En una carrera irrefrenable contra el tiempo poco a poco nos vamos acercando a la fecha en que por mandato constitucional, los nicaragüenses deberemos elegir a las autoridades nacionales, que habrán de regir los destinos de nuestra nación por un período de cinco años.
En el sistema republicano que Nicaragua ha adoptado como forma de gobierno desde su independencia (1821) hasta nuestros días, la soberanía reside en el pueblo que la ejerce por medio de elecciones libres, honestas y periódicas. Es el pueblo, mediante el voto secreto, quien elige a las personas que habrán de gobernarlo. Ninguna persona o conglomerado político en particular, sea este civil o armado, puede imponer caprichosamente su voluntad basado en alguna ideología o en los intereses creados. Razón tenía, entonces, el general Sandino, cuando decía que “Nicaragua no debe de ser patrimonio de determinado grupo o partido”.
Mas, para que esto sea una realidad y no solamente una aspiración teórica, es imperativamente necesario que las autoridades electorales sean imparciales, que no pertenezcan a ninguna de las organizaciones políticas que participan en la contienda electoral y que en su hoja de vida hayan demostrado su fidelidad a los principios que enaltecen la democracia como lo son: la justicia, el decoro y el amor por la libertad en beneficio de todos.
Desgraciadamente la historia de nuestra patria está plagada de individuos que, desnaturalizando la razón de ser del Ejército, se han montado sobre las bayonetas para sojuzgar al pueblo y atropellando la democracia en sus principios fundamentales han buscado mañosamente cómo perpetuarse en el poder. Para solo mencionar algunos, recordamos a José Santos Zelaya (1893-1910) y a la dinastía somocista (1934-1979). Algunos, por ignorancia o mala fe, dirán, que esto es historia pasada, pero la verdad es que no vamos a decir que el lobo viene cuando el lobo está ahí y se ha posesionado arteramente de nuestra propia casa, que es Nicaragua, o sea la casa de todos.
Para los menos avisados, me estoy refiriendo al señor Daniel Ortega Saavedra. Este señor desde que asumió el poder o parte del poder en 1979 o sea hace 37 años, ha cometido grandes desafueros en contra del pueblo nicaragüense y todavía tiene el descaro de querer seguir representando a nuestro país en el concierto internacional. ¡Habrase visto! Valiéndose del Ejército, al igual que los nefastos dictadores de antaño y de un partido de zombis que hace tiempo perdieron la facultad de razonar, quita y pone a su gusto y antojo, magistrados, jueces, diputados, firma contratos onerosos en detrimento de la soberanía nacional y en una danza macabra digna de mejor escenario, no solo viola la Constitución que nos hemos dado, sino que se ríe burlándose mefistofélicamente de los empresarios, de la Conferencia Episcopal y de otras iglesias cristianas, de la sociedad civil y de todos aquellos que con voz trémula han optado por demandarle lo que en derecho nos corresponde: verdaderas elecciones libres en Nicaragua en el 2016.
Para los que dudaban de las verdaderas intenciones del señor Ortega en relación con las susodichas elecciones, con el nombramiento de las dos magistradas de su propio partido al Consejo Supremo Electoral (CSE), más los que ya tenía, que son todos, viene a demostrar de manera contundente que está dispuesto a seguir gobernando dictatorialmente nuestro país y que una vez más se prepara para realizar otro monstruoso fraude en franca violación de nuestra Constitución y de nuestra tradición republicana.
Hoy más que nunca la unidad de los auténticos demócratas nicaragüenses es un imperativo indispensable, porque se trata de salvar el futuro de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos. Los que luchamos por este ideal patriótico, estamos seguros que vamos a recibir la solidaridad internacional como la están recibiendo hoy los hermanos venezolanos. No podemos ni debemos tolerar un fraude más es suelo nicaragüense, porque como decía el gran escritor alemán, Thomas Mann (1875-1955): “La tolerancia es un crimen cuando lo que se tolera es la maldad”. Y no hay mayor maldad contra un pueblo cuando lo que se le roba es el derecho inalienable a elegir su propio destino.
El autor es periodista y secretario general de la Asociación de Nicaragüenses en el extranjero (ANE).