Veintisiete expresidentes de América Latina y uno de España emitieron una declaración común este 5 de marzo, en la que alertan “a la opinión pública de nuestros países sobre la deriva antidemocrática que tiene lugar en Venezuela, en medio de una grave crisis social y humanitaria, susceptible de comprometer la paz y estabilidad de sus instituciones”.
Los exmandatarios iberoamericanos hacen “un llamado a la comunidad internacional, a los distintos gobiernos y a las instituciones multilaterales concernidas, a fin de que cooperen para que cesen las graves alteraciones que sufre el orden democrático y constitucional en Venezuela”. E instan “a la Organización de los Estados Americanos, en lo particular, al secretario general de la OEA, para que adopte, con carácter de urgencia, las iniciativas que juzgue pertinentes dentro del marco de la Carta Democrática Interamericana”.
Sostienen los 28 expresidentes que la acción internacional es indispensable en Venezuela, donde el régimen de Nicolás Maduro ha despojado al poder legislativo de sus facultades constitucionales y desprecia la voluntad popular que en las elecciones del 6 de diciembre pasado le dio a la oposición una mayoría de 112 diputados, sobre 55 que obtuvo el partido oficialista.
El llamado de los expresidentes a una cooperación multilateral “para que cesen las graves alteraciones que sufre el orden democrático y constitucional en Venezuela”, se funda en principios de derecho internacional y resoluciones de organismos como la Unión Interparlamentaria Mundial y el Parlamento Europeo, pero sobre todo en la Carta Democrática Interamericana que define los fundamentos de la democracia en el hemisferio y manda a aplicar medidas colectivas cuando el sistema democrático sufra una alteración en cualquier país de la región, como sucede actualmente en Venezuela.
La declaración de los 28 expresidentes iberoamericanos es importante, sin duda, pero insuficiente. Son los presidentes en ejercicio los que deben asumir la responsabilidad de poner en marcha los mecanismos previstos en la Carta Democrática Interamericana, para restablecer el orden constitucional en Venezuela.
A la comunidad internacional se le critica, con razón, de que siempre llega tarde a las situaciones de ruptura del orden democrático institucional y constitucional. Pero en todo caso es mejor tarde que nunca y ojalá que iniciativas internacionales como la demanda de los expresidentes iberoamericanos que comentamos, sirva para impulsar una acción política multilateral por el restablecimiento de la democracia en Venezuela, mediante cualquiera de los mecanismos cívicos que plantea la oposición interna.
En este caso no cabe la invocación del régimen de Nicolás Maduro a los principios de autodeterminación nacional y no injerencia en los asuntos internos de los Estados. La independencia de poderes, el Estado de Derecho, la soberanía popular expresada en elecciones libres, la libertad, la democracia y los derechos humanos, son valores universales que la comunidad internacional tiene obligación de defender. Y debe hacerlo pronto, antes de que la situación de Venezuela llegue a lo peor.