Brasil castigará con hasta 30 años de prisión a quienes cometan actos terroristas, según una ley aprobada este miércoles por el Congreso, a menos de seis meses de los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro.
La nueva norma define como terrorismo aquellos actos motivados por “xenofobia, discriminación o prejuicio de raza, color, etnia y religión”, cometidos para “provocar terror social”. Bajo este criterio, serán penados con entre 12 y 30 años de cárcel los actos de uso, transporte, porte o guarda de “explosivos, gases tóxicos, venenosos, contenidos biológicos, químicos, nucleares u otros medios capaces de causar daños o promover destrucción en masa”.
La norma también considera actos terroristas la depredación de bienes públicos, el sabotaje de sistemas informáticos, o la toma violenta de puertos, aeropuertos, hospitales u otras instituciones públicas.
También prevé penas de prisión para quien promueva, constituya, integre o preste auxilio a una organización terrorista, así como para quien reclute, transporte a otros países y/o entrene a personas o grupos para practicar actos terroristas.
Tras una discusión que se extendió durante meses en ambas cámaras del Congreso, los legisladores incluyeron una cláusula que deja fuera de la definición de terrorismo los actos cometidos durante manifestaciones políticas y/o sociales que busquen “defender derechos, garantías y libertades constitucionales”.
La Organización de Naciones Unidas e instituciones de derechos humanos habían advertido que la aprobación de la ley sin esa cláusula perjudicaría los derechos de libertad de reunión y asociación pacífica, así como la libertad de expresión de la población. Aunque no sean considerados actos terroristas, los actos violentos cometidos en manifestaciones continuarán sujetos a las penas previstas en el código penal brasileño. Tras la luz verde del Congreso, la nueva ley debe ser sancionada por la presidenta Dilma Rousseff para entrar en vigor.
Brasil, que nunca sufrió un ataque terrorista, recibirá en agosto los primeros Juegos Olímpicos de Sudamérica, donde se reunirán 10,500 atletas de 206 países, además de jefes de Estado y decenas de miles de turistas extranjeros. Basándose en el exitoso modelo de seguridad implementado el Mundial de fútbol de 2014, el gobierno prepara un despliegue de efectivos de seguridad que duplicará los números de los Juegos de Londres-2012, con 47 mil policías y 38 mil militares.
El gigante sudamericano fue sorprendido en 2013 por masivas manifestaciones callejeras contra la organización de la Copa Confederaciones y el Mundial de fútbol, en reclamo de mejores servicios públicos y mano dura contra la corrupción.
