La Empresa Portuaria Nacional (EPN) otorgó en 2015 un total de 91,773,031 córdobas (tres millones 380 mil dólares al cambio vigente en julio del año pasado) en 15 contratos directos a 11 empresas usando una figura de adjudicación que no está comprendida en la Ley 737 de Contrataciones del Estado ni en el reglamento, confirmó una investigación periodística del Diario LA PRENSA.
Los contratos fueron adjudicados entre marzo y julio delm año pasado. Los servicios y bienes comprados por medio de estos procesos son variados: compra de material selecto para la IV etapa del Puerto Salvador Allende, adquisición de boyas y linternas, compra de hierro y repuestos, adquisición de grúas; consultorías y estudios especializados y transporte de material diverso.
El uso de una figura inexistente en la ley como en su reglamento, significaría que dichos contratos deberían ser revisados tanto por la Dirección General de Contrataciones del Estado, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, como por la misma Contraloría General de la República, de acuerdo con consultas de expertos en la materia.
LA PRENSA consiguió documentar 15 contratos otorgados por la Empresa Portuaria a 11 empresas que fueron adjudicados de manera directa usando la figura de “contratación especial”, término que no figura en la Ley 737 ni en su reglamento.
Estos contratos directos no fueron publicados por la Empresa Portuaria en el sitio web del Sistema de Información de Contrataciones Administrativas del Estado (Siscae), conocido popularmente como Nicaragua Compra, pese a que están vigentes y adjudicados.
La Empresa Portuaria Nacional no atendió una solicitud de entrevista de LA PRENSA remitida de forma escrita el pasado 19 de enero. El presidente de esta empresa, Virgilio Silva Munguía, evadió brindar una respuesta concreta y nos remitió al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. LA PRENSA desde el 20 de enero pasado hizo la consulta por escrito ante la Dirección General de Contrataciones del Estado (DGCE) a Bruno Gallardo Palaviccini, director de esta instancia, pero tampoco hubo respuesta.
Para justificar la contratación directa en todos los procesos y el uso de la denominada contratación especial, la Empresa Portuaria usó una figura que refiere el Manual Interno para Contrataciones Especiales de la misma empresa, supuestamente aprobado por la DGCE.
Según los contratos, este manual interno de la Empresa Portuaria dispone el uso de la figura de la contratación especial para adjudicar directamente un contrato.
Sin embargo, el manual es mantenido bajo reserva por la entidad estatal pues no está disponible en el sitio web de la EPN.
MANUAL INTERNO NO PUEDE ESTAR POR ENCIMA DE LA LEY
Dayra Valle, especialista en temas de contrataciones del Estado del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), entidad que anualmente emite un informe sobre el manejo presupuestario en el país, explicó que en primer lugar el Manual Interno de Contrataciones Especiales de la Empresa Portuaria debería ser público y estar disponible en el sitio web de la entidad estatal, para cumplir con el principio de transparencia establecido en la Ley 737.
Además, cualquiera que sea su contenido, no puede contravenir, o crear términos o figuras que no están contemplados en dicha Ley ni en su reglamento.
“Uno no puede caer en un discurso de decir ‘todo lo que hacemos es parte de nuestro objeto social como empresa del Estado’, por lo que entonces todo se regirá por el manual que nosotros hemos creado”, explicó Valle.
“El manual teóricamente es solo un documento administrativo. Habría que ver si la Dirección de Contrataciones del Estado habría aprobado este manual para que no existiese mucha discrecionalidad. En materia administrativa hay que tener cuidado con el abuso de la discrecionalidad y arbitrariedad, porque hay una brecha frágil. No es que uno llega, crea el manual y pongo lo que me dio la gana. Tiene que tener un marco legal de transparencia, eficiencia y libre competencia”, dijo Valle.
La especialista señaló que el principal punto que debería revisarse en el manual es el uso de la figura de contratación especial. La Ley 737 es clara en definir cuáles son los tipos de procesos establecidos para adjudicar contratos estatales y la contratación especial no aparece. (Ver infografía).
“Ninguno de los procedimientos establecidos en la Ley 737 o en su reglamento hablan de contratación directa. Tampoco existe en nuestro sistema nada referido a contratación especial”, afirmó Valle.
El uso de la figura de “contratación especial” utilizado por la Empresa Portuaria Nacional para adjudicar un poco más de 91 millones de córdobas en contratos directos a 11 empresas distintas entre marzo y julio del año pasado podría implicar que estos procesos sean nulos, de acuerdo con el excontralor de la República, Agustín Jarquín Anaya.
“El problema es que el manual interno al que ellos apelan para adjudicar las contrataciones no está disponible públicamente y el procedimiento especial que se menciona no existe en el ordenamiento jurídico de contrataciones. Ese reglamento debería darse a conocer. En ese sentido, esas contrataciones podrían considerarse nulas de nacimiento y da mérito para que la misma Contraloría conozca del caso y la misma Asamblea Nacional”, explicó Jarquín Anaya.
“Tomando en cuenta que la Empresa de Puertos ha tenido un buen desempeño en la gerencia de sus instalaciones físicas y eso se puede observar, es necesario que este aspecto de las contrataciones deba corregirse. Esto para no afectar la buena gestión de la empresa de puertos”, añadió.
“VAYA A PREGUNTAR EN HACIENDA”
Virgilio Silva, presidente de la Empresa Portuaria, es un funcionario que no le gusta hablar con los medios de comunicación que no son controlados por la familia presidencial. No da entrevistas y cuando se le logra abordar, es bastante parco al responder.
Un mes después de haber solicitado una entrevista con el funcionario público, de la que no se tuvo respuesta, finalmente se le pudo abordar en el parque Palestina, ubicado en Altamira, en una actividad en conmemoración del Día de la Amistad con el Pueblo Palestino.
“Todos los procedimientos se hacen en base a la ley… nosotros no estamos haciendo cosas ilegales… Eso que usted me pregunta no es cierto”, fue la primera respuesta de Silva cuando se le preguntó por los contratos directos vía contratación simplificada.
“Pero nosotros tenemos los contratos que fueron adjudicados directamente con base en su manual de procedimientos… un manual que no está disponible públicamente”, le insistimos.
“Vaya a preguntar en Hacienda… ahí le tienen que dar la información… vaya a preguntar en Hacienda”, repitió Silva mientras se alejaba, haciendo un ademán con la mano para dar a entender que ya no continuaría respondiendo preguntas.
COMPRAS SE PROGRAMAN
Dayra Valle, especialista del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), explicó que los procesos de compras estatales de Nicaragua, salvo dos procedimientos que la Ley 737 establece de forma clara y taxativa, se determinan por los montos y la programación. “Estas compras se hacen con mucha antelación, teniendo en cuenta las estimaciones del precio de mercado y hay que tenerlas presupuestadas al menos desde el año anterior.
Las estimaciones de estas compras tienen que ser lo más cerca posible al precio de mercado que pueda existir, porque lo que podría pasar es que vos sacás la convocatoria, las ofertas vienen y se dan sobreprecios, y entonces se te cae el procedimiento. Hay que hacerlo lo más ajustado posible”, explicó la especialista.
