“El 74 por ciento de periodistas consultados dice que sí hay censura” en el país, revela un estudio en la región titulado “Entre la censura y Discriminación: Centroamérica amenazada”,
Dicho estudio sobre la situación de los periodistas de la región, fue realizada entre finales de 2014 e inicios del 2015 y el capítulo de Nicaragua se denomina: “Tensa calma”.
El estudio fue presentado en el país en el marco de la celebración del Día Nacional del Periodista.
Patricia Orozco, quien estuvo a cargo del estudio, explicó que abordaron a 125 periodistas de distintos medios de comunicación y zonas del país.
“Nosotros creemos que las trabas a la cobertura son de hecho censura”, expresó Orozco, quien señaló que hay un alto porcentaje de periodistas que reconoce que han sido censurados al no permitirles el ingreso a actividades de instituciones del Estado.
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También han sido expulsados de conferencias de prensa o les han retenido equipos audiovisuales, indica el estudio dirigido por la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y la Fundación Comunicándonos, de El Salvador.
Según Orozco, la censura ha adquirido modalidades un poco distintas de las que tradicionalmente se conocen. Señaló, como ejemplo, el caso de Irene Selser, a quien a finales de enero las autoridades nacionales retuvieron cámaras y equipos de filmación cuando junto con un equipo del diario mexicano Milenio llegó al país para producir un reportaje sobre los cien años del fallecimiento del poeta Rubén Darío.
En Nicaragua aún no hay asesinato de periodistas, pero sí “muerte civil” para aquellos que no tienen la línea del Gobierno, afirmó Orozco, quien realizó la exposición sobre la situación del periodismo durante un foro sobre el Acceso a la Información Pública, realizado en la Universidad Centroamericana (UCA) y promovido por Radio Universidad, al que asistieron estudiantes de Periodismo, de Derecho y de Psicología.
El jefe de prensa de Radio Universidad, Nelson Rodríguez, destacó que registran casos de periodistas de ese medio de comunicación, a quienes funcionarios públicos les han rechazado el acceso a actividades. Por otro lado la constante es “cero conferencias de prensa”, dijo Rodríguez.
GOBIERNO INCUMPLE LEY DE ACCESO A INFORMACIÓN
Luis Galeano, del Programa Café con Voz, al igual que Orozco y Rodríguez, se refirió a la falta de acceso a la información pública pese a la existencia de la Ley 621. Galeano recordó que desde 2009 solicitó una información a una institución del Estado para una investigación que realizaba y aún sigue esperando la respuesta.
Los expositores coincidieron en que los funcionarios públicos se limitan a recibir las solicitudes, pero pasados los 15 días establecidos por la Ley las autoridades guardan silencio.
WEB DESACTUALIZADAS
A esto se agrega que no hay entrevistas para periodistas de medios independientes, las informaciones en las páginas web del Estado están desactualizadas y la única información oficial es la transmitida cada día por la vocera del Gobierno, Rosario Murillo, a través de los medios oficialistas.
“Me indigno cuando escucho a periodistas y dueños de medios de comunicación que dicen que en Nicaragua la libertad de expresión está muy bien”, sostuvo Orozco.
“La libertad de expresión es un derecho internacionalmente reconocido en instrumentos de los cuales Nicaragua es parte, como son la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos en el ámbito universal y la Declaración Americana y la Convención Americana en el ámbito regional”, recordó el director ejecutivo del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Mauro Ampié.
El defensor de derechos humanos señaló que durante el segundo Examen Periódico Universal (EPU) ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, realizado en 2014, el Gobierno afirmó que garantiza el derecho fundamental a la libertad de expresión en Nicaragua, pues permiten la circulación de los medios de comunicación masivos escritos, radiales y virtuales sin ningún tipo de censura.
También dijo que “no se registran denuncias ni casos de acoso, persecución o agresiones por su desempeño a periodistas, defensores de derechos humanos o persona alguna en razón de su credo político, ideología o religión”, apuntó Ampié, quien expresó que “ese planteamiento contrasta con reiteradas denuncias de agresiones y represalias contra los periodistas y otros sectores sociales que reclaman respeto por sus derechos”.
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“LOS AGENTES” DEL RIESGO
El estudio efectuado en Nicaragua por el equipo coordinado por Patricia Orozco estableció también que un 91 por ciento de los periodistas reconoció que existía riesgo para el ejercicio periodístico y mencionan al Gobierno central, la Policía y el poder económico, como “los agentes” que más ponen en riesgo el ejercicio profesional.
“La mayor expresión de agresión es la restricción de información, experimentada más por las periodistas y aparecen la amenaza, el hostigamiento, las agresiones físicas y la vigilancia”, dijo Orozco.