La agresión criminal contra Carlos Bonilla y su esposa, Gabriela García —activistas de un movimiento social de oposición cívica al gobierno del inconstitucional presidente Daniel Ortega—, tuvo todas las apariencias de ser un atentado político.
Aparte de que Bonilla y su esposa son los principales dirigentes de un combativo Movimiento Democrático Nicaragüense (MDN), cuando fueron agredidos cerca de su casa de habitación se dirigían a la sede del Consejo Supremo Electoral (CSE) para entregar miles de firmas de ciudadanos que demandan la destitución de los magistrados de ese poder del Estado, así como garantías legales y políticas para que las elecciones de noviembre de este año sean justas y transparentes.
Por otra parte, el modo operativo de los individuos que ejecutaron la agresión contra el matrimonio Bonilla García no fue de un asalto común y corriente para robar a las víctimas, como los que ocurren todos los días en este país, cuyos gobernantes se jactan de que es el más seguro de Centroamérica e inclusive de América Latina.
Lo lógico sería pedir que este hecho criminal sea investigado a profundidad para determinar si fue un atentado político o un acto delictivo común; y que en cualquier caso se identifique, capture y juzgue a los criminales. Pero quienes deben hacer esas investigaciones y deslindar las responsabilidades correspondientes son la Policía y la Fiscalía, que por su clara identificación política con el régimen orteguista y su sumisión a Daniel Ortega, no son confiables de que puedan y quieran hacerlo con profesionalismo e independencia.
Algunas personas inclusive de círculos de oposición y generación de pensamiento político independiente,
piensan que en casos como este se le debe dar al Gobierno el beneficio de la duda. Consideran que no tiene sentido que la agresión a Carlos Bonilla y Gabriela García sea un atentado orientado u ordenado por el poder político, porque el país está en un año electoral y no le conviene al régimen orteguista que se le acuse o vincule con un hecho criminal de esa naturaleza.
Pero si así fuese, tampoco le convenía al régimen orteguista, por ejemplo, atacar groseramente al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) , sin probarlo de ninguna manera; ni dejar indefensas a las mujeres víctimas de la violencia machista y de los padres desobligados, y sin embargo han cometido esa torpeza sin importarles si les perjudica políticamente o no.
Además, no es posible olvidar y más bien hay que recordarlo en circunstancias como la del atentado contra los dirigentes del MDN, el siniestro consejo político del difunto comandante sandinista Tomás Borge a Daniel Ortega, de que el Frente Sandinista tienen que hacer lo que sea con tal de no volver a entregar el poder.
Posiblemente el atentado contra el matrimonio de los activistas políticos opositores Carlos Bonilla y Gabriela García quede archivado en la Policía como un acto más de delincuencia común, cuyos ejecutores no pudieron ser identificados. Pero también en la opinión pública quedará por lo menos la sospecha y el temor de que este hecho ha sido otro atentado político ejecutado para castigar el activismo democrático y amedrentar a la oposición.
