Una jueza federal de Río de Janeiro se convirtió en el segundo magistrado brasileño en suspender de forma cautelar el nombramiento del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva como ministro de la Presidencia del gabinete de su sucesora, Dilma Rousseff.
La jueza Regina Coele Formisano, titular del sexto juzgado federal de Río de Janeiro, aceptó una demanda presentada por un abogado para anular el nombramiento por considerar procedente el argumento de que el mismo tan sólo busca proteger al exmandatario con fuero privilegiado, según su sentencia.
El nombramiento ya había sido suspendido por el magistrado Itagiba Catta Preta Neto, del Tribunal Federal de Brasilia, cuya decisión dejó sin efecto el acto por el que Rousseff juramentó este mismo jueves a su padrino político.
Ambas decisiones son provisionales y dependen de que los tribunales regionales federales de Río de Janeiro y de Brasilia se pronuncien en forma definitiva sobre las denuncias.
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Según la jueza Coele Formisano, al nombrar como titular del influyente Ministerio de la Presidencia a una persona que está bajo investigación por diversos crímenes, la jefe de Estado “tan sólo tiene por objetivo concederle fuero privilegiado, por lo que incurre en desvío de finalidad e ilegalidad de objetivo”.
La magistrada agrega que la mandataria terminó “blindando al referido ciudadano”, pues los procesos en su contra pasaron de un juez de la ciudad de Curitiba al Tribunal Supremo, corte en la que “siete de sus once ministros fueron nombrados por el partido actualmente en el Gobierno”.
De las decenas de demandas contra el nombramiento de Lula presentadas por los partidos de oposición y por diferentes abogados ante la Justicia, al menos diez fueron recibidas hoy por el Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima corte.
El titular de la Abogacía General de la Unión (AGU), José Eduardo Cardozo, reconoció que, ante las decisiones judiciales que anulan el nombramiento de Lula, el expresidente mantiene el estatus de ministro pero que no puede ejercer las funciones del cargo.
Cardozo agregó que el Gobierno ya presentó un recurso en una instancia superior para anular la decisión del juez de Brasilia y que hará lo mismo en todos los casos semejantes.
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El abogado del Estado no explicó si tras la decisión judicial que pidió la suspensión de su cargo, Lula continúa aforado o no, aunque recalcó que esa cuestión no es la “prioridad del Gobierno”.
Las causas contra Lula por delitos como lavado de dinero y falsificación, que estaban en manos del juez Sergio Moro, titular del decimotercer juzgado federal de la ciudad de Curitiba, fueron transferidos al Supremo Tribunal Federal debido a que el nombramiento como ministro le concede fuero privilegiado al exjefe de Estado.
Pese a que el Gobierno alega que el cambio de instancia no suspende las investigaciones, diferentes juristas admiten que los trámites en la corte suprema son más lentos y pueden alargar significativamente el proceso.
La decisión de Rousseff de nombrar a Lula como ministro supuestamente para librarlo de la Justicia ha generado protestas en todo Brasil y causó divisiones entre los partidos que apoyan al Gobierno.