La Comisión Nacional Interinstitucional de Justicia Penal de Nicaragua, presidida por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), mandó a cercenar la Ley 779 o Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres mediante un instructivo que deben cumplir a cabalidad los jueces especializados en violencia del país, así como los facultados por la ley para conocer estos casos.
Además, les mandó una lista de privados de libertad condenados por violencia psicológica, violencia patrimonial, intimidación o amenazas contra la mujer, entre otros delitos “menos graves”, para que den legalidad a las libertades que ya ejecutó el Ministerio de Gobernación, mediante la figura de convivencia familiar, la semana pasada. La lista es de trescientos reos aproximadamente por cada juzgado especializado.
LA PRENSA consultó al magistrado Rafael Solís, quien está asignado por el poder judicial para ver estos casos, pero se excusó por estar en reunión familiar y prometió atender en otro momento.
Según el “instructivo para casos de violencia, alimentos y protección especial de niños, niñas y adolescentes” al que LA PRENSA tuvo acceso, ningún juez podrá ordenar la captura de procesados en rebeldía por incumplimiento de pensión alimenticia, ni por delitos menos graves, y en caso de que lo hiciese, la Policía Nacional no la cumplirá.
Esta situación desnaturaliza el espíritu de la ley, critican mujeres organizadas. Quedan excluidos de este bolsón que conforman el 75 por ciento de los delitos de la Ley 779, el feminicidio, la violación y el abuso sexual.
VIOLAN DERECHO DE LA VÍCTIMA
El instructivo ya se está aplicando. Un ejemplo reciente fue la sentencia número 38, emitida por el Juzgado Sexto Distrito Especializado en Violencia de Managua, donde la juez suplente María José Velásquez Lazo condenó a un año de cárcel a Juan Velásquez Brenes, por incumplimiento de pensión alimenticia, pero no decretó su orden de captura ni otra medida alterna, a como manda el artículo 217 del Código Penal.
Los derechos de la víctima: un niño de 10 años, quedaron desprotegidos, por “orientaciones superiores”, denunció Adalberto Avilés Meza, abogado de la mamá de la víctima, quien lleva cinco años costeando sola los gastos de su hijo.
Para Azahalea Solís, dirigente del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), esta es una muestra más del totalitarismo que se vive en Nicaragua y determina que las consecuencias de las nuevas orientaciones serán más violencia para las mujeres, porque el agresor se siente protegido por el Estado.
CONTROL DE INSTRUCTIVO
La semana pasada, autoridades de la Comisión de Justicia Penal se reunieron con los jueces y magistrados de la Sala Especializada en Violencia para evaluar el seguimiento al instructivo y se les indicó: “No se están ejecutando órdenes de captura por rebeldía en los casos de incumplimiento de deberes alimenticios ni sentencias condenatorias por el mismo delito”.
“No se reciben denuncias de incumplimiento de deberes alimenticios ni de delitos menos graves, donde el Ministerio Público no tiene presencia”.
“Los delitos de violencia se están tramitando como delitos comunes”.
En la reunión también se ventiló que “hay resistencia para realizar mediaciones en delitos de violencia”, según confió una fuente judicial.
“Se orientó que las capturas por delitos menos grave no se están ejecutando y se ordenó que si en un delito menos grave el juez ordena la captura en sala, la Policía no la ejecutaría”, detalló la fuente judicial.
Las orientaciones sobre el cumplimiento del instructivo fue oral (a pesar de que existe un documento) y deben aplicarlas, estén o no de acuerdo con ello, agregó la fuente judicial.
HAY QUE MEDIAR
La comisión encabezada por el magistrado Rafael Solís, por parte de la Corte Suprema de Justicia, también les orientó a la Fiscalía y a la Policía a mediar en todos los casos y ofrecer acuerdos en casos graves.
“Cuando la denuncia es recibida por el Ministerio Público, este promoverá la mediación o remitirá a la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos (Dirac) o Defensoría Pública para la realización de esta”, indica el instructivo al que tuvo acceso LA PRENSA.
