La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México solicitó este miércoles a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitir medidas cautelares en favor del mexicano Gustavo Castro Soto, el activista que resultó herido durante el asesinato de la líder indígena Berta Cáceres en Honduras.
A Castro Soto se le negó la salida del aeropuerto de Tegucigalpa con destino a México, ya que es considerado testigo del asesinato de Cáceres, quien falleció el 3 de marzo víctima de dos disparos de arma de fuego.
La Comisión indicó, a través de un comunicado, “la necesidad de garantizar la seguridad y protección del activista mexicano”.
El quinto visitador general de la CNDH, Edgar Corzo, solicitó medidas cautelares mediante un oficio dirigido al subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Carlos Pérez-Verdía.
La CNDH consideró que en el caso de Castro Soto, se cumplen los requisitos de “riesgo, urgencia e irreparabilidad del daño” para la emisión de medidas cautelares, sustentados en que se trata de un defensor de derechos humanos y testigo de un homicidio en el que presuntamente también se le intentó asesinar.
Por lo anterior la Comisión señaló “se hace necesaria y urgente su protección por ser testigo clave para el esclarecimiento de los hechos” y urgió a que “la identificación de los involucrados y que dichos actos no queden impunes”.
También se solicitó a la SRE como medidas cautelares, que se realicen las gestiones necesarias, de ser requerido el activista ante las autoridades de la República de Honduras, para la protección de su vida e integridad física.
La CNDH pidió que Gustavo Castro esté “debidamente asesorado y acompañado por personal de la embajada o consulado mexicano en aquel país”, así como gestionar ante las autoridades de Honduras, su salida de aquella nación.
El organismo informó además que tuvo comunicación con el comisionado nacional de derechos humanos de Honduras, a quien se le solicitó su apoyo con el objeto de que se respeten los derechos humanos del activista mexicano.
Casto Soto fue interceptado el 7 de marzo por autoridades de Honduras en el aeropuerto de Tegucigalpa, cuando pretendía abordar el avión con destino a México después de presenciar el asesinato de la activista hondureña Cáceres, y una decisión judicial le impide al activista abandonar el país por 30 días.
De acuerdo con la organización Otros Mundos Chiapas, Castro Soto, iba acompañado de Dolores Jiménez Hernández, embajadora de México en Honduras, y del cónsul Pedro Barragán, quienes tuvieron que forcejear con las autoridades hondureñas en el aeropuerto para salvaguardar a su connacional y dirigirse a la embajada.