Defensores de derechos humanos son vistos como los “malos” en la región

La criminalización de defensores de derechos humanos en la región ha incidido en la desestructuración de estos movimientos

En lo que respecta a Nicaragua el caso que analiza ese observatorio, fue el ocurrido en 2013 con los mineros de Santo Domingo, que tras su protesta fueron recluidos en El Chipote, denunciado frecuentemente como sitio de tortura. LA PRENSA/ ARCHIVO

Con ocho casos específicos ocurridos en los últimos años en igual número de países el Observatorio de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), demostró la criminalización existente a defensores de derechos humanos en la región. Y sostienen que en los casos descritos de los ocho países, incluido Nicaragua, al criminalizar a los líderes de estos grupos, lo que ocurre es la desestructuración de estos movimientos y el amedrentamiento es contundente.

En el mismo aparecen como ejes comunes de los países investigados la extracción de recursos naturales y de megaproyectos por los que recrudece la criminalización a los defensores de derechos humanos.

Y sostienen que en los casos descritos de los ocho países, incluido Nicaragua, al criminalizar a los líderes de estos grupos, lo que ocurre es la desestructuración de estos movimientos y el amedrentamiento es contundente.

“El fenómeno de la criminalización ha tenido un impacto particular para estos grupos frecuentemente agravando situaciones de gran vulnerabilidad frente a su estructura organizativa, e inclusive a su identidad cultural cuando se encuentran estigmatizados como terroristas o delincuentes”, refiere el informe de la FIDH.

En lo que respecta a Nicaragua el caso que analiza ese observatorio, fue el ocurrido en 2013 con los mineros de Santo Domingo, que tras su protesta fueron recluidos en El Chipote, denunciado frecuentemente como sitio de tortura.
En el caso de los mineros de Santo Domingo dice: “La Fiscalía y los jueces contribuyeron a su amedrentamiento con las detenciones en condiciones excepcionales y con la amenaza de condenas por la comisión de delitos respecto de los cuales no quedó demostrada su participación”. E impusieron prisión preventiva a pesar de que la acusación en su contra no reunió los requisitos legales.

Fue arbitraria la decisión de trasladarlos, aislarlos, (…) y obligarlos a permanecer a unos 200 kilómetros del lugar”.
Informe Observatorio OMCT/FIDH

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