A raíz del ataque perpetrado por un grupo de armados en Santa Rosa Número Uno, San José de Bocay, Jinotega, a una patrulla, nuevamente se ha alterado la calma de varias comunidades rurales de ese sector. Ahora temen represalias de la Policía y el Ejército.
Los habitantes de las comarcas aledañas a Santa Rosa Número Uno continúan sus labores en aparente normalidad, pero según dicen los lugareños, la realidad es otra. Por un lado acciones de grupos armados en la zona y por otra reacciones de la Policía y del Ejército, que presionan a campesinos y productores para que “colaboren”.
La quema de un puesto policial el 25 de febrero pasado, en la comunidad Las Golondrinas, por parte de gente armada, ha complicado las cosas para los habitantes del lugar.
Este hecho ocurrió un día después del ataque a la patrulla, en el que murió el uniformado Gabriel Antonio Martínez y otros tres resultaron heridos, sobre el cual no hubo información oficial.
El 25 de febrero, a primeras horas del día, aparentemente el mismo grupo que perpetró el ataque el 24 de febrero, que le costó la vida al policía Martínez, quemó la unidad policial en Las Golondrinas. El hecho no dejó resultados trágicos, pues a esa hora no estaba ninguno de los dos agentes asignados en ese lugar.
21 DÍAS DESPUÉS
Del puente conocido como El Tigre, Las Golondrinas se encuentra a unos 11 kilómetros hacia el norte, pero el camino de acceso está pésimo. Pese a que ya han pasado 21 días del hecho delictivo, todo está como lo dejaron los armados que incursionaron en el local.
Los vecinos comentan que ese mismo día por la tarde llegó un equipo de la Guardia Operativa de la Policía, que realizó las pesquisas en el sitio, tomó fotografías de los hechos, pero no hablaron con nadie de la comarca. Al día siguiente llegaron otros oficiales, reunieron a la comunidad y le pidieron apoyo para restablecer el puesto policial.
“La gente la verdad es que no quiere (colaborar), porque ellos tienen miedo, si ellos se ponen a reconstruir esa casa policial tienen miedo de que los que andan armados en el monte los vengan a matar”, manifiesta Dimas Centeno, un líder de Las Golondrinas.
Centeno señala que en esa ocasión el grupo, integrado por unas treinta personas, habló con algunos comunitarios, pues la mayoría aún dormía cuando ingresaron. En algunas casas pidieron comida, pero nadie les dio porque apenas estaba amaneciendo.
ARMADOS DICEN ESTAR CONTRA EL GOBIERNO
Ante los lugareños los desconocidos se identificaron como “gente que anda en contra del Gobierno, o sea, ellos se identifican como comandos de la libertad”, refirió Centeno.
El mismo Centeno dijo que ese día él caminó cerca de unos mil metros a la par de los hombres, pero ellos no hablaron, tampoco él les habló. No obstante él pudo observar que eran cerca de treinta personas, “no andan tan mal”.
Centeno apreció que muchos de los desconocidos vestían de pantalón tipo overol y aclara que la vestimenta que llevaban “no es de paca. Esa ropa es un pinto específicamente para militares. Andan ropa nueva y también andan bien calzados ¿que de dónde la agarran? No sabemos”.
ANDAN ARMAS NUEVAS
Centeno también explica que los desconocidos portaban armas “nuevas”, como fusiles AK, “unos fusiles que nosotros antes les llamábamos Etres, HK21, y andan escopetas automáticas”. “Yo le digo porque fui militar, conozco de armas”, aclara Centeno de inmediato.
Pasados los días de la quema del puesto policial, relata Centeno que la Policía ha estado indagando con los pobladores sobre el tipo de armas que portan los miembros de ese grupo, el tipo de ropa, calzado y qué fue lo que se llevaron de las casas.
Situaciones como estas aumentan el temor de campesinos y productores de la zona. Sobre todo porque muchos de los oficiales entran al campo vestidos de civil e incluso haciéndose pasar como rearmados.
En la zona están dedicados a la crianza de ganado o al cultivo de café y cacao. Algunos de los dueños de fincas del sector han sido señalados por las autoridades de ser colaboradores de los grupos que se desplazan por esas montañas, por lo que muchos de ellos temen mayores represalias de las autoridades.
UN AMPLIO CORREDOR
Según los lugareños, los irregulares supuestamente tienen un corredor en ese sector, pues se mueven por comunidades de San José de Bocay desde Santa Rosa Número Uno, Santa Rosa de Tapaskum, Aguas Calientes, La Golondrina y Ayapal hasta Siuna.
