Masiva liberación excluye a enfermos en Nicaragua

Kelly Francisco Vega Núñez, de 32 años, no tiene orden de libertad, pero agoniza en la Cárcel Modelo, de Tipitapa, a causa de la enfermedad de síndrome nefrótico, pero no está en ese listado, apunta su madre, Aminta Núñez Téllez.

Aminta Núñez dice que su hijo Kelly Francisco Vega Núñez, en estado de salud grave, no fue incluido en el beneficio gubernamental. LA PRENSA/ARCHIVO

José López y Óscar Acevedo Merlo, ya cumplieron su condena. Y desde el año pasado cuentan con órdenes de libertad a su favor. Pero sus familiares informaron a los abogados del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) que les brindan acompañamiento, que estos no han corrido con la suerte de los más de 8,000 presos que han sido liberados por el Gobierno en los últimos dos años.

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Kelly Francisco Vega Núñez, de 32 años, no tiene orden de libertad, pero agoniza en la Cárcel Modelo, de Tipitapa, a causa de la enfermedad de síndrome nefrótico, pero no está en ese listado, apunta su madre, Aminta Núñez Téllez.

Con voz entrecortada y con resignación, Núñez dice: “Dígame, usted, ¿a dónde debo de ir? ¿Qué debo hacer? Aquí salen, como yo le digo, los que tienen argolla, pero yo solo tengo al Señor, que es al único que le clamo”.

El asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Pablo Cuevas, dijo que casos de presos como Núñez o que tienen órdenes de libertad son recibidos cada semana en esa organización, pues desesperados los familiares no tienen a dónde acudir para ser escuchados.

Igual que Vega Núñez, está Germán, quien purga condena en La Modelo, sufre de VIH sida y su estado de salud está en etapa crítica por falta de una atención médica y una alimentación adecuada; él no fue incluido entre los beneficiados.

Cuevas recuerda que aunque la defensa de Germán promovió a fines de enero un incidente de pena, el jefe de La Modelo desacató la orden y no lo presentó en audiencia. El judicial ha girado ocho oficios para que lleven al preso al Instituto de Medicina Legal (IML) para una valoración forense y la penitenciaría no cumple.

El juez de Ejecución de sentencias de Estelí, bajo cuyas órdenes está Germán, reprogramó la audiencia para el 7 de marzo próximo.

Otro que está enfermo y con dos órdenes de libertad es Marvin Vargas, su esposa Johanna Aguilar sigue reclamando que las autoridades las cumplan y lo liberen.

MAGISTRADA DEFIENDE DISPOSICIÓN

La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), magistrada Alba Luz Ramos, defiende la masiva liberación de reos a través de “cartas de libertad” otorgadas por el Ministerio de Gobernación, al alegar: “Eso lo permite la Ley, el juez luego lo confirma”, al tiempo que indicó que de los liberados este año solo 95 estaban condenados por delitos de la Ley 779. Según el Gobierno, en lo que va del año ya han liberado a 845 presos.

Ramos manifestó que “esa comisión interinstitucional está funcionando desde hace dos años y esas libertades se negociaron ahí con la Fiscalía, Gobernación, Defensoría, Policía, todos a la vez, no es que uno primero y otros después”.

Ramos agregó que esas “son cuestiones internas del país. Son medidas operativas y temporales para desahogar las prisiones”.

NO ESCUCHARON A VÍCTIMAS

Sin embargo para la abogada Azahálea Solís, dirigente del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), “las víctimas tienen derecho a la justicia” y este tipo de disposiciones promueve la impunidad y afecta a las mismas. Solís considera que con esto el Gobierno envía “un mensaje intimidatorio de chantaje a la sociedad, de tenernos de rehén”.

El exprocurador Alberto Novoa recuerda que, según el artículo 34 de la Constitución Política de Nicaragua, el ofendido es parte del proceso y, en este caso el Gobierno ha ordenado una libertad sin haber recurrido a audiencia, en la que debió emitir un juez una sentencia y en la que no han escuchado a la víctima.

POSIBLES IMPACTOS

Novoa aclara que desde el punto de vista de política criminal el sistema judicial y el Sistema Penitenciario Nacional (SPN) habían sido desbordados por una mala práctica.

“Aquí comenzaron a echar preso a un montón de gente aún por delitos menores, aunque el CPP (Código Procesal Penal) establece que la prisión es la medida que en última instancia se debe aplicar; aquí lo aplicaron primero y desbordó la estructura tanto física como funcional y la norma se volvió inaplicable porque la estructura y diseño del CPP era hasta que esté condenada la persona se proceda a la detención, salvo delitos gravísimos o que se da en flagrancia”, expuso Novoa.

No obstante, advierte Novoa, la disposición de liberar masivamente a los reos podría tener como consecuencias que la gente tome la justicia por sus propias manos.

Y aunque aclara que esto no será a lo inmediato, considera que entre los familiares de las víctimas y en la sociedad esta disposición de sacar a miles de reos causa un sentimiento de impunidad, por lo que no descarta que tarde o temprano aparezcan grupos especializados en venganza.

“Lo que se trató de parar con el principio de tolerancia cero, con esto se puede revertir, tal vez no mañana, pero ya hay un sentimiento de impunidad en la sociedad. Ese sentimiento de impunidad provoca que cada quien busque cómo defenderse”, insistió Novoa.

Por su parte, el especialista en temas de Seguridad, Roberto Orozco, dijo que aunque se desconoce quiénes son los liberados, en caso de que las autoridades hayan disfrazado la salida de reos con delitos graves pero que fueron considerados como delitos leves, esa situación incidirá en la seguridad ciudadana.

FAMILIA QUEDARÁ AGRADECIDA

Según fuentes extraoficiales, la meta inicial es sacar por esta vía a unos 4,500 presos de las cárceles del país, con quienes incluso ya han realizado campaña electoral en el interior de los penales.

Según el informante, las autoridades ya han sacado cuentas de la cantidad probable de miembros que integran una familia por cada reo beneficiado.

Para el exprocurador Alberto Novoa, “los fines, a mi manera de ver, es una congratulación para un amplio sector de la sociedad, la familia de los reos se sienten con un grado de agradecimiento y no es raro que las estructuras partidarias los visiten en sus casas y les hagan un recordatorio que les deben un favor al Gobierno. ¿Cómo agradecer? Queda a la interpretación”.

Conforme a la nota de prensa publicada el martes por la vocera del Gobierno, Rosario Murillo, entre el 2014 y el 2016 fueron puestos en libertad 8,149 presos.

Otros 94 extranjeros fueron deportados en ese mismo período para que cumplan las sentencias en sus países de origen.

(Colaboración de Martha Vásquez).

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