“En lugares donde no hay presencia del Ministerio Público, solamente Auxilio Judicial recepcionará la denuncia de delitos menos graves y los remitirá a la Dirac y a la Defensoría para mediar”.
“En aquellos casos donde la persona no quiera mediar y el Ministerio Público no ejerza la acción penal, se deja a salvo el derecho a la víctima de acusar directamente ante el juez competente, quien deberá promover que se resuelva el caso a través de la mediación”, se lee en el instructivo.
INVISIBILIZAR VIOLENCIA
La Red de Mujeres Contra la Violencia y la Alianza de Centros reaccionaron a las disposiciones del gobierno a través del sistema de justicia en los casos de violencia que consideran tienen como fin invisibilizar la violencia hacia las mujeres con lo cual las deja en indefensión.
Las mujeres advierten que esta situación provocará un aumento de la violencia de género, habrá mayor impunidad y promoverá que las víctimas tomen venganza contra sus victimarios.
“Las mujeres vamos a un estado de tortura”, reaccionó Reyna Rodríguez, enlace nacional de la Red de Mujeres, quien sostuvo que las mujeres ya tienen miedo denunciar porque la mayoría de las Comisarías de la Mujer ya no existen y de Auxilio Judicial las remiten al Ministerio de la Familia (Mifamilia), donde les plantean la mediación a los casos de violencia.
Esto para Bertha Inés Cabrales, del Colectivo Itza y Alianza de Centros, “es retroceder en el tiempo”, pues la imagen que quieren vender es un país que protege a sus mujeres pero “se quita toda la ruta de protección ante la violencia hacia las mujeres”.
“¿Cómo será la protección a las mujeres, a la población de niños si le quitan la fuerza a la Ley 779?”, pregunta Cabrales, al tiempo que apunta: “Más bien, hoy las llevan a la mediación, las llevan a que las pensiones de alimentos eliminen la sanción —que es la cárcel— para aquellos hombres que incumplen con el rol de paternidad, que incumplen con la manutención de sus hijos. ¿Cómo se une un Estado (al demandado) que quita las garras de la ley para la protección de los niños en la demanda de sus madres para que se garantice la comida, la escuela, los cuadernos, su salud, su recreación cuando algunos hombres desdichadamente no han asumido con responsabilidad su paternidad?”
“La impunidad se acrecienta por el temor que tienen las mujeres a denunciar, porque les dicen en diferentes instancias que lo aprendan a perdonar (al agresor)”, sostuvo Rodríguez quien señaló que esto es igual en los casos relacionados con abusos sexuales contra la niñez, los que avizoró también aumentarán ante la situación de impunidad.
MUJER EN VAIVÉN ELECTORAL
A criterio de Bertha Inés Cabrales, del Colectivo Itza y Alianza de Centros, todas las acciones que ha realizado el gobierno en esta materia han sido con fines electorales, las que empezaron con la penalización del aborto terapéutico, luego promovieron la aprobación de la Ley 779, Contra la Violencia Hacia la Mujer y ahora cambian nuevamente la ley con el mismo propósito.
“Es decir, las mujeres estamos sometidas a los vaivenes de los intereses del Gobierno de (Daniel) Ortega”, sostuvo Cabrales, quien señaló que desde hace tiempo “la ley ha venido perdiendo el estatus que tenía, al cambiar su propósito de visibilizar la violencia en el ámbito público y privado”.
“Quitaron con politiquería, por arte de magia la violencia en el ámbito público, porque lo que quieren es evidenciar que en este país hay ternura, amor y el respeto al derecho de las personas; es decir, invisibilizar las cifras de la realidad de la violencia que ocurre en el seno de la familia, en las calles, centros de trabajo y universidades”, apuntó Cabrales.
MILLONES EN DEMANDAS
Los juicios impulsados por la Defensoría Pública en materia de familia, específicamente en las demandas de alimentos ascienden a 2,959, que suman unos 7.7 millones de córdobas, detalló la institución en una nota de prensa el año pasado. En el año 2014, las pensiones que logró impulsar la Defensoría sumaron más de 12 millones de córdobas, pero con las nuevas disposiciones del poder judicial esta cifra podría no repetirse.