LA PRENSA intentó conocer la versión de la Policía Nacional en la delegación de San José de Bocay, sobre la situación que impera después del ataque a la patrulla, pero ahí dijeron que alrededor de ese tema solo podían referirse las autoridades a cargo de la delegación en Jinotega.
Durante dos días consecutivos el equipo de LA PRENSA intentó conocer la versión oficial en Jinotega, pero la respuesta fue que no estaba el jefe de la delegación ni la vocera policial.
En Managua las oficinas de Relaciones Públicas de la Policía y del Ejército de Nicaragua no respondieron a las consultas.
ATAQUE DURÓ 15 MINUTOS
Ramiro Sobalvarro Villagra, de 50 años, habita en la zona de Santa Rosa Número Uno y recuerda que a eso de las 9:30 p.m. del 24 de febrero pasado él ya estaba acostado cuando escuchó los disparos por cerca de 15 minutos.
Sobalvarro tiene ocho años de habitar en la zona. “Nosotros nos hemos cuidado todo el tiempo como hermanos, hasta que pasó esa situación (el ataque)”. El campesino reconoce que no vio nada. No obstante alega: “Ellos (las autoridades) dicen que son ladrones…”
TEMEN A AGENTES
A Sobalvarro le preocupa que después de ese hecho, que le costó la vida a un policía y resultaron otros tres heridos, haya represalias de parte de la Policía y los califique de colaboradores, pero alega en su defensa de que cómo van a colaborar con los sospechosos si “con costo ajustamos para nuestros hijos”.
“Ideay, después que pasa eso vienen (los policías) pegando con nosotros que somos los campesinos (…) ay (ahí) caminan investigándonos, ¿qué culpa tiene uno?”, expresa Sobalvarro.
Y agrega: “Ahora la Policía y el Ejército dicen que somos sabedores, cuando ellos ponen la orden que ya de las 6:30 (de la tarde) en adelante nadie es seguro en un camino”.
FINQUEROS DICEN ESTAR EN LA MIRA DE LA POLICÍA
Adelante de Santa Rosa Número Uno, del casco urbano de San José de Bocay, hacia el occidente, está la finca El Progreso, en San Antonio de Kirinowás, donde su propietario, José Orlando Córdova Chavarría, se presenta como “líder de la comunidad por parte de la derecha”. En su finca Córdova produce unos mil quintales de café, al tiempo que le compra granos a pequeños productores a quienes asegura también les apoya porque estos no tienen acceso a préstamos.
Córdova asegura que él junto con otros dos finqueros están ante la Policía “en nota roja”, porque los tilda de colaborar supuestamente con los grupos armados.
Córdova alega que el señalamiento que le hacen fue motivado desde un hecho ocurrido hace dos años, cuando pasó “uno que le dicen ‘El Flaco’”, quien les pidió comida cruda, que aunque se la fue a comer al camino, “las consecuencias quedaron, de que soy siempre colaborador de esa gente armada”.
Hace 8 o 10 días —Córdova no precisa la fecha—, él fue entrevistado por la Policía, pero dice que él instó a los uniformados a que revisaran en sus cafetales y confirmaran si en verdad escondía a los armados y pese a que la situación no prosperó, “psicológicamente nos pone mal”.
En enero pasado Córdova había recibido dos visitas de las tropas especiales rurales de la Policía, pero él no se encontraba. “Si me han hallado, me traen amarrado”, dijo.
DIFÍCIL POSICIÓN PARA LUGAREÑOS
“He visto grupos grandes y pequeños”, dice José María Rodríguez, habitante de San Miguel de Kirinowás, quien expone la difícil posición en que están ellos en el campo, pues si los armados llegan y les piden comida no se la pueden negar.
José Martín Gutiérrez, vecino de Rodríguez, coincide con este en cuanto a que en el campo ellos están en una posición complicada. Gutiérrez dice que en el sector conocen de otros tiroteos que se han registrado, lo que les preocupa.
A dos horas de distancia de donde habita Gutiérrez, el pasado 25 de febrero hubo un enfrentamiento en el cerro de La Gloria, San Sebastián de Yalí, Jinotega, en el que murió José Antonio Rivera Martínez, alias “El Chaparro” o “Toño Ñato”, informó la Policía.
En esa ocasión la Policía informó que el fallecido tenía antecedentes delictivos de asalto y abigeato. Pero Gutiérrez disiente de la versión oficial. “No es cierto, eso bien lo sabe todo mundo, ellos (las autoridades) están bien seguros de que no es cierto… no le andan haciendo daño a nadie (los armados)”, sostuvo Gutiérrez, quien rechaza también que estos se dediquen a traficar droga, pues en el sector los lugareños reconocen que quienes delinquen “pasan de civil y con su saquito al hombro”.
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