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Le quitan hijo por denuncia de CPC

María Elena Rizo, mamá de Jennifer, explicó que ella quiso entrar y abrazar a su nieto, pero las autoridades no se lo permitieron.

El Ministerio de la Familia llamó a reunión a la joven madre Jennifer Tatiana Zeledón a Managua para informarle de las razones por las que había sido alejada de su hijo desde hace unos 6 meses y además, le permitieron ver al bebé.

María Elena Rizo, mamá de Jennifer, explicó que ella quiso entrar y abrazar a su nieto, pero las autoridades no se lo permitieron.

De acuerdo a la madre del niño, las autoridades de Mifamilia se basaron en el supuesto testimonio de la coordinadora de los CPC del barrio Monte Sinaí, identificada como Marlene González, quien habría señalado que la familia de Jennifer presenta problemas por consumo de drogas.

La activista del FSLN —según la madre del niño tomado por el Ministerio de la Famila— le achacó antecedentes delictivos al
cónyuge de la abuela del niño y violencia intrafamiliar.

Rizo sin embargo mostró constancias policiales de la buena conducta de sus hijos y de su cónyuge, con quien dijo estar conviviendo desde hace 16 años y negó cualquier situación delictiva que presuntamente Mifamilia no investigó.

COORDINADORA DE CPC NO BRINDÓ ENTREVISTA

LA PRENSA intentó hablar con la coordinadora de los CPC del barrio Monte Sinaí, Marlene González, pero ella prefirió no brindar entrevista y se limitó a decir que “otros vecinos” son los que dieron testimonio de la situación de esa familia.

Rizo explicó que en Managua, Jennifer y ella, como abuela del niño Jocksan Gabriel Zeledón, quien ahora tiene 7 meses de edad, firmaron un documento en el que se comprometen a pasar un proceso de terapia y cursos de convivencia familiar y comunitario, además de documentar la identidad del menor junto a su padre biológico.

También deben proponer a un familiar para evaluar su idoneidad y tenerlo en cuenta si ellas faltan a sus compromisos.

La joven madre habita en un barrio pobre de Estelí junto a su madre y otros hermanos mayores de edad, quienes están también con sus parejas; una de ellas recientemente tuvo una niña que ahora tiene 3 meses.

Afirman que a pesar de ser pobres, nadie se dedica a la vagancia y los niños de la casa estudian, dijo la señora Rizo, quien también mostró los certificados extendidos por la delegación de Mifamilia en Estelí por su participación en cursos de convivencia familiar y comunitaria en meses anteriores.

AUDIENCIA EN JINOTEPE

Por otra parte, en Jinotepe se realizará este jueves la audiencia de vista en el Juzgado de la Familia de ese municipio del departamento de Carazo, donde Mifamilia interpuso una demanda para declarar a la niña Freydell Monserrat Castillo Cruz, de 16 meses de edad, en abandono.

El abuelo paterno de Freydell, el también abogado Marlon Castillo, dijo tener confianza en que finalmente las autoridades tendrán que apegarse a lo que está establecido en la ley, que manda a restituir a los niños a sus familias.

Castillo, exfuncionario de la Empresa Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Enacal), fue despedido por exigir justicia en el caso.

Castillo, quien reconoce que en una ocasión la niña Freydell fue dejada bajo el cuido de una vecina mientras la abuela materna atendía a una de sus hijas por un parto difícil, manifestó que

Mifamilia actuó fuera de todo procedimiento, usando identidades falsas, acudiendo a una jurisdicción alejada de la familia campesina de donde sustrajeron a la niña para ventilar el caso y sin notificarle a la familia o usando nombres cambiados para declarar a la niña en abandono y darla en adopción a extranjeros.

MIFAMILIA CALLA

En cuanto a caso de adopción de la niña Freydell Monserrat Castillo Cruz, éste debe ser aclarada por las autoridades, dijo el abuelo paterno de la menor, Marlon Castillo, quien perdió su cargo como asesor legal de Enacal por insistir en la restitución del derecho de su nieta a estar con su familia.

Desde que empezaron a salir a luz las denuncias de irregularidades en esa institución pública, la ministra de la Familia, Marcia Ramírez, no ha aclarado públicamente los graves señalamientos en contra de funcionarios de ese ministerio.

El abogado de la familia afectada, activistas de derechos humanos y familiares de la niña ven faltas penales en el caso.

Lea también: Más denuncias de adopción irregular en Nicaragua

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