüenses que cumplían penas de cinco años o menos; y en el 2015 a 3,489.
Con los 845 prisioneros que dejaron en libertad en lo que va del año, suman 8,149 los beneficiados con el régimen de convivencia familiar.
La población penal de Nicaragua, hasta mayo de 2014, era de 10,569 (575 mujeres), de estos 306 extranjeros, 102 de distintas etnias, 90 con alguna discapacidad y 30 adolescentes, de acuerdo con los últimos datos oficiales. En tanto, la Policía Nacional cuenta con 506 celdas preventivas en los 153 municipios de este país, con una capacidad para 2,913 personas.
Las autoridades han reconocido problemas de hacinamiento en las cárceles. El Gobierno también informó ayer que deportarán a cinco prisioneros de otras nacionalidades que cumplen condenas en Nicaragua, a fin de que las terminen en sus países.
Los prisioneros de otras nacionalidades que han sido deportados para cumplir sus sentencias en sus países de origen suman 94 desde el 2014 hasta la fecha.
DISCRECIONALIDAD EN AÑO ELECTORAL
Este tipo de disposición se vuelve discrecional o puede presentarse como un privilegio para algunos, manifestó el director del Cenidh, quien apuntó: “Podríamos estar ante uno de los mecanismos que tiene el poder para presentar unas condiciones más favorables en un año electoral”.
Con Ampié coincide el secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona, quien señaló: “Nosotros lo estamos viendo como una campaña política de cara al proceso electoral”. Carmona refirió que ha conocido que muchos de los liberados han sido sacados de las cárceles sin ningún documento y solo les dicen que es “una amnistía presidencial”.
Ambos defensores de derechos humanos critican que este tipo de disposiciones demuestra la invasión del poder ejecutivo al poder judicial.
Ampié criticó este planteamiento, pues recordó que se trata de casos relacionados con delitos comunes “y estamos hablando también de un país donde en los últimos años hemos visto, con indignación, incluso, que delitos que merecían penas de mucha gravedad fueron sancionados con dos años de cárcel o con tres años de prisión”.
“Aquí hay una manipulación… lo que cuestionamos es la forma, el procedimiento”, señaló Carmona.
Ampié recordó que este tipo de medidas afecta a los familiares de las víctimas que tienen derecho a que estas sanciones sean cumplidas como manda la Ley. Expresó que la nota oficial no menciona los criterios establecidos para liberar a estas personas y que, según la Ley, debieron contemplar, por ejemplo, si los beneficiados eran o no reincidentes, la conducta que tuvieron dentro del penal, entre otros.
DETENIDOS ILEGALMENTE
Tanto el Cenidh como la CPDH consideran contradictorio que el Gobierno anuncie la libertad de más de ocho mil presos, cuando ambas organizaciones han conocido cerca de un centenar de denuncias, cada uno por separado, de familiares de privados de libertad a quienes los jueces han ordenado su salida, sin que el Sistema Penitenciario Nacional (SPN) acate esas órdenes.
Antes de conocerse la disposición gubernamental el magistrado del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Norte y también directivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), Roberto Petray, externó la preocupación porque las penitenciarías no acatan las órdenes de libertad de los jueces.
Mencionó, como ejemplo, los casos de Santos Filemón Zeledón y Byron Orozco, quienes tienen órdenes de libertad desde hace cinco meses, sin que la penitenciaría las acate. “Esos hombres están detenidos ilegalmente ¿por qué? Porque el alcaide está desacatando una orden de ineludible cumplimiento que da un juez, un magistrado y a veces hasta los recursos de amparo los obvia”, sostuvo
Petray, quien agregó que en la región hay diez privados de libertad que están en esta situación. Y recordó que durante 2015, en 12 ocasiones impusieron multas del 25 por ciento de su salario al jefe de la penitenciaría de Estelí.
HUMILLAN A LOS JUECES
“Se ha puesto sobre el poder judicial a un aparato que está humillando a los jueces, humillando al poder judicial en su conjunto, imponiendo decisiones sin criterio legal y con un criterio político”, dijo el ex viceministro de Gobernación, José Pallais Arana, quien considera que esta iniciativa tiene el ánimo de favorecer a una clientela política de cara a las elecciones.
El diputado opositor Eliseo Núñez Morales también cree que la liberación de estos reos tiene un fin electorero, porque libres pueden sumar votos en las elecciones de noviembre, pero lo peligroso es que estén pensando en usarlos como fuerzas de choque.
“Esta gente puede ser enviada a cometer delitos, como golpear a opositores, realizar secuestros y no solo pueden ser usada como fuerza de choque, sino también como sicarios y esto también aumenta el riesgo de hacer política en el país”, expresó Núñez.
(Colaboración Leonor Álvarez).
Estan son las cifras de reos extranjeros deportados y nacionales liberados:
En 2014:
Nacionales: 3,815
Otras nacionalidades: 58
En 2015:
Nacionales: 3,489
Otras nacionalidades: 31
En 2016:
Nacionales: 845
Otras nacionalidades: 5
Total nacionales entre 2014 y 2016: 8,149
Total de otras nacionalidades entre 2014 y 2016: 94
SOLICITUD DE INDULTOS
Emiliano Chamorro
Un indulto de misericordia solicitó oficialmente la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) al parlamento hace aproximadamente un mes; sin embargo aún no obtienen respuesta, afirmó el obispo Rolando Álvarez Lagos, presidente de medios de comunicación del episcopado.
“En el año de la Misericordia los obispos hemos dirigido una carta a la presidencia de la Asamblea Nacional, precisamente en la búsqueda del respeto de los diversos poderes del país, pidiendo como un acto significativo se dé un indulto en este año de la Misericordia”, informó el también obispo de la Diócesis de Matagalpa.
En sus consideraciones indicó están “que no atenten contra las leyes del país y que se realicen dentro del marco jurídico, ya la parte técnica será la Asamblea Nacional la que tendrá que verla, de hecho nosotros no estamos incluyendo ninguna lista”, expuso el sacerdote.
