En un artículo de opinión, del pasado 9 de marzo, titulado Su santidad eléctrica, César Zamora comete el error de suscitar un debate sobre la violación de aspectos torales de la industria eléctrica, que se convierten en una amenaza para la economía del país.
Escribe Zamora: “Bárcenas cuestiona el derecho fundamental de asociarnos como Cámara de Energía de Nicaragua para defender intereses comunes como un mecanismo democrático”.
El foro para defender los intereses de los generadores eléctricos, en el marco de la LIE y de su reglamento, o de la Normativa de Operación, es el Consejo de Operación. Acercarse subrepticiamente al oído del poder, no es un mecanismo democrático.
Continúa Zamora: “De igual forma trata de negarnos a la Cámara de Energía de Nicaragua el derecho de influir en las decisiones de políticas públicas que emanan del Estado de Nicaragua concernientes al sector eléctrico, y de contribuir a perfeccionar dichas políticas”.
El derecho —como su nombre lo indica—, y el deber de contribuir —como generadores de energía— al perfeccionamiento de las políticas públicas, debe estar consignado en la estructura jurídica del país. De lo contrario, llegaríamos a un privilegio corrupto, no a un derecho.
Al abordar aspectos técnicos, afirma Zamora: “Todo sistema eléctrico requiere ciertos parámetros y/o mecanismos para garantizar los Criterios de Calidad, Seguridad y Desempeño Mínimo del Sistema (CCSDM)”.
De ello se trata. De garantizar los CCSDM como condición indispensable para conectarse eléctricamente al Sistema Interconectado Nacional. Estas son las reglas técnicas del juego, a las cuales se supedita cualquier contrato.
Sostiene Zamora: “La tecnología eólica no tiene la capacidad de participar en la Regulación de Frecuencia bajo Control Automático de Generación (AGC). El incremento de potencia en las turbinas dependerá fundamentalmente de si hay viento o no hay, y no de un comando que le envíe el AGC”.
El incremento o la disminución de la potencia en el conjunto de las turbinas dependerá, no solo de si hay viento o no lo hay, sino, de varios proveimientos técnicos, entre ellos, el de variar el ángulo de inclinación de las palas (sin variar la velocidad de rotación de operación óptima), o el de incrementar la velocidad de rotación de la turbina (véase el proyecto twenties), con un control de AGC con prioridad; o en aplicaciones tecnológicas de acumulación energética (electroquímico, mecánico y eléctrico) para flexibilizar el sistema eléctrico. El tema es que la operación segura del sistema determine cuánta generación eólica puede conectarse al SIN.
Luego, Zamora responde: “¿Por qué el MEM propició la instalación de un ‘porcentaje tan alto’ de generación no-despachable? La respuesta es sencilla. Por una política de Gobierno y Estado de estimular la producción de energía con fuentes renovables. Bárcenas descalifica los esfuerzos hechos por la empresa privada y el Gobierno para impulsar el cambio de matriz de generación”.
Estimular la producción de energía con fuentes renovables no implica hacerlo a ciegas, sin que importen los criterios técnicos y económicos. Una estrategia de planificación de la expansión de la generación debe responder, precisamente, a tales criterios técnicos y económicos. Tampoco, la generación intermitente (eólica y solar) abarca la totalidad de generación renovable, capaz de entregar capacidad firme, como la geotérmica, la biomasa, la hidroeléctrica con embalse. Y todas ellas, pueden ser de carácter privado, no radica el problema en la propiedad de las plantas.
Dice Zamora: “En conclusión, los estudios de interconexión eléctrica determinaron que estos proyectos eólicos no amenazan los CCSDM, por lo que se permitió su conexión”.
De lo que se trata es de determinar si estos proyectos eólicos garantizan los CCSM, o si son los causantes, entre otras cosas, de los sobrecostos por la generación forzada de plantas térmicas obsoletas, que se despachan para que aporten a la estabilidad del sistema, comprometida por la falta de respuesta de los eólicos. ¿El sistema ha operado en los últimos siete años bajo condiciones de estabilidad?
El problema —dice Zamora— es que, durante las horas de la madrugada del verano, se pudiera requerir que alguna planta eólica deje de suministrar energía al sistema, para permitir entrar a otras plantas que provean capacidad de regulación.
Zamora, como aquellos defensores inexpertos, que en su alegato terminan por confesar la culpa de su defendido, confiesa, sin percatarse, que hay un exceso de generación eólica intermitente (de madrugada, en verano). ¿Se comprende, entonces, que para una responsable estrategia de expansión del parque generador no basta que tales generadores intermitentes sean renovables?
Para Zamora: Lo que está en juego aquí es ¿quién de los eólicos debe pagar los costos de esa reducción de generación? Pero eso es muy diferente a una supuesta amenaza a los CCSDM.
Zamora no comprende que la razón que llevaría a reducir la generación eólica es, precisamente, garantizar los CCSDM.
Y concluye Zamora: Su “plegaria” sobre el despacho óptimo en base al mínimo costo, no aplica para la generación eólica. El último eólico en instalarse, sería el primero en ser reducido
El mínimo costo es un principio general fundamental, de operación del sistema, de carácter estratégico para todo país que pretenda ser competitivo. No es una plegaria. Sin este objetivo, la industria eléctrica se convierte en una merienda de generadores inescrupulosos, que dañan la economía del país.
La antigüedad de instalación no es un criterio aceptable para el despacho, porque se basa en privilegios no competitivos, y hace prevalecer el atraso sobre lo tecnológicamente más avanzado, en contra de la productividad.
El juicio de Zamora es un criterio Non Sancto. Lo lógico, para la nación sería que se reduzca la generación de la planta eólica más cara para la tarifa (así habría una señal correcta hacia la eficiencia económica).
El autor es ingeniero eléctrico
