La magistrada Alba Luz Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), expresó que la orientación de no ordenar prisión preventiva en delitos menos graves no es solo para los delitos contemplados en la Ley 779 o Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres, sino para todos los delitos en general, porque las cárceles están llenas.
“Sí se dijo en términos generales, porque la tendencia de los jueces es dictar prisión preventiva a pesar de que hay otras medidas cautelares alternas a la prisión, entonces se les dijo que hagan todo lo posible por aplicar otras medidas”, dijo Ramos.
POR ENCIMA DE VÍCTIMAS
Esta orientación a los jueces, más otras a la Fiscalía, como procurar la mediación en todos los casos y no cumplir con órdenes de captura a la Policía y atender como delitos comunes los de violencia, fueron ventiladas en la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal de Nicaragua e informadas para su cumplimiento a los involucrados, afirmaron fuentes judiciales.
En general la aplicación de estas orientaciones preocupa a abogados porque no se está tomando en cuenta a la víctima y consideran que es delicado “jugar con los alimentos de los niños”, porque la amenaza de prisión en el delito de incumplimiento de deberes alimentarios, servía para que el padre irresponsable pagara.
“Para mí es una limitación, porque la mayoría de los hombres incumplen la sentencia de familia, donde les ordenan cumplir con los alimentos de sus hijos y ante el incumplimiento las mujeres acusan en la vía penal en los Juzgados de Violencia, pero con la nueva orientación (se) dificulta, porque los hombres saben de esta flexibilidad y no pagarán y el interés del niño queda a un lado”, expresó la abogada Keyla Largaespada.
PODEROSOS CON MIEDO
Según operadores de Justicia, el miedo que existe al delito del incumplimiento de pensión alimenticia es que nadie puede alegar inmunidad. El artículo 41 de la Constitución Política de Nicaragua dice: “Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente por incumplimiento de deberes alimentarios”.
“Ese artículo arrasa con todos los hombres irresponsables, vengan de donde vengan, sean hijos de magistrados, sean políticos, sean empresarios, inversionistas, artistas, barrenderos, policías, jueces, deportistas, en fin, todos, por eso le tienen miedo”, expresaron administradores de Justicia.
Para el abogado Donald Díaz, la aplicación de esas orientaciones protegen al incumplidor y desprotegen a las niñas y niños. “El sistema está provocando que haya más incumplimiento de pensión alimenticia, porque el hombre sabrá que no hay castigo y si quiere dará C$100 o alegará que no tiene (dinero)”, dijo Díaz.
Al respecto, la magistrada Ramos dijo que las acusaciones por este delito son pocas y ejemplificó que el año pasado los Juzgados de Violencia de Managua reportaron 1,300 casos. “No se les dará cárcel, pero se les aplicará otras medidas para que enfrenten el proceso en libertad, pero si incumplen se les tendrá que girar orden de captura”, dijo Ramos.
INSTRUCTIVO
En la Comisión Interinstitucional, que funciona desde hace dos años, según la magistrada Ramos, se realizó y aprobó el “instructivo para casos de violencia, alimentos y protección especial de niños, niñas y adolescentes”, donde orientan a jueces, fiscales, policías y Ministerio de la Familia cómo actuar ante tales casos y según una fuente judicial, fue puesto en práctica la semana pasada, les gustara o no a los jueces especializados en Violencia. Sin embargo, la magistrada Ramos dijo que ese instrumento “no está vigente”.
El exprocurador Alberto Novoa advirtió que no es legal que a través de un instructivo una comisión interinstitucional ordene a los jueces la no aplicación de lo establecido en la Ley 779, pues en la práctica las autoridades estarían ordenando una modificación a la misma, cuando la única facultada para eso es la Asamblea Nacional.
“Las comisiones no están prohibidas, pero no pueden dictar ninguna norma, inclusive la Corte Suprema por circular no puede dictar normas, la única que puede modificar es la Asamblea Nacional”, explicó Novoa.
A su vez, dijo, esta comisión interinstitucional tampoco puede ordenar a la Policía no acatar órdenes en caso de capturas a algún procesado, pues eso es “abuso de autoridad” . Y “toda sentencia es de obligatorio cumplimiento… hay artículos del Código Penal que (establecen que) los propios policías pueden ser objeto de enjuiciamiento por desacato a la autoridad… si un policía desobedece una orden judicial, cualquier afectado puede recurrir por desacato”, manifestó Novoa, quien recordó que durante este gobierno no es la primera vez que llaman a los policías a desobedecer lo establecido en las leyes.
Azahálea Solís, del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), calificó esta situación como grave, porque no solo desconocen la violencia, sino que crean condiciones para que aumente.
Estas disposiciones, según Solís, para desconocer la Ley 779 indican que la misma fue aprobada porque “pensaron que la iban a utilizar como bandera, (pero) al no permitírsele porque es una Ley que surge de las entrañas del movimiento (de mujeres), la desbaratan”.
HOMBRES EN IMPUNIDAD
Magaly Quintana, del grupo Católicas por el Derecho a Decidir, cuestionó que el Gobierno en lugar de promover la paternidad responsable ha establecido, a través de la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal de Nicaragua, un mecanismo para que los hombres queden en la total impunidad.
“Con esta medida está condenando a esas criaturas al hambre, porque con los niveles de desocupación que hay las principales afectadas de tener menos posibilidades de trabajo son las mujeres y por otro lado le quitan esa fuerza legal para que los hombres irresponsables cumplan (con la pensión de sus hijos), eso es gravísimo”, apuntó Quintana. Quintana avizora que disminuirán las denuncias de violencia.
