Un grupo de nicaragüenses radicados en Miami condenó la agresión que sufrió el dirigente del Movimiento Democrático Nicaragüense (MDN), Carlos Bonilla junto a su esposa Gabriela García, este pasado 26 de enero, a manos de cinco elementos armados en el sector de la colonia 10 de junio, donde reside la pareja.
La agresión dejó como saldo a Bonilla con dos estocadas en el abdomen y lesiones en el rostro. La pareja abordaba un taxi cuando fueron interceptados por los cinco sujetos que armados de cuchillos y garrotes los bajaron del taxi y los agredieron, de acuerdo a la información proporcionada en los medios de comunicación por parte de García, quien sufrió heridas en la cabeza.
“Condenamos enérgicamente este intento de asesinato a dos ciudadanos, que son líderes reconocidos en Nicaragua por su labor en defensa de la democracia y que han venido exigiendo elecciones limpias y transparentes en nuestro país”, dice el comunicado distribuido durante una conferencia de prensa.
Lea también: Esposa de Carlos Bonilla denunciará agresión contra activista
Marlon Navarrete hizo un llamado a la Policía a investigar de manera imparcial y esclarecer el caso deteniendo a los responsables del delito, al mismo tiempo instó a los partidos de la oposición a unirse de cara a las próximos comicios.
“La unidad es fundamental en las próximas elecciones” estimó Navarrete, que al mismo tiempo consideró necesaria la participación de la oposición en los comicios y los exhortó a dejar atrás los intereses personales y a exigir cambios en el Consejo Supremo Electoral (CSE), “lo que hizo Carlos”, puntualizó.
Para Roger Castaño, representante de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) en la ciudad de Miami, el gobierno del inconstitucional presidente Daniel Ortega, tiene la responsabilidad de esclarecer, capturar y castigar a los responsables de la agresión contra los esposos Bonilla-García.
Roberto Amador, expiloto de la contrarrevolución dijo que han iniciado una campaña de denuncia a nivel nacional e internacional en contra de las acciones ilegales del régimen sandinista.